Las últimas horas fueron una vorágine en Argentina. El Congreso Nacional aprobó por mayoría la refinanciación de la multimillonaria deuda contraída por el gobierno del derechista Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), herencia dejada a la actual y a las futuras generaciones de la llamada nación porteña.
El monto de la deuda es una montaña de dinero ascendente a 44 000 millones de dólares (eran más de 50 000 millones) que expertos consideran impagable, pero que el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, trataron como una cuestión de dignidad y, según sus criterios, la única manera de alcanzar nuevas inversiones. Esto, por supuesto, no llevará comida a la mesa de los 28 millones de pobres existentes en ese país, antes uno de los más ricos de América Latina.
A pesar de la expectativa popular expresada en las calles, en los movimientos sindicales y sociales, y en diferentes polos del oficialista Frente de Todos (FdT) (13 de sus senadores votaron en contra), primero la Cámara de Diputados y luego el Senado dieron el visto bueno (en un estimado de un 80 %) en lo que ya es la ley de refinanciamiento del acuerdo del exmandatario con sus acreedores.
Guzmán, que por el cargo hace una defensa a ultranza del desembolso a los considerados usureros internacionales, explicó luego de celebrar la victoria que “sin un acuerdo era imposible pagar, y no hacerlo implicaba que no hubiese financiamiento en Argentina (…) caída de la producción, el empleo y efectos desestabilizadores sobre el tipo de cambio, ajuste. Nuestra responsabilidad era dar tranquilidad y certeza de rumbo”.
El ministro, según alegan expertos, puso su cabeza en peligro cuando afirmó: “Logramos un acuerdo radicalmente diferente de todos los que históricamente se tuvieron con el FMI. No hay quita de derechos ni a trabajadores ni jubilados. Se expande la inversión en infraestructura conocimiento. Logramos poner por delante los intereses de la economía real”.
Visto desde la lógica de Guzmán, el gobierno de Fernández obró un milagro con el refinanciamiento, cuyo monto —el mayor otorgado jamás a un país por el FMI— será liquidado a lo largo de los próximos cien años.
¿POR QUE HAY DESACUERDO EN EL FdT?
Son 56 los senadores que votaron a favor de la nueva ley, pero 13 del oficialista FdT lo hicieron en contra y tres se abstuvieron. Una señal de los distintos tonos políticos en la coalición gobernante y que traslucen las posibles contradicciones en cuanto a métodos entre el presidente y la vice, Cristina Fernández, líder en el Senado, quien se abstuvo de permanecer todo el tiempo en la sala.
Luego del conteo, esos legisladores explicaron a la opinión pública su negativa a aceptar los cambios en el acuerdo original firmado por el anterior mandatario, en cuya redacción intervino el FMI, y que ignoró los criterios, expresaron, de millones de compatriotas. En un documento transmitido en redes digitales, los senadores rebeldes indicaron: “Los números tienen que ‘cerrar con la gente adentro’ y, lamentablemente con este pacto, millones seguirán afuera y otros tantos más, quedarán excluidos”.
Expusieron: “Esta artificial encrucijada (…) se transformaría en la dolorosa derrota de la política, verdadera y vital herramienta que desde nuestras bancas, pero fundamentalmente como militantes, no estamos dispuestos a aceptar”.
A pesar de las decenas de explicaciones dadas por Fernández, Guzmán y otros especialistas del gobierno, para estos congresistas del FdT y otros sectores: “Son de difícil cumplimiento las metas fijadas en el entendimiento, las cuales no permitirán el crecimiento económico, condicionando al país y a las familias argentinas”, lo que estaría por ver en los próximos meses.
Argentina se comprometió a pagar el capital y los intereses del dinero entregado a Macri correspondientes a este mes y en 2026 comenzará a entregar el dinero por el préstamo, también considerado un atentado a la economía nacional.
CRÍTICAS SEVERAS
Las posibilidades —hoy realidad— de la ley de Acuerdo de Facilidades Extendidas sobre la deuda contraída por Macri a espaldas del pueblo, aconsejado por su homólogo Donald Trump, según dijo, para pagar la campaña de su reelección perdida y sacar capital al extranjero, fueron refutadas por distintos actores del FdT, entre ellos el movimiento La Cámpora.
En estos días en especial, la prensa argentina se hace eco de las presuntas disparidades de criterios entre el presidente y su vice, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (CFK 2007-2015), aunque expertos consideran que no dañarán la gobernabilidad del país, pues se trata de posicionamientos diferentes sobre distintos temas que afectan a la población, algo relativamente común en el peronismo.
En este entramado juega un papel fundamental La Cámpora, agrupación juvenil liderada por Máximo Kirchner, hijo de Cristina y Néstor Kirchner (2003-2007), considerado un presidente heroico que le plantó cara al FMI y no pagó la deuda que le endosó su antecesor Carlos Menem. Este movimiento, organizado en 2006 a sugerencias del ya fallecido mandatario, se posiciona como discurso fundacional, y presenta al kirchnerismo como una ruptura con un pasado desastroso para los argentinos.
Máximo Kirchner, líder de la bancada del FdT en la Cámara Baja, presentó su renuncia cuando comenzó la discusión del refinanciamiento, pero sin apartarse del gobierno de Fernández, quien fuera jefe de gabinete de su padre y hombre de su confianza.
Además, algunos miembros destacados de La Cámpora ocuparon diversos cargos durante los dos mandatos de CFK, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo. Sin embargo, aunque no se convertirá —al menos hasta ahora esos son los indicios— en enemigo del mandatario, sí sería uno de sus críticos extremos.
Otros censores de la gestión oficial apuntan a la fragmentación del manejo del área económica, a pesar de los negativos resultados —rectificados con rapidez— durante el mandato último de Cristina, pero utilizado como método por Macri, quien terminó con crisis, inflación por encima del 50 % y pérdida de la reelección.
Pese a conocer estos dos antecedentes recientes, Fernández dividió el manejo del área económica y no hay señales de rectificación. Por el contrario, la estrategia para enfrentar el actual contexto de aceleración inflacionaria carece de un liderazgo nítido en el manejo de la economía.
Las diferencias conceptuales y políticas que generaron la renegociación y posterior acuerdo último con el FMI, el modo de refinanciación de una deuda considerada una estafa impagable y las condiciones macroeconómicas son el último eslabón de una cadena de desencuentros en la coalición de gobierno.
Funcionarios cercanos a los dos líderes peronistas aseguran que no hay una conversación entre ellos desde el pasado 1.o de marzo, ni siquiera cuando el despacho de la vicepresidenta fue atacado este mes por desconocidos.
En este escenario hay interlocutores que van y vienen de una terminal del oficialismo a la otra para tratar de tender puentes y recomponer la situación. Una de esas personas opinó en diálogo con el prestigioso diario Página 12 que “…nada se va a solucionar hasta que no se sienten los dos y arreglen las cosas para poder mirar para adelante. Si no hacen eso, no tenemos futuro para 2023”.
LA CARA FEA DEL FMI
Mientras el oficialismo y el opositor Juntos Cambiemos de Macri festejan el triunfo en el Congreso Nacional, el FMI anunció la llegada de un grupo de sus expertos que cada trimestre supervisará la economía local y el monto de los pagos. Lo hace en circunstancias críticas, aun con la pandemia de la COVID-19 diezmando a la población y una alteración del funcionamiento de los mercados internacionales de alimentos y energía, dado el conflicto bélico ruso-ucraniano, con su negativo impacto en la mayoría de la población.
En opinión de especialistas, el gobierno nacional pretende enfrentar este escenario con un gabinete económico y no con un equipo económico, lo cual puede ser fatídico. Resulta muy complicada la misión de enfrentar el problema inmediato de una inflación navegando hacia escalones superiores a los registrados en 2021 sin una sola voz de mando.
En esta escalada de posiciones, el FMI tratará y aprobará el programa económico del nuevo acuerdo el próximo viernes 25, pero informó que Argentina tendrá de plazo hasta el 31 de este mes para cumplir con los pagos de capital e intereses vencidos el lunes y martes de esta semana. Se trata de compromisos correspondientes al Acuerdo Stand By del año 2018, suscripto por el régimen anterior con un monto de unos 2 800 millones de dólares, que serán absorbidos por el nuevo Acuerdo de Facilidades Extendidas.
La prórroga fue requerida por el ministro Guzmán y el representante en el organismo Sergio Chodos, tras la aprobación del acuerdo y dada la cercanía de las fechas originales.
Para políticos de distintas tendencias y expertos en la materia, la economía argentina necesita fuertemente crecer, pero la pregunta es cómo lograrlo. El actual centro del debate político es cómo mantener un programa de crecimiento que supere las recetas fallidas de programas de ajuste y recesión, lo cual para muchos es inimaginable, pues sería una repetición del ya fallido programa derechista y sus gravísimas consecuencias internas.
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