Haití : Promesas impagadas (+ Audio)

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien cumple ocho meses en el cargo, sigue sin cumplir su promesa de convocar a elecciones generales, lo que debió hacer tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, aún sin resolver, y con una crisis endémica en el país de unos 11 millones de habitantes.

Moïse murió en un atentado en julio del pasado año, en su residencia particular en Puerto Príncipe, la capital, sin que hasta ahora se conozcan los mandantes del magnicidio, aun cuando los ejecutores —mercenarios colombianos y funcionarios internos— están identificados.

Una cortina de desinformación cubre las presuntas investigaciones, los nombres van y vienen, hay dimisiones y persecuciones, pero en la concreta nada se sabe sobre qué o quiénes pusieron el puntillazo a la muy debilitada política haitiana bajo el mando del millonario agricultor que se negó a entregar el poder en el momento adecuado.

Dos días antes de su fallecimiento, Moïse había designado como primer ministro de su gobierno a Henry, un neurocirujano y político que tampoco quiso dar paso a un nuevo gabinete electo por el pueblo cuando debía, es decir, a principios de este año, con el pretexto de que no hay condiciones para la celebración de comicios, dada la inseguridad en que vive la población.

Para explicar su posición, refirió que ha conversado con distintos sectores de la vida nacional, pero que le negaron la confianza para constituir un consejo electoral provisional autónomo, pues ninguno está dispuesto a lanzarse a una campaña en medio de la violencia originada por bandas criminales.

Lo que sí ha dejado claro Henry es que no abandonará el poder hasta que se efectúen los comicios, haya un nuevo presidente y un Congreso Nacional con todos sus miembros.

EL PUEBLO ES EL QUE SUFRE

Haití, un pequeño país que comparte la caribeña isla La Española con República Dominicana, es en estos momentos, un polvorín social, puesto que el gobierno nada resuelve, y la inseguridad es intolerable ante el crecimiento de bandas paramilitares vinculadas al narcotráfico que aterrorizan a la población.

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Estos grupos, varios de ellos con amenazas de hacerse del control gubernamental e incluso uno de ellos atentó contra la vida de Henry en enero último, secuestran a la ciudadanía —local o extranjera— violan, roban, asesinan por puro placer. ¿Y la policía?, Bien, gracias. Solo afirman que carecen de personal y armas para enfrentar a más de 60 grupos que se mueven en distintos tipos de vehículos y poseen equipos bélicos diseñados para la guerra.

“Hay una falta de gobernanza en el país que hace explosiva la situación”, afirmó en una entrevista pública Wesner Désir, profesor y analista político, quien critico a las élites haitianas que son “antidemocráticas”, pero también a la comunidad internacional que hace “todo lo posible para obstaculizar la democratización de Haití”.

Como ocurrió con Moïse en vida, Henry cuenta con el apoyo de actores foráneos, pero cada día crecen los grupos políticos y de la sociedad civil que exigen urgentes cambios políticos y sociales, y en especial que el premier cumpla con el acuerdo adoptado en septiembre pasado de efectuar comicios generales en poco tiempo.

Esta semana, el primer ministro expresó su preocupación por la inseguridad reinante en la entrada sur de Puerto Príncipe —aislada de al menos cuatro departamentos del país debido a las bandas armadas— y los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que subieron los precios del combustible y los productos de primera necesidad en el mercado local.

En consecuencia, la mayoría de las mercancías no pueden llegar a los principales mercados públicos del área metropolitana, que están controlados por los grupos armados.

Las familias haitianas rurales viven de la agricultura, pero los últimos años ese renglón sufrió de manera especial ante varios huracanes que por su situación geográfica cada año azotan al país, así como terremotos de gran magnitud, como el último ocurrido en enero pasado.

Aunque muchos prefieren continuar en zonas apartadas donde la violencia hasta ahora es menor, en Puerto Príncipe sobreviven al menos dos millones de personas que buscan un sustento económico. Ningún haitiano de a pie gana más del equivalente a dos dólares diarios, y la mayoría carece de vivienda.

Incluso, hay personas que viven en las ya desvencijadas carpas repartidas en el 2010 luego del paso del mayor terremoto conocido en la isla, que dejó más de 200 000 muertos y un gravísimo deterioro habitacional.

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Resulta obvio que Haití precisa una reestructuración política y socio-económico imposible de aplicar en las circunstancias que ahora atraviesa la nación caribeña, con un 60 % de su población viviendo en pobreza absoluta. Con el criterio de la necesidad de cambios urgentes, la representante de Naciones Unidas (ONU) en Haití, Helen La Lime, sostuvo que solo con transformaciones estructurales se podría iniciar la lucha contra la impunidad y la corrupción, mientras se fortalece el sistema de justicia y se transforma la economía de manera sostenible.

Dicho así, lo hasta ahora imposible parece que podría cambiar en un futuro, pero qué o quiénes acometerán esa enorme responsabilidad no se observan por parte alguna. La ONU quemó sus naves en el país con el irresponsable quehacer de sus famosos Cascos Azules, que hasta introdujeron el cólera en la nación naturalmente diezmada.

Estados Unidos, el verdadero jefe del gobierno haitiano con el apoyo de las mafias internas, interviene, habla y se va; los políticos opositores locales no parecen tener fuerza suficiente para hacerlo y el oficialismo, al que se considera corrupto desde hace décadas, carece de interés en mejorar las condiciones de vida de la población.

EL PUEBLO SALE AL FRENTE

Acciones de violencia, incluidos secuestros, alcanzaron un nivel preocupante en los últimos meses, constatando un deterioro del clima de seguridad en el territorio nacional, una situación que se ha tornado endémica, pero a la que se enfrenta en las calles el pueblo haitiano. Solo en febrero pasado, 112 personas murieron baleadas o macheteadas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, indicó un informe de la Comisión Episcopal Nacional de Justicia y Paz (Ce-Jilap).

A pesar de las represalias de las bandas y las fuerzas policiales, de manera tradicional los haitianos salen a las calles a manifestar su desacuerdo con las políticas públicas en varias administraciones. Como no pueden abandonar sus empleos informales, los que los tienen, salen a las vías por un tiempo y luego regresan a soportar y tratar de sobrevivir en el hostil ambiente nacional.

Varias manifestaciones públicas están marcadas para el próximo día 29, cuando se conmemora el 35 aniversario de la Constitución de marzo de 1987.
Voceros sindicales y de partidos políticos anunciaron que denunciarán una vez más la visible inactividad de las autoridades para frenar el fenómeno de los secuestros, que está estresando la vida de la población.

En los últimos meses, varios hospitales y centros de salud mantuvieron huelgas parciales para protestar contra el aumento de los actos delictivos realizados en absoluta impunidad. Este paro se realizó poco después del rapto de dos médicos que trabajaban en sus consultas. Uno de ellos fue liberado, pero el otro aún permanece cautivo de un grupo.

Otro sector que está en paro es el de los transportistas, quienes ya no conducen por la zona sur del país, y amenazaron con extender su movilización si el Estado no los protege a ellos y, si fuera el caso, a sus pasajeros.

El secretario de la Asociación de Propietarios y Choferes de Haití, Mehu Changeux, anunció que la huelga ayuda a exigir al Estado acciones efectivas y deviene el único método con que cuentan los empleados para enfrentar sin armas a los delincuentes, que en los últimos días interceptaron y retuvieron cuatro autobuses con destino a Puerto Príncipe, e igual número en la localidad de Les Cayes, los que dejaron marchar tras robar a los viajeros.

EL MURO MALDITO

La emigración haitiana es casi continua. Las personas huyen como pueden de la pequeña nación en busca de la sobrevivencia. El lugar más cercano es la fronteriza República Dominicana, con un mayor nivel de desarrollo económico basado en el turismo, en lo fundamental.

Pero la huida por los pasos terrestres que unen los dos países se cerraron con el anuncio del presidente dominicano Luis Abinader del inicio de una verja con la que busca cerrarle el paso a sus vecinos bajo el alegato de seguridad nacional. La crisis haitiana, por tanto, se recrudecerá aún más.

“República Dominicana, dijo Abinader, no puede hacerse cargo de la crisis política y económica de ese país, ni resolver tampoco el resto de sus problemas”, e indicó que en su primera parte —que estará listo a fines de este año— el muro de hormigón costará unos 31 millones de dólares, tendrá una estructura metálica de 3,90 m de altura, 170 torres de vigilancia y 71 puertas de acceso. Serán 160 kilómetros de valla, de los 380 km limítrofes entre los dos países.

Para William Charpentier, coordinador de la independiente Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, esa muralla despierta “resentimiento, xenofobia y racismo”.

Una puerta menos de escape a la muerte para miles de haitianos que, de manera casi siempre infructuosa, tratan cada año de cambiar de vida en el vecino país de playas y palmeras.