La justicia social que Cuba defiende

A luchar por alcanzar toda la justicia del mundo nos enseñó José Martí, para quien no podía haber democracia y equidad sin justicia social. Un concepto que nos viene desde la ética patriótica del Padre Varela, pasando por José de la Luz y Caballero, quien veía la justicia como “ese sol del mundo moral”; y siguiendo por Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Maceo y Máximo Gómez hasta llegar en la época republicana a Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena y Antonio Guiteras.

En Fidel tenemos la cumbre de la defensa de ese principio de equidad social. No solo en su pensamiento teórico, por demás vasto y profundo, sino, y sobre todo, en su praxis revolucionaria, pues bajo su conducción y liderazgo, Cuba conquistó la justicia social e igualdad de derechos y oportunidades anhelados durante siglos.

Por eso, cuando cada 20 de febrero el mundo conmemora el Día de la Justicia Social, por acuerdo de la Organización de Naciones Unidas, adoptado en 2007 y comenzado a celebrarse dos años más tarde, no podemos dejar de proclamar que los cubanos la disfrutamos con la mayor plenitud posible desde hace más de 60 años, sin que todavía podamos sentirnos satisfechos, dado lo imposible de cerrar, en tan poco lapso, la brecha de más de cuatrocientos años de desigualdades.

En día tan significativo no puede olvidarse el justo reclamo del Comandante en Jefe en el propio seno de la ONU, cuando en 1979, acusó al mundo desarrollado por el injusto orden internacional imperante, marcado por la pobreza, la exclusión y la falta de voluntad política para transformarlo en beneficio de las grandes mayorías.

Cuestionó Fidel: “¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres, para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas, hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y a la dignidad humana”.

Lamentablemente, poco o nada ha cambiado desde entonces, y la disparidad entre ricos y pobres ha crecido exponencialmente hasta alcanzar cifras escalofriantes.

Cuba en su nueva carta magna —aprobada por referendo constitucional el 24 de febrero de 2019, hará ahora un año—, ratificó esa voluntad de equidad e igualdad social, y desde el propio Preámbulo reconoció como ley primera de la República “el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.

En tanto, el artículo 1 de la propia Constitución realzó explícitamente los principios éticos que nos distinguen: “Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”.

Para asegurar todo ello destina millones de pesos a la seguridad y asistencia social y garantiza la igualdad de todas las personas ante la ley, sin discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.

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Asimismo, asegura que todos los cubanos recibamos igual salario por igual trabajo. Un derecho que en el mundo de hoy es pisoteado en decenas de países y lo sufren millones de personas; mucho más acusado en el género femenino.

Nadie, ni siquiera los más enconados críticos de la Revolución, cuestionan el derecho a la enseñanza y la salud que de manera gratuita y sin distingos gozamos los nacidos en esta tierra. Tampoco pueden negar que Cuba es uno de los pocos países del mundo, y el único de Latinoamérica, que asegura la licencia de paternidad remunerada.

Hoy, el 60 % de los graduados universitarios son mujeres y cada vez más nuestras féminas acceden a cargos de dirección, aunque todavía queda trecho por avanzar al respecto. De ahí la importancia de actualizar nuestras leyes, como parte del cronograma legislativo, que incluye el Código de la Familia, y será llevado a nuestro Parlamento en marzo de 2021, y finalmente será sometido a referendo popular para su aprobación definitiva.

Si este 20 de febrero de 2020 el mundo proclama como tema central: “Cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social”, acá en esta pequeño archipiélago bloqueado, pero insumiso, podemos sentir el orgullo de que en ese largo e infinito camino hacia la equidad social hemos avanzado un buen trecho, aunque todavía nos falte otro igual de grande.