Violencia policial en Chile a días del plebiscito constitucional

A pocos días de la celebración del plebiscito por una nueva Constitución Nacional, exigida en las protestas del octubre del pasado año, la violencia de los carabineros chilenos busca crear un clima de terror para evitar el voto popular, en una maniobra condenada al fracaso.

El interés de que Chile deje atrás la Carta Magna impuesta por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) —vigente y respetada hasta ahora— es un freno para los intereses populares, que desean una nación reestructurada desde sus cimientos con nuevos presupuestos políticos, económicos y sociales.

Desde el primer mandato del actual presidente Sebastián Piñera (2010-2014), uno de los hombres más ricos del Chile y fiel aliado de Estados Unidos (EE.UU.) alumnos de varios niveles de enseñanza reclamaban un cambio en el sistema educacional que les permitiera acceso a una preparación gratuita y de calidad.

Junto a los estudiantes se alzaron en las calles profesores, sindicatos, con los mineros al frente, movimientos sociales y trabajadores de distintos sectores que mueven la economía y la sociedad en el rico país suramericano de 19 458 310 habitantes.

Su segunda gestión, que termina el año próximo, es diferente. Los ricos como él lo son más, y los pobres también. La subversión popular a su régimen es más organizada y compacta y sin participación de partidos políticos. Hay razones para que eso ocurra.

Para organismos como la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) la pandemia global de la COVID-19 dejó un rostro palpable en Chile, que había sido calificado por Piñera en 2019 como “un oasis” en comparación con sus vecinos de frontera.

La Cepal argumentó que la pobreza en el austral país ascenderá a dos dígitos este año debido en buena medida a los estragos económicos causados por la enfermedad. Estimaciones estiman que al menos 300 000 trabajadores fueron despedidos y otros 786 000 perdieron sus contratos. Una gran parte de los chilenos carecen de ahorros y el monto mensual de seguro por cesantía no alcanza para pagar el altísimo costo de la vida, además de las deudas familiares contraídas.

Ciertos bonos otorgados por el régimen para tratar de mitigar la contracción económica no resuelven la crisis. El llamado Ingreso Familiar de Emergencia entregaría un aproximado de 79 dólares por cada integrante del núcleo. Si este es de cuatro miembros, la regalía —aun no cobrada— es insuficiente para los gastos perentorios, lo que llevaría al incremento de la línea de extrema pobreza, explicó el Observatorio de Políticas Económicas de Chile.

A este devastador cuadro se unen otros dos elementos que sacuden a la sociedad chilena: la pandemia causada por el SARS-CoV-2 y la represión de los carabineros, esta última en evidencia una vez más el pasado viernes 2.

Autoridades sanitarias informaron el sábado 3 de octubre que la COVID-19 causó la muerte de 12 919 chilenos e infestó a 468 471 hasta ahora. La región más golpeada es la austral de Magallanes, donde ese día se registraban 267 nuevos contagios, para 1516 activos, solo superada por las de Bío Bío y Metropolitana.

Es en este contexto que se repite la violación de los derechos humanos de cientos de personas que de nuevo retornaron a las calles para garantizar la celebración del plebiscito al que se oponen las fuerzas de derecha, pues si se instala una Asamblea Constituyente están condenados a perder la mayoría de sus privilegios otorgados por una economía capitalista.

La consulta, que tendrá lugar un solo día, y no dos como pretendían partidos oficialistas, es uno de los resultados más relevantes del enorme movimiento de masas desencadenado el 18 de octubre del pasado año, donde el reclamo era una nueva carta magna y la Asamblea Constituyente soberana.

A la votación el día 25 están convocados poco más de 15 millones de chilenos.

De acuerdo con la agencia de noticias Prensa Latina “todas las encuestas dan por seguro el triunfo del Apruebo con alrededor del 80 % de los votos, y de la Convención Constituyente como mecanismo para redactar la carta magna”.

Para quienes desde la oposición reclamaban por la presunta inseguridad de la votación, el presidente del Consejo Directivo de Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, explicó que varios organismos “hemos trabajado en una mesa intersectorial donde el centro fue la seguridad sanitaria de todos los electores”.

La papeleta preguntará solo si aprueba o rechaza una nueva Constitución

Nacional, sin referencias a la instalación de una Asamblea Constituyente.

El presidente hasta ahora no expresó su criterio sobre la posibilidad de una nueva carta magna, pero dejó claro que “debe recoger nuestras tradiciones democráticas y republicanas, los profundos principios y valores de la sociedad chilena” y establecer los poderes del Estado que estén al servicio de las personas.

No obstante, el pasado 13 de septiembre generó una polémica al presentar una propuesta de diez puntos para redactar la nueva Constitución, o sea, que en buena lid también trata de dirigir un proceso contra los deseos mostrados por la población.

Este año Chile debía celebrar varias elecciones, que comenzarían en abril pasado con el plebiscito ese mes. En marzo, partidos políticos acordaron con el Servel un cambio de fecha en el calendario de elecciones.

Pasaron para el 29 de noviembre los comicios municipales y el 11 de abril de 2021 los de gobernadores de los 16 regiones en que se divide la nación, con una segunda vuelta donde sea necesario el 2 de mayo.

El 21 de noviembre del próximo año —si se mantiene el cronograma— habrá comicios presidenciales para el período 2022-2026, en conjunto con los de diputados, senadores y consejeros regionales; en caso de ocurrir una segunda vuelta tendrá lugar el 19 de diciembre.

CONTINÚA VIOLENCIA POLICIAL EXTREMA

Este fin de semana fue movido en el panorama político que rodea el plebiscito constitucional, debido a la violencia de la policía metropolitana y la solicitud de la renuncia del director de Carabineros, general Mario Rozas, luego de que un adolescente de 16 años fuera lanzado al río Mopocho, con baja afluencia de agua y lecho de piedras filosas, desde un puente, en la zona oeste capitalina.

Carabinero arroja a adolescente de 16 años al río Mopocho durante manifestaciones (Foto: La Izquierda Diario)

Las fuerzas de oposición chilena pidieron al unísono la salida de Rozas, quien trató de justificar la brutalidad del agresor diciendo que “había sido un accidente” debido a que el jovencito había perdido el equilibrio.

El ministro del Interior, Víctor Pérez, también trató de justificar el hecho cuando comentó que se trató de “un procedimiento policial en un momento de violencia, es lamentable que haya ocurrido. Estamos trabajando para que estos hechos no ocurran”.

Sin embargo, hay videos que confirman como un carabinero agarró al muchacho y lo lanzó con fuerza al lecho del río, mientras participaba en una manifestación en la Plaza de la Dignidad. Los rescatistas que bajaron a socorrerlo dijeron que se golpeó “fuertemente la cabeza” contra las piedras y su estado es grave.

Entre los políticos que protestaron por el salvajismo policial está el presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien señaló que el alto mando de Carabineros no tiene capacidad, ni autoridad para iniciar un proceso de reestructuración en esa institución, tal como anunció uno de los mandos, pidieron justicia la senadora socialista Isabel Allende; el senador y ex candidato presidencial Alejandro Guillier; el alcalde del Partido Comunista Daniel Jadue y el diputado de Convergencia Social Gabriel Boric.

También se pronunciaron el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y el diputado comunista Hugo Gutiérrez.

Conocida es la historia de criminalidad de Carabineros, tanto durante la dictadura como en el estallido social iniciado en octubre de 2019 y solo interrumpido en los momentos de mayor incidencia de la COVID-19.

En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el Ministerio Público informó que hay 8 575 víctimas de violación de los derechos humanos por parte del cuerpo policial. Hay 919 imputados y 63 agentes formalizados con medidas cautelares. Además, hay cargos contra 170 funcionarios de ese cuerpo y 16 fueron dados de baja.

Esta acción violenta de los carabineros, según coinciden analistas, es una maniobra terrorista de la derecha ante la cercanía del acto comicial. Grupos conservadores acrecientan su ofensiva incluso desde el mismo gobierno que los permite, para intentar que fracase la voluntad ciudadana de un nuevo ordenamiento constitucional que elimine la desigualdad, el abuso de los cuerpos represivos, y la explotación social.

Como método, existe la propaganda en las redes sociales del posible caos que se apoderará de Chile si hay un cambio estructural, en una guerra psicológica que era utilizada por Pinochet y sus secuaces.

La prédica del terror es puesta en práctica por los organismos militares que responden a Piñera, como ocurrió ahora con el adolescente casi asesinado por la caída forzosa al río, lo cual indica la falta de ética y moralidad de la derecha.

Las declaraciones de autoridades que defienden a los carabineros exaltan también las funciones de ese cuerpo cuando protegen las manifestaciones de grupos derechistas y fascistas, como los grupos neo-nazis reconocidos en Chile.

Piñera protege la violencia represiva y alentada desde su gobierno. La prolongación del estado de emergencia ordenada por el mandatario es una excusa para mantener bajo amenaza a la población movilizada, que piensa reeditar el inicio de las manifestaciones del pasado año.

Mientras, la oposición al régimen le está sirviendo en bandeja de plata las próximas elecciones a los conservadores, al no presentar una lista para llevar un único candidato a las presidenciales. Desunión política, un viejo mal que carcome al eventual progresismo en una nación que, salvo el Partido Comunista, puso distancia en el estallido popular de hace un año. La misma que permitió, desde la barrera, que se derrumbaran los sueños liberadores del presidente socialista Salvador Allende en 1973.