¿Por dónde anda la Constitución chilena? (+Audio)

Aunque en Chile hay muchos asuntos de distinta índole aun por resolver, el gobierno de Gabriel Boric tiene ahora puesta su máxima atención en la preparación de la nueva Constitución Nacional, luego de que una primera versión y con otros redactores, fuera rechazada en referendo nacional.

Los chilenos, que entre otras características se distinguen por sus desacuerdos hasta en temas comunes, coinciden de manera casi unánime en que poseer una nueva Carta Magna sin intromisión de los alegatos ideológicos de la dictadura de Augusto Pinochet, es fundamental para la nación andina,

Así lo demostraron durante meses las protestas populares del 2019 en que millares de personas salían cada día a exigir la renuncia del expresidente derechista Sebastián Piñera, un abanderado del neoliberalismo en tanto uno de los siete hombres más ricos de Chile, y la redacción de una diferente Ley de leyes.

A regañadientes, debido a la presión popular, Piñera fomentó un acuerdo partidista para que fuera el pueblo quien propusiera y votara libremente por los 150 miembros de la Constituyente, quienes no representaban a agrupaciones políticas. Se hizo la elección, se nombraron los redactores, se trabajó para cumplir un organigrama, y al cabo de un año salieron a la luz una serie de errores de conceptos políticos, o de índole personal, cometidos por algún miembro de aquel conglomerado sin preparación previa ni experiencia en las lides de las leyes.

Para aprobar el texto redactado, Piñera había convocado a un referendo, celebrado poco después de que asumiera el joven mandatario Boric, con experiencia en las luchas estudiantiles del 2011 durante el primer mandato del hombre de negocios, pero no en un gobierno con las premisas del chileno. La derecha aprovechó el momento y atribuyó el fracaso al nuevo dignatario.

Es verdad que el pueblo no aceptó el borrador presentado por la Convención Constituyente, pero ello no significaba que estuviera en contra del cambio de la Carta Magna redactada por asesores de Pinochet. La exigencia era la misma y  lo que ocurriera a partir de ese momento recaería en la administración de Boric, que prometió hacerlo todo diferente.

Hasta ahora, sin embargo, cinco meses después del fallido resultado, lo que se observa es un gran aparato burocrático que ya echó a andar y que nadie se atreve a predecir si hará la Constitución que el pueblo quiere, o la que le conviene a la democracia representativa de ese país.

COMITÉ CONTRA RELOJ

El Comité de Expertos, integrado por personas de diferentes punto de vista y con concepciones políticas, quedó instalado el pasado 6 de marzo ante los jefes de las dos Cámaras del Congreso, con el compromiso de entregar un borrador al Consejo Constitucional, el cual será electo por voto popular y obligatorio el 7 de mayo próximo para entrar en funciones un mes después.

Este órgano y el Comité Técnico de Admisibilidad, integrado por 14 abogados de distintas tendencias políticas, y también ahora en funciones, son el resultado del llamado Acuerdo por Chile, suscrito en diciembre pasado por la mayoría de los partidos con representación legislativa, lo cual puede resultar un contratiempo, si se consideran los intereses políticos diferentes que se mueven en ese entorno.
 

Llama la atención que en la formación de esas dos corporaciones primó una lógica política, en la que cada partido cuidó sus intereses mediante una persona calificada de “experto”, sin que lo fuera en la materia.
 

En el Comité de Expertos hay funcionarios de gobiernos anteriores –como Teodoro Rivera, titular de Justicia durante el primer mandato de Piñera y canciller en el segundo-, Gabriel Osorio, asesor del ministerio del Interior con Michelle Bachelet, y Carlos Frontaura, del radical de derecha Republicanos, que no firmó el Acuerdo pero fue incluido entre los redactores.

Analistas consideran que lo que mal empieza termina peor. El anterior equipo de redacción fue desde un principio duramente criticado por su inexperiencia y crucificado incluso por el pueblo cuando los resultados no fueron satisfactorios, o como mínimo, no coincidían con los intereses de una mayoría de los partidos. Ahora se teme que cada organización política busque proteger los intereses de sus miembros. ¿Cómo será la actuación entonces de la derecha y cuánto tratará de imponer en este primer borrador?

A favor de la propuesta final está que el Consejo Constitucional debe representar la voluntad del pueblo, y aunque los expertos del Comité se incorporarán a las tareas tendrán voz pero no voto cuando haya que adoptar decisiones.  
 

¿CÓMO SERÁN LAS ELECCIONES DE MAYO?

El ambiente en torno a la elección de los 50 integrantes del Consejo Constitucional no despierta en la ciudadanía el interés del primer equipo, cuando aún Piñera gobernaba hostigado por un pueblo que le exigía entregara el mando de La Moneda.

La primera reunión de los constituyentes resultó entonces una fiesta para la ciudadanía que veía acercarse la posibilidad de cambio estructural de la sociedad mediante la Ley de Leyes. Ahora no es así.
 

Son 352 los aspirantes a los 50 escaños que tendrá el Consejo, el cual dará  forma definitiva al borrador que ahora entregará el Comité de Expertos, para que luego que sea analizada por el pueblo –si se hace correctamente, no como en el 2021 cuando ni siquiera Piñera distribuyó los borradores al gran público- sea sometido al llamado plebiscito de salida en diciembre.
 

Según la encuestadora Cadem, que va tomando el pulso a distintos momentos del engorroso proceso, seis de cada 10 chilenos ni siquiera conocen quienes son los aspirantes, lo cual es una señal de que la apatía rodea los comicios, que mantendrá la paridad de género.
 

Otra compañía investigadora, la Research Chile, que mide la opinión ciudadana con miras al plebiscito desde el pasado enero, anunció que los datos de ese primer mes mostraron que el 48% de los encuestados no estaban “motivados” ante el nuevo proceso constitucional. En febrero, Research Chile reiteró la pregunta, cuyo resultado reflejó que el interés había subido cinco puntos, llegando al 53% (lo cual coincide con la designación de los miembros del Comité de Expertos).

Aunque el alza de febrero resultó alentadora, Research Chile profundizó el estudio obteniendo importantes hallazgos.

Según publicó la empresa, la Comisión de Expertos fue catalogada como una de las instituciones menos confiables para los interrogados, con 43%.

El 24% esperará a que ese órgano publique su trabajo para tomar una decisión sobre el voto.

Un 19% ya manifiesta su rechazo, aun sin conocer el nuevo documento, en comparación al 6% de quienes está a favor de “cualquier propuesta”.

Hay otro 25% de la población que se definirá cuando la Comisión de Expertos presente el anteproyecto.

Es posible que algunos factores influyan en una participación más fluida de lo que ahora se prevé, ya que en Chile el voto es obligatorio y los candidatos con seguridad -aunque falta poco tiempo- se esmerarán en la recta final de sus campañas. 

La ciudadanía chilena –que este año conmemora el 50 aniversario del golpe de Estado militar contra el presidente constitucional Salvador Allende- carece de confianza en varios partidos políticos que buscan representación en el Consejo.
 

¿SERÁ DEFINITIVO EL NUEVO TEXTO?
 

Quienes resulten electos el próximo día 7 inician sus trabajos un mes después y tienen como plazo hasta el 7 de noviembre para entregar el texto considerado definitivo. Es bueno recordar que esta Comisión trabajará en base a un anteproyecto definido y no parte de cero sino de los criterios emanados de distintas fuentes partidistas.
 

En este maratón, con definido sabor burocrático, el documento aún será revisado en otras dos instancias, la Comisión de Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad, que evaluará la pertinencia legal de las propuestas.
 

Es significativo, y ello podría acarrear las bizarras discusiones de que hacen gala los partidos tradicionales chilenos, que de tres órganos involucrados en la elaboración de la Carta Magna solo uno es electo por el voto ciudadano.
 

En el plebiscito, con fecha el 17 de diciembre, los votantes, calculados en más de 19 116 000 personas, tendrán que responder una pregunta: “Está usted a favor o en contra del texto de la nueva Constitución”, y la respuesta es “Si” o  “No”.

Ese día será la culminación del proceso constitucional que se efectuará por segundo año consecutivo y que, de no ser aprobado, causaría una catástrofe política al presidente Boric, pues se acentuaría aun más el descrédito y la indiferencia de una amplia base popular contra los partidos tradicionales.
 

En septiembre del pasado año, cuando se realizó la consulta popular de la primera propuesta, un 62% de los votantes rechazó la labor efectuada por los constituyentes. Ahora, la definición llega en diciembre.