A pocos días de la celebración de comicios presidenciales, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las guerrillas activas más poderosas de ese país, retomarán en La Habana, esta semana, el quinto ciclo de sus negociaciones de paz.
El derechista presidente Juan Manuel Santos, ya de salida del Palacio de Nariño, pretende dejar encaminado el proceso de paz con el ELN, aun cuando el futuro de las conversaciones dependerá de quien gane las elecciones hasta ahora polarizadas en dos candidatos, el conservador Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro, favorecido hasta ahora por intenciones de voto.
No es la primera vez que La Habana acoge conversaciones con las partes enfrentadas en Colombia, ya que fue sede durante cuatro años de las sostenidas por delegaciones del régimen de Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), convertidas en partido político luego de la firma del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016.
El traslado de las negociaciones nacidas en Quito, Ecuador, ocurrió después de que el presidente de ese país, Lenin Moreno, decidió su retiro como garante del diálogo y pidió el retiro de las dos representaciones.
Moreno argumentó el pasado 28 de abril su rechazo a los ataques de un grupo guerrillero disidente de las FARC-EP que asesinó a tres periodistas y secuestró a una pareja en suelo ecuatoriano, pero que no aparecen vinculados al ELN, al que calificó de “terrorista”.
Un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación detalló que “la decisión se mantendrá mientras la guerrilla del ELN continúe ejecutando actividades terroristas”.
Sin embargo, el ELN negó su participación en las acciones violentas cometidas en la zona fronteriza con Ecuador al expresar su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de ese país.
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES EN DOS DIRECCIONES
Los equipos negociadores de La Habana informaron de conjunto que trabajarán en dos direcciones en esta etapa: un alto al fuego bilateral con motivo de las inminentes elecciones presidenciales y el diseño de la participación de la sociedad en el diálogo, una de las críticas hechas al proceso anterior con las FARC-EP.
La ausencia de opiniones de la sociedad colombiana causó, según analistas, que el Acuerdo de Paz fuera desaprobado en un referendo oficialista efectuado dos meses después de la firma del documento. Tras arreglos pertinentes, el texto recibió la aprobación del Congreso Nacional.
De ahí que ahora el ELN aceptara que miembros de la sociedad civil y 190 organizaciones sociales se integraran al proceso de diálogo para finalizar con el conflicto armado más antiguo de la región.
En ese contexto, el ministro colombiano de Justicia de Colombia, Enrique Gil, anunció que de acuerdo con un decreto del pasado 4 de mayo, el Gobierno expresó su intención de crear una legislación para dar seguimiento a los exinsurgentes del ELN que tramitan libertad condicional.
Gil explicó que la medida solo beneficiaría a los excombatientes que hayan ejercido el derecho a la protesta o participado en disturbios internos y afirmó que el decreto obedece a la política de Bogotá de avanzar en un programa de carácter humanitario entre la población carcelaria del ELN para mejorar sus condiciones, indicaron medios de prensa locales.
Para Santos, quien fue reelecto para que pusiera fin a la guerra civil que ha dejado más de 250 000 fallecidos y ocho millones de victimas en 50 años, la posible medida judicial permitiría una mayor dinámica a los diálogos estancados desde marzo pasado.
En recientes declaraciones en Cartagena de Indias, el presidente Santos expresó su satisfacción por la reanudación de las negociaciones y prometió avanzar lo máximo posible antes de entregar el cargo a su sucesor.
Ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz (CSIVI) efectuada en la caribeña urbe, el mandatario afirmó que “nadie dijo que esta paz o la reconciliación iban a ser fáciles, sabíamos que iba a ser difícil, que íbamos a tener muchos detractores y obstáculos. Vendrán más dificultades, más desafíos, pero juntos todos los colombianos vamos a superarlos”.
Sin embargo, la seguridad de una victoria para Colombia en el tema de la pacificación causa dudas entre la población y aun más en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido de las FARC-EP, que ha denunciado incluso ante Naciones Unidas las violaciones cometidas por el oficialismo.
ESPERANZA PARA LA PAZ
Luego del inicio de las pláticas el 8 de febrero de 2017 en la ciudad meridiana del mundo, el ELN acordó una tregua vigente desde el 1 de octubre hasta el 9 de enero de 2018, el mayor logro obtenido en ese ítem hasta ahora.
Desde que comenzaron las actividades exploratorias, el ELN confirmó su disposición a la búsqueda de la paz, al tiempo que demostró incumplimientos oficiales en algunos acuerdos establecidos.
El comandante del grupo subversivo, Nicolás Rodríguez Bautista, planteó en su momento que “la salida política al conflicto no puede cerrarse ante las dificultades presentadas; por el contrario, debemos seguir buscando soluciones con mayor ahínco y llamamos a todos los amantes de la paz a rodear este esfuerzo de futuro”.
Ahora, los ojos de América Latina y de los pacifistas a nivel mundial están puestos en Cuba, una nación que aboga porque se cumpla el acuerdo de declarar la región como zona de paz suscrito en 2014, contra el que conspira la derecha internacional organizada y financiada por Estados Unidos.
Para quienes analizan la situación colombiana, uno de los problemas a futuro es cuál será la actitud del nuevo gobierno hacia la paz, la que tiene grandes enemigos, entre ellos los partidos de derecha nucleados en Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, uno de los mayores críticos de la pacificación nacional.
CONSTANTE DENUNCIA DEL PARTIDO FARC
El partido FARC de las más antiguas guerrillas latinoamericanas, ya desaparecidas luego de la entrega de armas y campamentos, denuncia casi de manera constante el incumplimiento de varios puntos del Acuerdo de Paz, entre ellos la reincorporación de sus miembros a la vida civil, que está en un estado precario.
También acusan a Santos de permitir la impunidad de los grupos paramilitares que han crecido notablemente en Colombia luego del desarme guerrillero. Más de 150 activistas sociales y antiguos miembros de las FARC-EP han sido asesinados desde la firma del documento en Cartagena.
La organización política emitió un comunicado de siete puntos luego de un balance en Bogotá con 140 delegados de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y de Nuevos Puntos de Reagrupamiento en el que solicitan medidas urgentes que permitan la reorientación de los exguerrilleros de manera exitosa.
El partido FARC demostró que en esos espacios no hay condiciones dignas de salud, vivienda y servicios públicos, carecen de seguridad alimentaria y economía propia.
En el texto se plantea la necesidad de un plan de emergencia cuyo centro debe ser el acceso a la tierra, como especifica el pacto de paz alcanzado con el apoyo de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica, Noruega, Venezuela, Chile y Cuba.
Unos 623 militantes de las FARC-EP permanecen en prisión casi un año y medio después de la firma del histórico acuerdo, que garantizaba amnistía para los detenidos no implicados en delitos graves.
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