Infierno en cárceles de América Latina

Las cárceles de numerosos países de América Latina, siempre superpobladas, son un infierno en medio de la pandemia de la Covid-19, en tanto el régimen derechista chileno utiliza tal circunstancia para imponer la Ley Humanitaria que beneficiará a esbirros de la dictadura de Augusto Pinochet.

En los últimos días en Colombia, Argentina, Chile, Perú, Brasil —el de mayor población recluida— hubo motines con saldo de decenas de muertos y heridos, sin que las autoridades tomen medidas para al menos aliviar el hacinamiento sostenido, la falta de agua potable, de médicos y enfermeras y para exigir la realización de pruebas de la enfermedad.

Organizaciones de derechos humanos califican algunos de esos sitios donde hay presos políticos y comunes como espacios “medievales”, donde ya se reportan fallecidos a causa de la pandemia.

Son casi 200 millones de mujeres y hombres los que han perdido su libertad por distintas razones, pero que esperan durante años por la celebración de un juicio justo, lo que poco interesa a los gobernantes que les consideran la lacra de las sociedades.

De acuerdo con el brasileño Instituto Igarape, América Latina tiene una tasa de encarcelamiento de 341 internos por cada 100 000 habitantes, la tasa más alta del mundo, en condiciones inhumanas que aun se podrían agravar más.

En un reciente mensaje, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, recordó que en esos lugares los servicios de salud son “deficientes o inexistentes” y dijo que “en esas condiciones el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”.

Aunque la crisis sanitaria ha movido recursos y esfuerzos en una gran parte de los países, la realidad de los contagios por la pandemia identifica que los presos, indígenas, negros e inmigrantes, son los más proclives a contraer la enfermedad por sus condiciones de vida.

La preocupación por los hacinados en prisiones también llamó la atención del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT, por su sigla en inglés), que recomendó a los gobiernos diversas acciones para proteger a las personas privadas de libertad durante la pandemia de Covid-19.

El presidente del SPT, Sir Malcolm Evans, apuntó que “dentro de los recintos de privación de libertad —muchos severamente insalubres— existen problemas agudos que necesitan acción inmediata”.

Evans precisó que “los gobiernos tienen que tomar las medidas de precaución necesarias para evitar la expansión del contagio, e implementar medidas de emergencia para asegurar que los detenidos tengan acceso a niveles apropiados de atención médica y puedan mantener el contacto con sus familiares y con el mundo exterior”, añadió.

 “La población carcelaria en América Latina está en una situación de alto riesgo, fundamentalmente porque existe un problema común que es la sobrepoblación carcelaria en todos los países, sin excepción”, dijo a medios de prensa internacionales el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

El hacinamiento sobrepasa el ciento por ciento de capacidad de la cárcel, en otros llega al 20 o 30 %, lo cual imposibilita la separación mínima de un metro entre personas, recomendada por los científicos para evitar el contagio.

Dos terceras partes de todos los detenidos, condenados o no, están en Brasil, con casi 800 000, afirmó World Prison Brief, del Instituto para la Investigación de Política Criminal y Justicia, adscripta a la Universidad de Londres, Reino Unido.

Según esa fuente, cuyos datos son reproducidos en espacios de internet, en Haití, el país más pobre de la región latinoamericana y caribeña, el hacinamiento carcelario es del 454 %, en Brasil 167 % y en Colombia el 150 %, una situación dramática, pues en esos lugares no hay servicio médico alguno.

Precisa que la mayoría de los prisioneros poseen débiles sistemas inmunológicos, mala alimentación, estrés y enfermedades, por lo que podrían enfermarse con mayor rapidez.

Sao Paulo, el Estado más poblado de Brasil, fue escenario de la fuga el pasado mes de 1 350 presos, sin más posibilidades de librarse de la muerte que escaparse del recinto.

Mientras, en Colombia hubo motines simultáneos en 13 presidios el pasado fin de semana, con saldo de 25 reclusos muertos y 83 heridos solo en el llamado Modelo, en Bogotá, la capital..

La Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó el pasado día 13 al gobierno del derechista Iván Duque el decreto de emergencia sanitaria en esos establecimientos. Un nuevo motín ocurrió el pasado día 12 en la cárcel de Neiva luego del fallecimiento de dos presos por el nuevo coronavirus.

Cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en Colombia, afirman que hay 180 000 reclusos para un cupo de 70 000. Un tercio de esas personas, entre ellas miembros de las antiguas y disueltas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no está condenado, pues esa nación de Suramérica posee uno de los sistemas de justicia más lentos de la región, precisan estudios del Banco Mundial.

En Perú, el saldo fue de dos muertos y 17 heridos que protestaron en la cárcel de hombres en Trujillo, situado en el norte de ese país, mientras en Argentina cinco presos perdieron la vida en motines en dos cárceles de la provincia de Santa Fe.

Aun cuando algunos regímenes adoptaron tibias medidas para un reducido sector de los prisioneros —mujeres embarazadas, enfermos en estado terminal, entre otros—, en Brasil se conoce que en Sao Paulo, el Estado más castigado por la pandemia, fueron suspendidas las visitas y las salidas temporales de los encarcelados, una tortura psicológica más.

En Minas Gerais, el segundo Estado más poblado, el gobierno estadual creó 30 “presidios-cuarentena”, donde los nuevos arrestados deberán permanecer por 15 días antes de que sean trasladados a una cárcel, y las visitas fueron suspendidas.

Sin embargo, el gobierno federal, presidido por el derechista Jair Bolsonaro, sustituido por un general para manejar la crisis sanitaria, hace muy poco para proteger los prisioneros, decisión que quedó en manos de los Estados.

Paraguay no escapa al hacinamiento, incluidos centros de menores que albergan a 16 000 personas donde caben 9 500, pero mantienen una cuarentena absoluta, sin visitas, y en calma hasta ahora.

En una entrevista circulada por la agencia española EFE, la ministra de Justicia de Paraguay aseguró que mantienen reforzado el sistema de seguridad ante la presencia de presos peligrosos, como los de dos grupos criminales brasileños con presencia en el país.

En este contexto, el gobierno de Chile impulsa en el Congreso Nacional la llamada Ley Humanitaria, que encendió las alertas en la sociedad, que el pasado año y hasta la declaración de la pandemia se mantuvo en las calles en rechazo a las políticas del mandatario Piñera y en exigencia de una nueva Constitución Nacional que derogue el neoliberalismo.

Mientras mantiene en la cárcel a más de 2 500 jóvenes que protestaban en las calles por las políticas antisociales, los partidos opositores y movimientos sociales denuncian que la ley es una pantalla para liberar a ex militares represores de la dictadura pinochetista.

El mandatario, puesto de acuerdo con los parlamentarios de derecha, espera que esta semana sea aprobado el documento que, tratando de convencer al pueblo, dice que es para poner a seguro a los mayores de 75 años, casualmente en torno a la edad a los asesinos de miles de chilenos.

La Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Chile informó que la Octava Sala Penal de Corte de Apelaciones de Santiago resolvió dejar impunes a 17 ex militares violadores de derechos humanos, “responsables de la desaparición, tortura y asesinato de nuestros familiares. Así como en dictadura, la derecha hoy nuevamente demuestra su miseria y se pone del lado de los criminales”, precisó.

También el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, recordó que el derecho internacional señala con claridad que los beneficios a la población penal en general y a los condenados por crímenes de lesa humanidad se basan en reglas diferentes.

Margotta señaló que para estos últimos casos, es una condición colaborar en los procesos judiciales, lo que no ha ocurrido en el caso chileno y aseguró que los represores que cumplen condena en Punta Peuco se han negado a colaborar en el esclarecimiento de la justicia y reparación para las víctimas, ni expresan arrepentimiento y algunos, incluso, han reivindicado sus crímenes de manera pública.