La crisis económica instalada en Puerto Rico traerá, según ya se visibiliza en la esfera social, medidas neoliberales para tratar de cumplir con sus acreedores, ya que aunque en agosto no pudo honrar sus compromisos de pago, el gobierno de Barack Obama sólo ofreció el envío de asesoría, pero sin transferir finanzas a su colonia en el Caribe, pomposamente llamada Estado Libre Asociado (ELA).
“El gobierno no visualiza un rescate para Puerto Rico, pero sí existe asistencia federal que pueda ser activada para asistir a sus líderes a cumplir algunas de sus obligaciones financieras; estamos listos para ayudar”, advirtió este martes el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dos días después de que el Congreso estadounidense mostrara su indiferencia ante la situación financiera de la isla de 3,6 millones de habitantes, más de la mitad de ellos en condición de pobreza y un desempleo en torno al 15 % de la masa laboral activa.
Algunos legisladores demócratas comentaron —según fuentes oficiales del Congreso Nacional— que se podría debatir una reforma de las normas federales para que Puerto Rico pueda ser beneficiado bajo las leyes de la bancarrota, una medida al parecer imposible dado el estatus jurídico de la isla, que carece del mismo derecho de los restantes estados de la Unión de declararse en quiebra y que Washington le brinde un plan de finanzas similar al concedido al gobierno de Detroit, en el mismo caso.
La deuda de Puerto Rico es impagable, afirmó el gobernador de la colonia caribeña, Alejandro García Padilla, poco antes de tomar vacaciones y alejarse de las altas temperaturas ambientales y la sequía imperante en la ínsula, famosa por sus bellezas naturales.
En efecto, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) informó a principios de esta semana que el ELA pagó sólo 628 000 dólares de los 58 millones que debía cancelar, lo cual indica las reducidas finanzas que maneja la administración de García Padilla.
Por su condición colonial, Puerto Rico tampoco puede declararse en bancarrota, según la ley federal. Por tanto, deberá enfrentar en solitario (al menos hasta ahora) la deuda de 73 mil millones de dólares (más del ciento por ciento de su producto interno bruto), estiman especialistas basados en las últimas declaraciones de la Casa Blanca.
Analistas mencionan que la población boricua aún no reconoce la catástrofe que se le avecina con el impago. Sin embargo, esta semana se acrecentaron los recortes en el gasto público con el cierre de comercios, despidos en el sector público, entre ellos maestros. Mientras, versiones oficiales indican que el 45 % de las escuelas será privatizado en los próximos cinco años. “Se prevé que suban los impuestos o los costos de los servicios básicos, como la luz eléctrica”, indicó el corresponsal de Telesur, Eduardo Martínez, desde San Juan.
Un portavoz del diario británico The Guardian refirió que el Fondo Monetario Internacional (FMI), desde su óptica, aconsejaría recortes en educación, ya que la isla “ha gastado demasiado en ese rubro”, o sea, mil 400 millones de dólares en la última década.
En la línea de “mano dura” contra los puertorriqueños aparece también la ex subdirectora gerente del FMI, Anne O. Krueger, quien aconsejó una serie de medidas neoliberales en la isla, entre ellas la reducción del salario mínimo, privatizaciones, eliminación del bono navideño y despido de empleados privados sin implicaciones legales para los dueños.
¿A QUIÉN LE DEBE PUERTO RICO?
“La Grecia de Latinoamérica”. Así denominan a Puerto Rico economistas internacionales que observan puntos de coincidencia en la situación económica de la nación helena con la que tiene lugar en El Caribe y la imposibilidad de ambas de enfrentar a sus acreedores.
Para quienes defienden el criterio de que Puerto Rico sea libre e independiente de Estados Unidos —quien invadió la isla en 1889 y se apoderó de su territorio manteniéndola hasta ahora bajo su dominio político— la desfavorable coyuntura económica actual es causada parcialmente por las políticas del Norte.
Analistas internacionales coinciden en que esta crisis nació cuando la Casa Blanca comenzó el retiro de los privilegios fiscales que poseían las industrias del también llamado Borinquén desde hace décadas. El déficit presupuestario de la isla se ubica de 705 a 740 millones de dólares, dijo el jefe de gabinete del gobernador, Víctor Suárez.
La administración de García Padilla no solo debe enfrentar el pago de la deuda fiscal —que ya declaró imposible— sino sus consecuencias en el orden internacional, ya que la confianza desaparecerá de los mercados inversionistas y tendrá mayores dificultades para acceder a financiamiento, según opinó el ex jefe de Análisis y Estudios Económicos del Banco General de Fomento, Santos Negrón.
Una de las posibilidades de encarar la situación es que el FMI hiciera un “rescate” —tal como la Unión Europea hace con Grecia— , lo cual, sin embargo, es imposible, dada la limitante de que la ínsula es considerada parte de Estados Unidos (solo para su conveniencia), y en consecuencia se trata de un asunto interno de la Metrópoli que, sin embargo, tampoco asume para favorecer a los banqueros.
El Partido Independentista boricua propuso la revisión de la deuda, ya que desde hace 20 años, advirtió, “Puerto Rico paga sus deudas con deudas”, indicó a la prensa internacional el dirigente de esa agrupación, Salvador Tío.
En esa misma cuerda también opinó la economista Martha Quiñonez, quien afirmó que “Puerto Rico si tiene opciones para salir de la deuda sin depender de Estados Unidos”, alegando que el gobierno isleño debe valerse del anteproyecto de ley propuesto en febrero de este año, para que el país pueda “definir los diferentes tipos de deuda” y se separen las verdaderas de las ilegítimas.
Quiñonez precisó que están visibles los “intereses neocoloniales de Estados Unidos” que solo buscan defender a sus acreedores.
La firma de inversiones Oppenheimer y miles de bonistas —la mayoría puertorriqueños— son los principales acreedores del ELA, los cuales no recibirán sus rendimientos de este mes, y quizás tampoco de los próximos. El impago del pasado día primero podría generar acciones legales contra la administración de la isla, que desde hace una década observa la elevación de su deuda.
Tampoco hay esperanzas de que los grandes centros financieros accedan a reestructurar la deuda, como solicitó la administración boricua. Detrás de la negativa estadounidense están los intereses de los poderosos fondos de inversiones (Franklin Templeton, Oppenheimer Funds, entre otros), dedicados a estrangular gobiernos mediante la especulación financiera, los llamados fondos buitre, los mismos que trataron de declarar en quiebra a Argentina.
Entre 2006 y 2013, Puerto Rico emitió más de 60 mil millones de dólares en bonos, que se convirtieron en unos mil 500 millones de dólares ganados por los banqueros y un jugoso negocio para firmas de abogados defensores del cobro de deudas fraudulentas.
¿POR QUÉ UNA DEUDA TAN ABULTADA?
La deuda de Puerto Rico se generó desde los años 60 del pasado siglo. Su economía se basaba en esa época en el turismo y la actividad manufacturera, en especial la industria farmacéutica. Su poder en esas ramas disminuyó a partir del auge de productos de Asia y de Europa del Este.
A partir de entonces el declive económico se apoderó del territorio. La siguiente década trajo consigo las crisis petroleras causadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la obligación impuesta a la isla por Estados Unidos de aplicar leyes fiscales para incrementar la rentabilidad de sus empresas. A partir de 1976, las corporaciones norteamericanas instaladas allí quedaron exentas de impuestos sobre sus beneficios económicos. Ahí se sitúa el principio de la debilidad fiscal del Estado Libre Asociado.
La década de 1990 y la implantación del sistema capitalista a nivel mundial redujeron aún más la manufactura local. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte —Estados Unidos, México y Canadá (TLCAN)— propició un éxodo masivo de capitales hacia esas naciones. México y Canadá otorgaron mejores condiciones a Estados Unidos que Puerto Rico, entre ellos la disminución de impuestos, estancamiento de los salarios, desregulación ambiental.
De forma paulatina, pero con rasgos visibles, la economía de Puerto Rico bajó en picada, acentuada por una crisis inmobiliaria a principios de este siglo y su baja competitividad en la actividad productiva.
Luego de esos años de golpetazos, en el 2006 la administración colonial decidió eliminar el sistema de exenciones fiscales, y ese mismo año la economía cayó en recesión. El cierre de empresas unido al éxodo masivo de personas (50 000 por año hacia Estados Unidos donde residen más de cuatro millones de boricuas) aceleró la crisis fiscal.
Tras ocho años de crecimiento negativo, ese es el panorama que viven los puertorriqueños, la colonia caribeña que poco puede esperar de quienes desde hace más más de un siglo gobiernan esa porción insular sin otorgarle, sin embargo, los derechos de sus estados en el continente.
Términos y condiciones
Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.