Una protesta sostenida mantiene al pueblo de Panamá en las calles. Su exigencia sobre la soberanía del sector minero es de larga data. Pero desde el pasado mes el descontento explotó en esa nación itsmeña cuando el presidente Laurentino Cortizo firmó un contrato-ley entre el Estado y la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
Cuando se conocieron las primeras noticias sobre el acuerdo en agosto pasado comenzaron las manifestaciones pacíficas, reprimidas por las fuerzas militares. El Ejecutivo propuso entonces a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 406 que otorga a la FQM el derecho de explotación de la Cobre Panamá durante 40 años, mediante su subsidiaria local. Esa es la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica.
Para defender su postura, Cortizo argumentó que el nuevo texto sustituirá el suscrito en 1997, que la Corte Suprema de Justicia declaró entonces inconstitucional –aunque fue aplicado- porque la concesión se dio sin licitación y bajo condiciones altamente desfavorables para el Estado panameño. Sin embargo, ahora tampoco se hizo consulta alguna.
En opinión de Enrique de Obarrio, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, el actual acuerdo minero “fue propuesto por un gobierno con escasa credibilidad y aprobado por legisladores ampliamente considerados corruptos”.
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Cometió Cortizo, además, un grave error cuando trató de limitar los deberes del órgano legislativo. Insistió en afirmar, sin fundamento, que esa instancia, donde se analizan y aprueban o no las leyes, solo debía ¨aprobarla o no, sin posibilidad de modificarla¨. O sea, orden dada, orden cumplida.
Observadores coinciden en que la Asamblea, si desempeña su obligación constitucional, tiene la obligación de legislar, más aun en este caso porque el trato con la minera no está precedido por una Ley de Autorización. En los salones parlamentarios debía ser discutida ampliamente y sin limitaciones, con revisión de todas sus cláusulas y sus consecuencias.
O sea, el mismo tratamiento que se brinda a todos los proyectos legislativos, y que el mandatario y los empresarios detrás del acuerdo pensaban burlar.
El estallido social hizo que los dos poderes enfrascados en la concesión dieran marcha atrás. El parlamento devolvió el documento para que los ministros involucrados reformaran algunas condiciones impuestas, en el interés de calmar el ánimo popular. Sin embargo, y mientras continuaba el trasiego, la Plaza 5 de mayo¨, punto de concentración de las movilizaciones, estaban repletas de ciudadanos que portaban consignas y pancartas contra Cortizo y su entrega de la actividad minera.
Los parlamentarios hicieron sus maniobras para que la concesión pasara. Tres días demoró el gobierno en remendar los puntos más conflictivos, luego de fuertes debates en el órgano legislativo y la consiguiente sanción de Cortizo. Ya el calendario marcaba el 20 de octubre último.
Si el gobierno pensaba que con los arreglos al texto, que mantenía sus esencias, la población panameña iba a calmarse, se equivocó.
Por el contrario. Los sindicatos de docentes y de la construcción se unieron a grupos indígenas y ambientalistas para exigir la cancelación del nuevo tratado
La sanción de Cortizo causó un mayor descontento social que se apoderó de las calles, bloqueó las principales carreteras del país, decretó una huelga en diversos sectores. Sobre todo, demostró que las grandes masas de ese rico país, empobrecidas y desfavorecidas, no abandonarían su lucha.
Luego de cuatro meses de desacuerdo con las medidas oficiales, en lugar de disminuir, los reclamantes crecieron y son jóvenes de todos los estratos sociales los más visibles. Nuevos rostros están hasta hoy en las vías de la bella Panamá exigiendo sus derechos. Desde el inicio de las manifestaciones se han reportado al menos 800 detenidos y dos personas fallecidas.
El Ejecutivo intentó calmar los ánimos. No le convenía el descontento en el que estaban involucrados distritos y provincias del interior del país. La carretera interamericana está bloqueada en diferentes puntos, creando una crisis a comerciantes que circulan con sus mercancías hacia distintos puntos de Centroamérica.
Al profundizar en la actual crisis, analistas consideran que esta maniobra presidencial que favorece a compañías foráneas fue el climax de la situación en que vive gran parte de la población local, estimada en 4 064 780 personas.
El contraste socio-económico del país muestra las huellas de la pobreza y la indigencia, indican organismos internacionales.
Aunque esa nación presenta un crecimiento como ninguna región en Latinoamérica (15% anual, según el Banco Mundial en 2022), las riquezas generadas se quedan en pocas manos. Esas cifras convierten a Panamá en el tercer país más desigual de la región latinoamericana.
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El ¨Informe Anual de la Pobreza y Pobreza Extrema en Panamá¨, emitido por la Iniciativa Panamá Sin Pobreza y actualizado en noviembre del pasado año, demuestra que uno de cada cuatro panameños es pobre. Hoy, la tasa de pobreza general, después de la pandemia de la Covid-19, se estima en un 25,0 %. Ello equivale a 1 100 000 personas.
Otro organismo internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, afirma que la población panameña más enriquecida representa el 10% del total de la población, y obtiene el 37,3% del ingreso nacional, casi 13 veces más que el 40 % más pobre.
Un artículo publicado en La Estrella de Panamá, considera que en las comarcas, el 90% de sus habitantes sobrevive en pobreza, con mayores afectaciones entre los negros, las mujeres y los campesinos.
También una nota del periódico español El País plantea que el Producto Interno Bruto de esa nación se concentra en dos ciudades de la zona interoceánica: del propio Canal –afectado por la sequía en la actualidad, pero aun así con enormes ganancias- y actividades relacionadas, como las zonas libres, el sector financiero y la construcción.
En opinión del investigador social Gilberto Toro, el gobierno creyó que la población pasaría por alto las jugarretas para que el decreto-ley funcionara desde el primer momento, pues –opinó- en estos meses se celebran fechas especiales: las fiestas patrias, el Día de la Madre, y el cercano fin de año.
La ecuación no funcionó porque este 2023 la ciudadanía, que tradicionalmente gusta de días de asueto y de celebraciones, determinó quedarse en las calles hasta que se solucione de manera definitiva, y a su favor, el tema de la concesión minera a extranjeros.
Para Toro, el contrato fue el medio perfecto para que estallara el descontento frente a todos los desazones sociales. “Es un malestar compartido, estimó, con independencia si es por el contrato minero, por el desempleo, la inseguridad. Todo se suma y se logró que fuera ese motor el que empujó a la gran masa a nivel nacional”.
El investigador precisó que las autoridades no comprenden que la conducta social, el comportamiento, el pensamiento de la humanidad cambió después de la pandemia. ¨La experiencia de haber sobrevivido a una pandemia, explicó, a todos nos transformó, nos hemos vuelto más reflexivos y mucho más espontáneos¨.
También el analista político Jorge Gamboa Arosemena, en un comentario sobre la gravedad de la actual crisis, explicó que la expectativa generada en 1990 tras la invasión de Estados Unidos al país, no se ha cumplido. ¨Lo que ha habido, en su consideración, gobierno tras gobierno, es un incremento de la insatisfacción de la población”.
Cortizo ha sufrido dos grandes derrotas: tuvo que sancionar la Ley 407 que decreta la moratoria minera, en tanto la Corte Suprema de Justicia avanza en las demandas sociales de inconstitucionalidad de la Ley 406, que establece el contrato. Los tradicionales desfiles patrios no se realizaron.
Aunque la población está en espera de la repuesta de la Corte Suprema de Justicia, varios líderes de las marchas se han pronunciado por mantenerse en las calles. La ambientalista Raisa Banfield, por ejemplo, manifestó que las protestas van a continuar hasta lograr la anulación de la vida jurídica del actual contrato.
Un estudio del Centro Nacional de Competitividad demostró que "El país está diciendo ¨no´ no solo al contrato, sino a esa forma dañina de desarrollo económico insostenible", afirmó la directora de ese organismo Lilian Guevara.
"La actividad minera, y ese proyecto en particular, es totalmente desproporcionado en un país pequeño (74 000 km2), tropical, de altísima biodiversidad y dependencia de los ecosistemas, vulnerable al cambio climático y con 52 cuencas hidrográficas", apuntó la también investigadora.
La explotación de la mina de cobre ha contribuido a la deforestación en el Corredor Biológico Mesoamericano, que conecta a los siete países de Centroamérica y el sur de México.
En un año preelectoral, Cortizo tan solo posee un 18% de aprobación popular.
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