Guatemala: ni un paso atrás

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, siguiendo órdenes del juez Freddy Orellana, suspendió la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo, como parte del complot del Ministerio Público (MP) para impedir su asunción el próximo 14 de enero.

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Aunque la petición de desestimar al partido ganador de las presidenciales partió de la fiscal general Consuelo Porras, una marioneta de la derecha guatemalteca y parte del llamado Pacto de Corruptos –según la oposición- no se hizo válido hasta ahora, tras la conclusión oficial del proceso electoral el pasado día 31.

Orellano, en complicidad con Porras y otros magistrados, ordenó una investigación contra Semilla, por un supuesto fraude en la recogida de firmas cuando fue constituido en 2018.

No fue hasta que de manera sorpresiva Arévalo ganó la primera vuelta electoral y pasó a balotaje con la exprimera dama Sandra Torres, que el MP, pasó de un proceso de observación a otro de ataque.

El 12 de julio último, un mes antes de que se enfrentaran los contendientes, y en un intento por evitar que ganara el candidato de Semilla, abrió la causa como parte de una maniobra judicial para evitar la competición, y, si ganaba el opositor, declarar nulo el proceso y suspender en el Congreso Nacional a los 23 diputados de esa formación.

En una acción sin precedentes, y en contra de los postulados del MP, por órdenes de Porras fue asaltada la sede del TSE y secuestradas las actas que dieron una victoria holgada al postulado de Semilla, y su vicepresidenta, la académica Karin Herrera, con un 58 % de los votos.

Hasta ahora, los intentos de la Fiscal General no dan los resultados esperados. Observadores estiman que otro plan de desestabilización interna podría implantarse en los ámbitos judiciales para impedir la asunción del destacado académico y diplomático, que promete acabar con la corrupción, darle un vuelco a la política, la economía y darle más calidad de vida a la desfavorecida población de su país.

A pesar de los esfuerzos de la Fiscalía y varios magistrados involucrados en la intentona, el TSE advirtió que no se pueden revertir los resultados electorales que pondrán en la primera magistratura a Arévalo y a los legisladores de Semilla.

¿QUIÉN PROTEGE A CONSUELO PORRAS?

Las acciones judiciales de Porras, negada a renunciar a su cargo, causaron multitudinarias movilizaciones y bloqueos de carreteras durante el mes de octubre y aun siguen en las calles las protestas de quienes votaron por el candidato que prometió mejorar la calidad de vida de una población vulnerable.

El mandatario electo viene precedido por su condición de ser un hombre honesto, alejado del círculo de corrupción que ahoga a Guatemala. Es hijo del presidente progresista Juan José Arévalo, quien con su política humanista e inclusiva dejó una huella en el pueblo de Guatemala. El triunfo del académico genera esperanzas de cambio en esa nación –que aunque posee la mayor economía en Centroamérica es también la de mayor desigualdad social-, con la mayoría de la ciudadanía sumida en la pobreza, la violencia y la corrupción. Cada año, miles de personas son obligados a emigrar por las adversas circunstancias sociales.

Al igual que es defendido en las calles, el nuevo mandatario es visto con ojeriza por la élite política y empresarial del país, acusada por organizaciones internacionales y locales de corrupción.

Resistencia es la palabra de orden de los distintos movimientos políticos y sociales guatemaltecos. Desde octubre pasado, miles de personas invadieron las principales ciudades del país para demostrar la adhesión a su victoria y contra las maniobras del MP. Una de las exigencias es la renuncia de Porras, que es protegida por el presidente saliente Alejandro Gianmmattei. A ambos se les considera miembros del Pacto de Corruptos, al que pertenecen políticos, empresarios, funcionarios y otros, involucrados en actos delictivos, quienes suscribieron un documento en 2017 en que concuerdan en que, si son investigados, no llegarán a juicio.

El espaldarazo de Gianmmattei mantiene en el cargo a la jefa de la fiscalía, electa por el expresidente Jimmy Morales, investigado por supuestos delitos de robos de activos, financiamiento electoral ilícito y negligencia en un incidentes que causó la muerte de 42 niñas en un resguardo público para menores.

En 2018, Morales desmanteló la infraestructura fiscal y de investigación que Guatemala montó con ayuda de la comisión internacional contra la impunidad y que había, entre otras cosas, permitido encarcelar a expresidentes y empresarios acusados de grandes escándalos delictivos. Y nombró a Porras, que de inmediato cesó investigaciones de alta corrupción e inició el desmantelamiento gradual de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad élite que llevó los casos más sensibles.

En 2022, Giammattei, presidente desde 2020, reeligió a Porras. Dos acusaciones de sobornos pagados al mandatario fueron enterradas. Son varias las que son desconocidas por la población.

Morales escapó a la acción penal porque juramentó como diputado del Parlamento Centroamericano, lo que le brinda inmunidad Pero Porras emprendió una persecución contra fiscales que pusieron sus ojos en los malos manejos del poder político local. Dos docenas de exoperadores de justicia y varios periodistas son víctimas de la cacería de brujas del MP.

A Giammattei le quedan unos dos meses en el gobierno. Sigue plantando cara por la jefa del MP.

Lo primero que hará Arévalo, según dijo, será pedir la renuncia de la fiscal Porras, quien entonces deberá rendir cuentas de su gestión, tal como exigen quienes no la quieren ver en el Ministerio.

RESISTENCIA POPULAR

Hace apenas unas horas, organizaciones indígenas y sociales guatemaltecas afirmaron que se mantendrán "en resistencia" contra Porras, acusada de interferir por mandato de la derecha en el resultado del proceso electoral.

Estos 3 y 4 de noviembre Ciudad de Guatemala, la capital del país, es escenario de numerosas marchas organizadas en especial por los movimientos indígenas que, además, mantienen un plantón permanente desde el pasado 2 de octubre frente a la Fiscalía General.

Hace unas horas, el presidente de la organización de pueblos autóctonos denominada "48 cantones de Totonicapán", Alex Pacheco, afirmó que "esta es una lucha en favor de la democracia, por el bien del pueblo de Guatemala, esperando a que se respete nuestra decisión en elegir a nuestros funcionarios públicos".

Pacheco aseguró que ¨seguimos en resistencia pacífica y no venimos a otra cosa que a defender la democracia¨, mientras recordó que además de otras comunidades indígenas, su agrupación es apoyada por la sociedad civil y entidades empresariales que no concuerdan con las ideas del actual oficialismo.

Para analistas políticos, los pueblos indígenas organizados son el principal motor movilizador de las protestas que remecen Guatemala desde el pasado mes.