Chile, por una nueva constitución (+ Cronología)

Este 28 de octubre Chile verá realizarse una victoria esperada por años, el plebiscito sobre un nuevo texto constitucional. Sin embargo, para llegar hasta allí el pueblo ha realizado su mayor movilización social en estos tiempos con el apoyo de diversos actores de la ciudadanía en una protesta sin precedentes contra las élites, conocida como el estallido social.

Sin embargo, la manifestación popular que revolucionó a toda una nación desde el 18 de octubre de 2019, tuvo un alto costo. A un año desde el comienzo del estallido social, se han presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de esa nación; lo que incluye traumas oculares, abuso de la escopeta antidisturbios, tratos inhumanos, crueles y degradantes con connotación sexual. También hubo consecuencias económicas, como la depreciación del peso chileno con respecto al dólar, caída de inversiones y los niveles de actividad.

¿Pero, cuáles fueron los desencadenantes? Chile, a pesar de vivir en un aparente crecimiento económico y estabilidad, presentaba grandes desigualdades socioeconómicas propias del neoliberalismo. Por una parte,  alimentaba a las grandes corporaciones con beneficios  financieros, lo que favorecía la concentración de las riquezas y la corrupción; mientras que por otra el pueblo sufría de servicios públicos de mala calidad y un costo mayor de la vida.

Lo que comenzó con la protesta de unos jóvenes ante el alza del boleto del metro, pronto se convirtió en la demanda reivindicaciones sociales que ya no aguantaban más el silencio. Al grito de "Chile despertó" o "No son 30 pesos, son 30 años", la población  de la nación sudamericana se manifestaba ante una crisis más profunda que la del precio del transporte.

El pueblo chileno no era ajeno a la lucha social. Desde el siglo XX los obreros han tenido su historia como actor de la vida política y movimientos sindicales fuertes para exigir sus derechos. También los estudiantes  con sus iniciativas populares que han sumado también a profesores y obreros. De hecho, los líderes de federaciones universitarias, Camila Vallejo y Giorgio Jackson son hoy diputados en el Congreso y sus  carreras políticas nacieron en marchas y protestas por una educación pública, gratuita y de calidad. Por lo que no resultaba entonces tan desmesurado un nuevo estallido a favor de causas cívicas.

Años de demandas inatendidas habían calado hondo en la confianza de las masas hacia las instituciones de poder. Ya no existía del todo un nivel de representatividad coherente entre la ciudadanía y el gobierno. Como crisis de legitimidad profunda del sistema político, que incluye el parlamento, los tribunales y demás instituciones de gobierno, calificaba el estudioso del tema, Felipe Rivera, de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, al fenómeno.

Esa falta de confianza en el poder actual causó, unida a problemáticas ya mencionadas, las demandas de la ciudadanía. Diversos sectores de la sociedad se unieron para pedir un cambio en el enfoque del gobierno. Movimientos sindicales, feministas, estudiantes, pueblos originarios pedían una mejoría de los servicios públicos, igualdad de oportunidades, mejores condiciones laborales, representatividad política, entre otros reclamos necesarios.

Así la necesidad de cambio de los chilenos se hizo vigente en una serie de manifestaciones que se extendieron  a los largo del país, hasta reunir medio millón personas en la Plaza Italia, la mayor convocatoria desde hacía más de 30 años.  El gobierno y los ciudadanos se enfrascaron en días de negociaciones,  sin embargo, los intentos para apaciguar el estado de descontento fueron infructuosos al no proponer realmente soluciones a los problemas económicos y sociales de los chilenos; lo que devengó en un nuevo alzamiento popular.

Para dar fin a una de las mayores manifestaciones populares que ha visto ese país,  el pueblo pedía cambios radicales, no la continuación de políticas subsidiarias que no cumplían con su objetivo. Pero, para que se diera ese vuelco, era necesario dejar atrás los vestigios del autoritarismo de los  años de Pinochet, sellados en la propia constitución vigente aprobada por la dictadura militar en 1980.

Así que el 15 de noviembre, cuando el senador Jaime Quintana, anunciaba la firma del “Acuerdo por la paz y por una nueva Constitución”, se abría una nueva puerta para solucionar los justos reclamos del pueblo chileno y recuperar así la estabilidad del país. Una victoria que todavía tendrá que afianzar cuando vote este 18 de octubre en el plebiscito que decidirá si se redacta o no un nuevo texto constitucional. De aprobarse en un futuro una nueva Carta Magna sería el primer paso para encausar las demandas civiles tras largos años de neoliberalismo.