Una comunicación más social, una Cuba más fuerte

Una ley no lo resuelve todo,  pero mucho que organiza, delimita y jerarquiza, ordena las relaciones entre los ciudadanos y de estos con las instituciones y demás actores del entramado social,  refrenda derechos y responsabiliza,  inaugura camino hacia nuevos consensos, armoniza  lo que se precipitó necesario  con lo se deberá y podrá hacer. Y lo  consigue, más  rápido y mejor, cuando ha sido construida en comunión, cuando sale amasada con la implicación y la  sapiencia de  muchos, profesionales del sector y académicos,  periodistas, comunicadores, sociólogos, juristas, el pueblo y sus representantes. Eso ha pasado con  la nueva Ley de Comunicación Social, sometida a consulta por dos legislaturas de la Asamblea Nacional.

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El proyecto legal que se presentó y aprobó  hace unas horas, en la segunda sesión Extraordinaria de la X Legislatura de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular, fue la  versión 34 de un texto integrador,  construido en un largo proceso de investigación y conciliación. Lo que incluyó la realización, de julio a octubre de 2022, a lo largo y ancho del archipiélago,  de  un  proceso de consultas especializadas del Anteproyecto de Ley en el que participaron estudiantes y profesores universitarios, periodistas, artistas, comunicadores sociales y otros profesionales, delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y diputados, dirigentes políticos y gubernamentales, empresarios y nuevos actores económicos.

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Esta  Ley de  Comunicación Social  es resultado de años de debates en el gremio periodístico, en el sector de la radio, la  televisión, la prensa plana y digital, en los pasillos y en las reuniones de trabajos, en una mesa entre tragos y en los congresos de la UPEC. Articula estas demandas de los profesionales de sector con las  experiencias y regulaciones internacionales, sobre todo de Nuestra América; atemperadas a los tiempos que corren y sobre todos nuestras propias condiciones, la de un país en desarrollo, en tránsito  socialista. Sobre la base de los preceptos de la Constitución (se menciona  unas 20 veces)  y de otros documentos rectores del país.

Responde a uno de los acuerdos de la Política de Comunicación del Estado y el Gobierno  y se sustenta en la práctica comunicacional de la nación y en políticas emanadas de los congresos del Partido Comunista de Cuba, como los Objetivos de la Primera Conferencia Nacional del Partido y  los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en sus últimos congresos.

Y especialmente, a la necesidad de democratizar nuestra sociedad, de  dar voz a las personas, al pueblo en las comunidades, en los centros de trabajo, acerca de las problemáticas que los afecta, que condiciona su realización personal, como ciudadanos y trabajadores, en pos de participar en  la transformación de esa realidad.

A estos imperativos responde una de las cualidades de esta ley de  comunicación, su integralidad; la regulación  más allá de los medios  y las instituciones,  su expansión  hasta lo comunitario. Refrendar los derechos a la comunicación hasta el  nivel local,  lo  que hace más viable la participación de la ciudadanía en los procesos de comunicación y de producción de información. Lo que posibilita un mayor control popular de la gestión de los órganos locales del poder popular. Una novedad que deviene en un nuevo  reto, y que deberá ser acompañada por un proceso de alfabetización de todos, de los mandantes y mandatarios, del pueblo y de sus representantes.

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Esta última versión, presentada por el recientemente nombrado presidente del  Instituto de Comunicación e Información Social, Alfonso Noya Martínez, registró- desde los Por Cuantos hasta las Disposiciones Finales -69 cambios de contenido y forma, que representan un 59.48% de transformación respecto al texto original de la versión  sometida en diciembre pasado a la segunda consulta con los diputados. En opinión de Noya Martínez la finalmente aprobada por unanimidad de los  parlamentarios resultó “más sólida, madura e integral”.

No se trata de una ley de prensa o una ley de medios, sino de un cuerpo jurídico que integra   diferentes ámbitos  de la comunicación humana. Regula el Sistema de Comunicación Social para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales.

Ahora con una mejor conceptualización y con una mayor claridad en su contenido, con mayor blindaje ante el riesgo latente de introducir “caballos de troya” en nuestro sistema político.

Como planteó  en la Asamblea Nacional la diputada por Trinidad y experta en estos temas  Rosa Miriam Elizarde, la comunicación social debe ser considerada un asunto de seguridad nacional. El sistema de medios públicos que se  reacomodará en el futuro inmediato, no va a funcionar en un ambiente aislado,  en una campana aséptica, será asediado, cuestionado y enfrentado,  como el que ha batallado  durante más de seis décadas, por una brutal guerra mediática y por poderosas plataformas  trasnacionales  que responden a intereses corporativos  y a mandatos imperiales.

En tiempos de postverdad, en que “las fuentes oficiales de información han perdido credibilidad y cuando se otorga el mismo nivel de confianza a una meme que a un noticiero de televisión o a una agencia de noticias”, en que la “verdad-cielo”, la científica y manifiesta en todo lugar, está en crisis-cual lo ha descrito  Ignacio Ramonet-, lo que urge es robustecernos, no dar cabida a intoxicaciones desinformativas movida por intereses extraños, mercantilistas y mercenarios.

Lo que se persigue es empoderar a la legítima sociedad civil cubana, en los espacios físicos o medios y plataformas digitales,  para hacer más virtuosos a nuestros ciudadanos, para  que puedan “crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento en la mejora de su calidad de vida”. 

De lo que se trata, como apuntó presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez es de “informar a la población responsablemente” y de  “superar los vacíos y vencer las inercias institucionales que inciden negativamente en los servidores públicos responsables de informar a la población”.

Como destacó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, previo a su aprobación, el mayor valor de esta  norma jurídica,  “radica en el reconocimiento de las potencialidades y beneficios de la Comunicación Social para el desarrollo del país”. En su opinión  es fundamentalmente el diseño de un marco de posibilidades que apunten al desarrollo del sistema de comunicación social en Cuba, como uno de los pilares de la gestión del gobierno, a nivel institucional y comunitario, no solo mediática o asociada específicamente a la prensa.

De  ahí- señaló- la  importancia de reconocer e incluir el papel y lugar de las personas en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, pues todos los que participan en los procesos comunicacionales inciden, interactúan, se relacionan, tienen niveles de influencia y de insumos, de forma directa o indirecta, en sus lógicas de funcionamiento, y deciden en algún grado la eficacia de la comunicación.  Para lo cual resulta  fundamental y necesario que  “se promueva e impulse la educación para la comunicación y la alfabetización mediática e informacional de las personas en nuestro país”.

Ya tenemos Ley de  Comunicación Social, la primera de Cuba Socialista. Una ley histórica que nos toca implementar  “con todos y por el bien de  todos”.