Migración Cuba-EEUU: Ajustes para la Ley de Ajuste

Recientemente, los cubanos rememoramos aquel fatídico nueve de enero de 1992, cuando un grupo de personas que intentaban salir de forma irregular del país hacia Estados Unidos asesinaron al oficial Rolando Pérez Quintosa.

La historia recuerda aquel hecho como los sucesos de Tarará, el cual se convirtió en uno de los pasajes más característicos del modus operandi de aquellos que, impulsados por la Ley de Ajuste Cubano y las sucesivas enmiendas que le continuaron, recurrieron a formas violentas para alcanzar sus fines

La Operación Peter Pan, Camarioca, el Mariel, los balseros de la década de 1990, la historia de Elián González, el robo de aeronaves y embarcaciones y más recientemente la red de tráfico de personas que operaba en Centroamérica y que provocaron la intervención de los gobiernos de esa región, son otros capítulos promovidos por esta política de sucesivas administraciones norteamericanas y que tuvo su origen desde los primeros días de 1959, cuando Miami sirvió de refugio a los sicarios del régimen batistiano.

Este 12 de enero, en un paso más hacia la normalización de relaciones entre los dos países separados apenas por el estrecho de la Florida, ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta que elimina dos de las disposiciones sobre las que se sustenta el trato preferencial a los cubanos que emigran hacia Estados Unidos.

De esta forma quedaron sin efecto la política especial de parole para los ciudadanos cubanos que llegan a territorio de los Estados Unidos (comúnmente llamada política “pies secos-pies mojados”), así como el programa de admisión provisional (parole) para profesionales cubanos de la salud, en terceros países. O sea, que todo ciudadano cubano que ingrese de forma ilegal en territorio norteamericano será devuelto a la Isla conforme las leyes nacionales e internacionales.

Es este el resultado de negociaciones que se extendieron por alrededor de un año y que tienen como antecedentes una primera propuesta presentada al gobierno de George W. Bush en el año 2002, la cual fue rechazada, al igual que sus sucesivas actualizaciones, hasta noviembre de 2015.

Se trata de una respuesta de la administración de Obama a un viejo anhelo del pueblo cubano, que era secundado por varios países de la región, los cuales también son afectados por esta emigración irregular y la ola de delitos de diversa índole que va generando mientras crece.

Esa situación se gravó desde el 14 de enero de 2013, cuando el gobierno cubano implementó un grupo importante de medidas para actualizar su política migratoria, la cual continuará ajustándose a las condiciones del presente y el futuro. A partir de ese momento fue más evidente la politización que hacía la administración norteamericana del tema migratorio que además tenía el objetivo expreso de fomentar el robo de cerebros.

La declaración conjunta dada a conocer este 12 de enero refrenda la disposición de ambos países de dar cumplimiento a sus acuerdos migratorios, cuyos antecedentes se remontan a la década de 1980, aunque fueron violados sucesivamente por los Estados Unidos. Igualmente, aún queda pendiente la Ley de Ajuste Cubano, que concede un trato preferencial a los cubanos que emigran al país norteño otorgándoles una condición de refugiados.

La noticia explotó en las redes sociales a uno y otro lado del estrecho de la Florida, pero más allá de los intereses personales que pudieran mover cada opinión este acuerdo era necesidad para una región que tiene en la emigración ilegal uno de sus principales problemas humanitarios.

De entre todas las interrogantes que rondan el debate me quedo con dos: ¿Qué pasará con los cubanos que ya han emprendido su viaje? ¿Qué ocurrirá cuando Donald Trump asuma la presidencia en el despacho Oval de la Casa Blanca el próximo 20 de enero?

La primera pregunta la ha respondido en reiteradas ocasiones el gobierno cubano, no hay limitaciones para todos aquellos ciudadanos que quieran regresar a la Isla. La segunda solo podrá ser corroborada por el tiempo.