El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo Hernández, convocó recientemente, de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Constitución de la República, al Primer Periodo Ordinario de Sesiones en su X Legislatura. De esta forma, el próximo 20 de julio continuará su marcha el nuevo cronograma legislativo que, como el anterior, busca reformar y consolidar las regulaciones normativas conforme a lo establecido en la actual Carta Magna.
Pues recordemos que, tras su aprobación en 2019, no solo se produjeron cambios en la dinámica social, política, organizacional y económica de la realidad cubana, sino también en los valores y principios, así como en los derechos y garantías del ciudadano. Por eso, durante la anterior legislatura se aprobaron 35 leyes y 86 decretos-ley.
Según reconoció el pasado mes de mayo a los parlamentarios el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, con el fin de lograr mayor eficacia y coherencia con el ordenamiento jurídico y a partir de la experiencia del Código de las Familias, se ha tomado como procedimiento la publicación de los anteproyectos y la habilitación de vías de comunicación directa para fomentar la participación popular y especializada previo al proceso de consulta y la inclusión de expertos en Marxismo para robustecer los conceptos de la construcción del socialismo en las normas jurídicas.
Para el período comprendido entre 2023 y 2027 se prevé aprobar 52 leyes. De ellas, 16 anunciadas en un inicio en el calendario legislativo de 2022, 35 propuestas por las instituciones y un Decreto Ley aplazado (Decreto Ley de Administración financiera del Estado) que ahora se propone elevar su rango normativo.
De momento, ya con la Ley de Comunicación en vigor, a la recién elegida ANPP le corresponde discutir el proyecto de Ley del Código Penal Militar. Se trata de un documento que responde a las recomendaciones realizadas por el propio Parlamento en su VII y VIII Legislatura al Tribunal Supremo de Justicia ante la urgencia de afrontar un estudio integral del sistema de justicia penal.
Asimismo, la necesidad de garantizar la prevención social, la preservación del orden público, la disciplina, la tranquilidad y seguridad ciudadana, a decir por el propio texto, justifica su presentación para mantener “ la debida armonía y correlación con lo aprobado en el ámbito común, la legislación procesal penal, en general, y con el perfeccionamiento de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, lo que incidirá directamente en el fortalecimiento de la justifica militar y la capacidad y disposición combativa de las instituciones armadas”.
Desde noviembre de 2021 se constituyó para su elaboración un grupo temporal de trabajo integrado por representantes del Tribunal Supremo Popular; la Fiscalía General de la República; la Fiscalía Militar Principal; los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Interior y Justicia; la Organización Nacional de Bufetes Colectivos; y las universidades de La Habana y Militar de Ciencias Jurídicas.
Estructurada en 2 libros, 10 títulos, 19 capítulos, 31 secciones, 60 artículos, 3 disposiciones especiales e igual número de finales su conformación partió de un diagnóstico resumido en 15 deficiencias para cuya solución se plantearon 13 respuestas.
Ellas se basaron, de acuerdo con la Comisión Redactora, en “una amplia bibliografía nacional e internacional que incluyó legislación militar de otras naciones afines, los tratados suscritos por el Estado cubano vinculados con la propuesta, otros documentos derivados del desarrollo progresivo del Derecho Internacional en lo que concierne a las actuales tendencias del delito, el tratamiento al delincuente y la justicia penal, y los referentes normativos comparados, en los que tuvieron preponderancia lo del entorno iberoamericano por sus aproximaciones a nuestra tradición jurídica”.
Ya este lunes el proyecto fue sometido a análisis y discusión en distintas sesiones de trabajo de cara al Primer Periodo Ordinario de Sesiones, en el que los diputados comenzarán a debatir posibles soluciones a los principales problemas del país y velarán por el estrecho cumplimiento de las normas jurídicas.
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