Un canal en crisis

Lo que ya se preveía ocurrió: las obras de ampliación del Canal de Panamá están paralizadas, lo cual constituye un escándalo internacional por incumplimiento de un consorcio europeo que, al parecer sin fondos, quiere obligar a la autoridades de esa vía interoceánica a un desembolso extra de 1 600 millones de dólares adicionales al precio fijado en el contrato original.

Desde finales de diciembre comenzó el conflicto entre el llamado Grupo de Amigos del Canal  (GUPC) y la Autoridad del Canal (ACP),  esta última negada a entregar la cifra adicional por considerarlo un chantaje al país, y en cambio se comprometió a terminar la ampliación de las tres esclusas, que cuando entren en funcionamiento permitirán el paso de buques con capacidad para 12 600 contenedores, tres veces más que las actuales 4 440.

La conclusión de este multimillonario negocio tiene fecha fijada para mediados del próximo año, nueve meses después de lo previsto, fecha que puede variar debido a los actuales acontecimientos.

El pretexto utilizado por el llamado GUPC, integrado por la constructora española Sacyr Valle Hermoso, Impregilo, de Italia; Jan de Nul, de Bélgica; y Constructora Urbana (CUSA), de Panamá; es que los expertos de la ACP hicieron “informes geológicos erróneos, lo que alteró el presupuesto original y sus costos” y que la diferencia monetaria no sería asumida por el grupo, según explicó en un comunicado público el 30 de diciembre, cuando estalló el diferendo.

Medios de prensa de Panamá coinciden en que el consorcio carece de liquidez, y que en su momento ofreció los precios más bajos al gobierno panameño para hacerse del proyecto y luego improvisar sobre la marcha, de una manera relativamente creíble, la búsqueda extra del dinero necesario para terminar el megaproyecto.

Las negociaciones entre el GUPC y la ACP, un ente autónomo que dirige la construcción y con plenas facultades oficiales para enfrentar y resolver cualquier situación extraordinaria que surja en la vía marítima, se mantuvieron de manera constante, pero ninguna de las partes cedió en la discusión, lasciva a los intereses panameños.

El contrato con los europeos fue firmado en 2009 por 3 118 millones de dólares, de los cuales la APC desembolsó, hasta ahora, 2 831 millones de dólares, 784 millones en anticipos reembolsables, además de 180 millones en costos adicionales. La cifra representa cerca del 6 % más del costo fijado en el convenio rector. La propuesta de un anticipo de 100 millones de dólares para tratar de llegar a un arreglo fue rechazada e, incluso, la compañía italiana solicitó 1000 millones más.

Desde entonces, la postura panameña ha sido la de concluir la obra con sus propias fuerzas, y negando que Estados Unidos haya ofrecido ayuda al respecto, basándose en el neocolonialista Tratado de Neutralidad firmado con esa nación, que lo hace cogarante de la seguridad canalera y, por tanto, si lo decidiera, pudiera intervenir, de acuerdo con sus intereses geopolíticos en la zona.

ESCÁNDALO INTERNACIONAL

Cuando el GUPC amenazó con detener las obras, el presidente panameño Ricardo Martinelli dijo que viajaría a Europa a conversar con autoridades internacionales para informar sobre el incumplimiento del contrato, pero un viaje relámpago de la ministra española de Fomento, Ana Pastor, para actuar de mediadora entre las partes —evitando un descalabro más a la economía de su país— contuvo el diferendo momentáneamente.

Ahora, ante la nueva situación, la ACP solicitó que el caso sea denunciado ante organismos internacionales, como la ONU y otros regionales, por la misma causa, además del chantaje al gobierno de Martinelli.

Medios de prensa internacionales precisaron que la petición de la ACP es suscrita también por la sociedad panameña, así como la Asociación de Empresarios, la Cámara de Comercio, el Gobierno, el Partido Revolucionario Democrático y muchas otras entidades que hicieron público su enojo.

El administrador del ACP, Jorge Quijano, advirtió este miércoles que cuenta con el denominado Plan B, desconocido hasta ahora, pero negó que el embajador de Estados Unidos en Panamá sugiriera que empresas norteamericanas reemplacen al GUPC, aunque aceptó —dicen distintas fuentes— el interés de ese país en la reanudación de las obras, dadas las multimillonarias inversiones —46 000 millones de dólares— que ejecuta en sus puertos para estar a tono con la ampliación de la vía canalera.

En conferencia de prensa, Quijano dijo que Panamá puede finalizar el megaproyecto, ante la suspensión de los trabajos, con los propios obreros que el consorcio despidió.

Indicó que el GUPC todavía está en la obra pero con los trabajos suspendidos por voluntad propia, y advirtió que siempre hay posibilidades de acuerdo, pero la ACP no permitirá que se mantenga la paralización en un momento de avance muy favorable cuando no hay lluvias.

“El Canal no se va a someter al chantaje de nadie”, afirmó en respuesta a un último comunicado del GUPC que amenaza de nuevo a la ACP con un litigio que impondrá y puede durar años y demorar la obra hasta cinco años o más.

La crisis creada por el grupo GUPC posee importante repercusión internacional, ya que son numerosas las naciones que hacen multimillonarias inversiones para adecuar sus puertos y navieras a las nuevas demandas de la ampliación canalera y su mayor apertura a la navegación mundial.

Las obras de ampliación en general, precisó, licitadas por 5 250 millones de dólares, están ejecutadas en un 72 %, mientras el tercer juego de esclusas se encuentra a un 66 %, y la parte más difícil ya está terminada. “El trabajo que resta —apreció Quijano— puede ser enfrentado por la ACP y los miles de obreros despedidos por el grupo europeo, con GUPC o sin GUPC”.

El GUPC emitió un comunicado en Madrid, la capital española, en el que precisa que continúa buscando financiamiento para finalizar las obras, algo improbable, dado el desastre de la economía española y europea en su conjunto.

Informaciones procedentes de España indican que las acciones de las empresas Sacyr e Impregilo cayeron en la mañana de este jueves entre tres y cinco puntos porcentuales en los mercados de Madrid y Roma, debido a la ruptura del diálogo.