De importante triunfo de los petroleros brasileños puede calificarse el fin, al menos momentáneo, de una huelga general de 20 días por parte de mas de 21 000 trabajadores, en la que lograron sus exigencias de reponer más de mil despedidos, y analizar con el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro la privatización de la gigantesca Petrobrás.
El paro se detuvo este jueves cuando el Tribunal Supremo del Trabajo aceptó una importante demanda. Según la Federación Única de los Petroleros (FUP), con nueve sindicatos, las masas obreras siguen movilizadas, pues puede tratarse de una estratagema del oficialismo. Horas después en Sao Paulo se realizó una concentración en apoyo a los huelguistas cuyo propósito era, además de reinsertar a los despedidos, detener la venta –hasta ahora por cúmulo de acciones- de la mayor petrolera estatal de América Latina y El Caribe.
La paralización comenzó el pasado día 1, cuando la tercera parte de la plantilla (64%) de la compañía detuvo sus labores. No les hicieron regresar a sus plataformas y plantas ni las amenazas oficiales de retenerles el salario, ni un fallo del Tribunal Supremo Federal declarando ilegal la decisión obrera, y permitiendo que entraran en nómina hasta el 90% de una nueva empleomanía, es decir, los llamados rompehuelgas.
Los obreros movilizados trabajan en 58 plataformas, 24 terminales y todo el parque de refinación de la compañía: 11 refinerías, SIX (planta de esquisto bituminoso), Lubnor (lubricantes del noreste), AIG (Guamaré).Son 113 las plantas situadas en 13 estados detenidas hasta que se anularon, hace pocas horas, más de mil despidos realizados en la fábrica de fertilizantes nitrogenados de Paraná y se aprobara también retomar la negociación colectiva.
Aunque la dirección de Petrobras afirmó ante la prensa que el movimiento sindical ¨está fuera de lugar¨ y tiene garantizadas sus actividades ¨con refuerzos de equipos de contingencia, sin impactos en la producción¨, en las redes sociales empezaron a circular falsas noticias respecto a un posible desabastecimiento de gasolina. Campaña a las que Bolsonaro está habituado y que busca dividir al pueblo y el movimiento sindical.
La mentira es tan absurda –aunque el régimen puede crear una inexistente desaparición del combustible- que el director general de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), Décio Oddone, afirmó en comunicación al Tribunal Superior del Trabajo que la huelga obrera puede crear desabastecimiento, lo cual es absolutamente falso, pues después aclaró que hasta ahora todo funcionaba de manera normal.
Una de las exigencias de los huelguistas era que se detuviera la política de desinversión, o sea, el cierre de plantas o ventas de activos a terceros, como tiene planificado el ministro de economía, Paulo Guedes, un ultraneoliberal que quiere destruir al Estado en Brasil.
Guedes llegó a decir que, si por el fuera, ¨vendería Petrobras completa¨, de una vez, según reflejo el diario O Globo.
El presidente de la petrolera estatal, Roberto Castello Branco, informó que el gobierno vendió activos fuera de Brasil y cerró algunos de sus negocios, como el de los fertilizantes, en aras, dijo, de reformar el balance financiero de Petrobras, centro de un escándalo de corrupción que desató una guerra judicial contra importantes políticos de América Latina, algunos culpables y otros acusados y estigmatizados para evitar que retornen a sus gobiernos progresistas.
Bolsonaro y su ministro Guedes quieren vender todo lo que puedan. Ellos quieren realizar, en consonancia con su política neoliberal, la mayor privatización de empresas y recursos públicos en la historia de la mayor economía latinoamericana.
Solo en los primeros nueve meses de 2019 –no aparecen aun los datos del último trimestre- el dúo se había deshecho de la participación estatal en compañías por valor de mas de 19 000 millones de dólares, de ellos 12 000 millones en áreas petroleras.
Para Guedes, el zar de la economía neoliberal, el sector privado es mas resolutivo que el estatal y defiende que la venta de activos públicos disminuirá la corrupción.
El plan para Brasil es la obtención de mas de 320 000 millones de dólares en ventas a privados y subastas de infraestructuras, entre ellas pozos petroleros, carreteras, aeropuertos y puertos, entre ellos el de Santos, el mayor de Suramérica, y el segundo más importante de América Latina y El Caribe, y la firma estatal de Telecomunicaciones Telebras, ya facturada por las ventas parciales..
Pero según la empresa encuestadora Datafolha, más de los dos terceras partes de interrogados a fines del pasado año era contrario al plan de privatizaciones.
El desacuerdo con la destrucción del Estado llevó al sindicato de los camioneros a realizar paros parciales en solidaridad con los petroleros.
FUP e sindicatos indicam suspensão provisória da greve para acumular forças na negociação mediada pelo TST. A paralisação será retomada, se não houver avanço no atendimento dos pleitos da categoria. As assembleias serão realizadas nesta quinta.
— Federação Única dos Petroleiros (@FUP_Brasil) February 20, 2020
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El pasado martes, más de 15 mil personas de distintas organizaciones y sectores se concentraron en Río de Janeiro en apoyo a las demandas de los defensores de Petrobras, según la Federación Única de los Petroleros (FUP).
LOS BOLSONARO EN PROBLEMAS
Bolsonaro padre se volvió a meter en problemas por su desenfadado lenguaje, que parece no obedecer el pensamiento crítico propio de los seres humanos.
Este jefe de gobierno evangelista, que ganó la presidencia gracias a una mentirosa campaña mediática en las redes sociales, ahora se le ocurrió insultar a la periodista Patricia Campos Mello, del Folha de Sao Paulo, con la insinuación de que la mujer quería difamarlo y había recabado información a cambio de sexo.
Según Bolsonaro, Campos buscó datos con un empleado de una empresa sospechosa de difundir noticias falsas por Whatsapp contra el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), durante la campaña electoral de 2018, cuando triunfó la ultraderecha.
El Folha de Sao Paulo desmintió las declaraciones de Hans River do Rio Nascimento, un exempleado de una las supuestas empresas de marketing digital solidarias con Bolsonaro, y publicó los mensajes intercambiados por la reportera con su fuente durante la investigación periodística para divulgar el manejo que dañaba la imagen del PT.
Por primera vez desde que asumió el Palacio de Planalto en enero de 2019, el presidente recibió el rechazo de dos de las grandes agrupaciones de la prensa corporativa de Brasil, la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) y la Nacional de Editores de Revistas (Aner), representantes de los medios conservadores y propietarios de varios órganos de prensa de gran circulación.
En esta primera manifestación de crítica contra Bolsonaro por parte de propietarios de medios de comunicación aliados de la derecha, las Asociaciones catalogaron el pronunciamiento presidencial como ¨una amenaza al ejercicio libre del periodismo¨.
En un comunicado, Aner y ANJ precisaron que ¨es desafortunado lo sucedido, pero que el presidente hace repetidamente. El aprovecha la presencia de admiradores para atacar a periodistas, indicaron, cuyo trabajo es esencial para la sociedad y la preservación de la democracia¨.
La periodista paulista denunció que sufre desde hace semanas el acoso de las llamadas ¨milicias digitales¨ de Bolsonaro, las mismas que impusieron en las redes las denuncias y formas ofensivas al PT, mintiendo y desprestigiando a sus líderes.
En coincidencia, en diciembre de 2019, la diputada Joice Hasselmann, del Partido Social Liberal, acusó al parlamentario Eduardo Bolsonaro y al concejal Carlos Bolsonaro (llamado el pitbull digital), hijos del presidente, de ser los principales coordinadores de un esquema de ataques y difusión de rumores en redes sociales.
También el tercer descendiente del clan, Flavio, está en problemas graves, aunque las denuncias en su contra aparecieron el pasado año.
Tres partidos políticos solicitaron esta semana al Consejo de Ética del Senado la conclusión de su mandato como senador, por sus relaciones con las milicias (grupos paramilitares que asesinaron a la concejala carioca Marielle Franco en 2018 cuando el era diputado por Río de Janeiro), lavado de dinero y malversación de fondos públicos.
La petición partió del PT, Red de Sustentabilidad (REDE) y Socialismo y Libertad (PSOL) que plantearon en un comunicado conjunto: ¨hay innumerables evidencias que denotan las relaciones íntimas del parlamentario con figuras centrales de la milicia en Río, como es el caso de la relación oculta con el Capitán Nóbrega, recientemente asesinado en el interior de Bahía, en la ciudad de Esplanada”.
El pasado día 18, Flavio puso en las redes un video donde se mostraba un cadáver durante un supuesto análisis de expertos, y alegó que era el miliciano Adriano da Nóbrega, lo cual fue desmentido por el secretario de Seguridad Pública de Bahía, Mauricio Barbosa, quien dijo que la publicación era falsa y perseguía cuestionar las investigaciones, indicó la multinacional Telesur.
Flavio está vinculado por testigos y detenidos al lavado de dinero robado cuando era diputado por Río de Janeiro, operación realizada por su chofer, habría ordenado el asesinato de Franco, según involucrados en el hecho, y también aparece como uno de los jefes de las milicias paramilitares surgidas aun antes del bolsonarismo.
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