Las varias caras de la paz total (+ Audio)

No es el presidente colombiano Gustavo Petro ni el primero ni el último que prevea un programa de gobierno ajustado a las necesidades de la nación pero que luego, en la práctica, deba ser adecuado al contexto del país. Así ocurre, en estos momentos, con su plan de paz total, que, como se vienen desarrollando los acontecimientos, deberá ser adaptado a las circunstancias locales, donde proliferan grupos armados con raíces y propósitos diferentes, incluidas las bandas mafiosas, como el Clan del Golfo, ejemplo típico del narco-terrorismo en las zonas rurales.

Analistas que responden a los intereses del empresariado neoliberal y la hegemonía mediática son responsables, en buena medida, de ofrecer una imagen caótica y desalentadora respecto al proceso de pacificación que el mandatario izquierdista, llegado al gobierno por el Pacto Histórico, se propuso como meta imprescindible para reestructurar las bases de una nación carcomida, entre otros problemas, por las confrontaciones armadas internas.

Quizás el líder colombiano quiso, apremiado por la experiencia de más de 50 años de enfrentamientos liderados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FAR-EP) impulsar un plan que, aunque sabía no estaría exento de contradicciones y desacuerdos, apura leyes y decretos para paliar la desigualdad social existente.

• Consulte además: Gobierno colombiano y ELN informan avances de diálogos de paz

Colombia posee una población de 51 609 000 personas, y de ellas un 39,3 % sobrevive en condiciones de pobreza. Un 42,9 % de los afectados son mujeres y el 37% hombres. El 44,6 % de los pobres se encuentra en la zona rural, el 37,8 % en la urbana y el 34,3 % en ciudades grandes.

Otra situación que golpea a los colombianos está relacionada con el empleo seguro, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Ese organismo confirmó que en febrero pasado el desempleo llegó al 11,4 % -con base a quienes buscan trabajo el último mes previo al conteo-, mientras entre los jóvenes afecta al 18,7%.

Los trabajadores por cuenta propia suman el 42% del espectro laboral, y la informalidad ronda el 59 %.

Un informe del DANE precisa que “el acceso al empleo reduce el riesgo de pobreza, pero las condiciones del desempeño mueven las posibilidades de una entrada monetaria segura”.

Las diferencias sociales, aunque visibles en todo el país, cobran ribetes dramáticos fuera de Bogotá, la capital, situada en un altiplano, y con condiciones climáticas muy diferentes al resto de la nación.

En el interior de este rico país gobierna de manera literal el narcotráfico, que aterroriza a la población con sus batallas intestinas por el control de los territorios, y también los grupos subversivos que insisten en que su lucha es por razones políticas, tratando de desligarse del negocio de las drogas.

Los altos jefes del narcotráfico residen en barrios lujosos, lejos del sonido de las armas y acumulan fortunas millonarias y hasta cargos políticos. Colombia es considerada la mayor productora y distribuidora de cocaína a nivel mundial y Estados Unidos (EE.UU.) que de manera hipócrita diseñó planes para liquidar tales movimientos –su propósito real fue aniquilar los grupos guerrilleros- el mayor receptor, con, como es conocido, la afectación física y psicológica de millones de jóvenes. Ahora cuenta con siete bases militares en esas tierras del Sur.

Tiene mucho que resolver el gobierno de Petro. Aunque organismos internacionales, como la Unesco, consideran que solo un 5,4 de los colombianos es analfabeto –partiendo del criterio de los que saben firmar su nombre y apellido- la educación media se encuentra por debajo del 50 %. O sea, sin posibilidades reales de continuar estudios de nivel superior.

La miseria y la muerte asola los campos colombianos, donde también se produce, según expertos, el mejor café de la región.

UNA PAZ TOTAL ES CASI UNA QUIMERA

Gustavo Petro es un experimentado político, que ocupó un escaño en el Senado y fue alcalde de Bogotá. Considerado un hombre de izquierda, es el primer presidente en la historia nacional que profesa esa ideología. En las últimas décadas Colombia estuvo en manos de la derecha, cuyo líder, el exmandatario Álvaro Uribe se alió a Estados Unidos en el llamado Plan Colombia para supuestamente liquidar el narcotráfico, cuando en realidad el propósito era acabar con los focos guerrilleros. Jamás movió un dedo para sacar del país a los narcos, en tanto alentó el fomento del paramilitarismo cuando fue gobernador de Antioquia (1995-1997).

Petro, quien en su juventud militara en el movimiento guerrillero M-19, desmovilizado en los años 90 del pasado siglo, recibió de manos del derechista Iván Duque un país lacerado por las masacres de líderes sociales y de exguerrilleros de las FARC-EP que suscribieron el acuerdo de paz alcanzado hace seis años por esa fuerza con el expresidente Juan Manuel Santos.

Las FARC-EP aceptaron el desarme total en el documento firmado en 2016 en  La Habana, Cuba, y se convirtieron en un partido político sin seguidores en la práctica. Desde entonces, sus antiguos miembros son aniquilados cada día. Entre enero y marzo de este año resultaron asesinados 33 dirigentes y excombatientes por sicarios del crimen organizado.

Es este, a grandes rasgos, el panorama que encontró Petro, su vicepresidenta Francia Márquez y su Ejecutivo, cuando asumieron en agosto del pasado año.

Como emblema de su administración enarbola la paz total, a pesar de todavía ser un proceso de difícil concreción.

El presidente trató, por lo que se observa hasta ahora, de brindar un mismo tratamiento a todos los grupos armados, declarar la búsqueda de la pacificación absoluta, y se empeñó en ese propósito y en otros asuntos también muy importantes, como la recuperación del prestigio internacional del país y el retorno de las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Sin embargo, pasados varios meses, la ambiciosa tarea se ha complejizado porque aunque en un primer momento las guerrillas activas y sus disidencias aceptaron la posibilidad de acercarse al gobierno izquierdista, la práctica demuestra que cada uno de esos actores tiene sus propias características, razones de lucha, actuaciones, y entendimiento de hasta dónde pueden llegar con un gobierno que aunque es diferente en cuanto a sus motivaciones ideológicas, representa la autoridad, dirige los cuerpos armados, y muestra mano dura cuando es necesario.

Este mes ocurrieron distintos acontecimientos que pusieron un compás peligroso de inflexión de las conversaciones en curso con el Ejército de Liberación Nacional, una activa guerrilla que mantiene entre sus principios la derrota de la política entreguista de los anteriores regímenes colombianos.

Una discrepancia surgida a partir de declaraciones presidenciales que no fueron bien recibidas, motivaron intercambio de criterios subidos de tono entre las partes y de nuevo el entendimiento para mantener el avance alcanzado hasta ahora.

Diferentes son las circunstancias con las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), con más de 3 500 hombres armados. El cese al fuego bilateral se detuvo a partir de una orden presidencial, cuando se conoció que tres adolescentes indígenas incorporados al EMC fueron ajusticiados por un incorrecto comportamiento, según la dirección de esa ilegal organización.

Aunque el EMC negó que haya reclutado a los menores –una práctica común entre los grupos subversivos- sí reconoció la ejecución de los supuestos  traidores, lo que dejó consigo repudio e incomprensión no solo en las esferas oficiales.

Eventuales conversaciones son difíciles con la Nueva Marquetalia, una rama disidente de las FARC-EP que retornaron a la lucha armada al sentirse burlados en el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado con Santos, ya que la mayoría de los acápites son letra muerta y sus suscriptores son asesinados sin que la justicia intervenga contra los sicarios.

Las bandas de narcotraficantes que operan en el departamento de Antioquia constituyen otro punto caliente para encontrar la tranquilidad que tanto precisa Colombia y propone Petro, ya que los tentáculos del negocio de la mortífera droga se mueven por el aparataje estatal y militar, amén de las corporaciones que manejan el trasiego internacional de tales productos.

Millares de familias campesinas colombianas sobreviven gracias a la siembra de las plantas que se convierten después en cocaína, trasladada luego por aire, mar y tierra a través del territorio nacional y países fronterizos.

Petro inició el proceso de paz con la ilusión de un infante aunque con los pies sobre la tierra. Sin embargo, la realidad es diferente porque en su conjunto las guerrillas insisten en que luchan contra un sistema que, aunque no sea su ideología, el representa todavía, ya que hay mucho que cambiar en las estructuras socio-económicas nacionales para que cesen las armas y la vida de los exsoldados sea respetada.

La media hegemónica colombiana, vocero de los intereses de la oligarquía, pretende fomentar en la ciudadanía la idea de que la paz es imposible y Petro ya fracasó. No es así. El gobierno izquierdista sí se verá obligado, precisan estudiosos, a cambiar determinados parámetros para entenderse con las distintas fuerzas guerrilleras, respetando las características particulares de cada una.

Incluso el término de paz total tiene que ser forzosamente cambiado por el de paz regional, según se vayan obteniendo avances en las conversaciones, que son lentas y deben ser bien pensadas para evitar errores irreversibles.

El gobierno izquierdista debe replantearse este largo proceso con cabeza fría y presupuestos diferentes, tomando en cuenta el interés guerrillero de alcanzar la paz y transformar las regiones con planes económicos concretos. La vida indica que el radio de acción donde actúa la guerra es finito, sin posibilidades de extenderse en el ámbito político desde una Colombia profunda y corrupta.