¿Haití ante nueva intervención extranjera?

El primer ministro haitiano Ariel Henry solicitó una intervención extranjera para tratar de sacar a su país de la crisis generalizada en que, en buena medida, lo colocó su incapacidad política. Ahora la situación le resulta incontrolable. Empero, son muchas las voces que rechazan la presencia foránea, de triste recordación en las más empobrecidas tierras de América Latina y el Caribe.

Aunque la Organización de Naciones Unidas (ONU), y Estados Unidos (EE.UU.) ya se pronunciaron de manera positiva para complacer a Henry, y a pesar de las grandes movilizaciones públicas contra su solicitud, en estos momentos comienza a crecer el cólera –enfermedad introducida por tropas extranjeras en 2010- en la población civil. Difícil que envíen allí a sus soldados.

Desde que el presidente Jovenal Moïse fue asesinado en su domicilio el 7 de julio de 2021 y Henry asumió el cargo para el cual fue designado dos días antes del magnicidio, la situación interna se ha complejizado, aunque siempre existieron algunos males –como la corrupción, el narcotráfico, la indigencia- que se han tornado endémicos en ese pequeño estado caribeño.

El pueblo haitiano es infeliz. Apenas sobrevive en un territorio poco favorecido por la naturaleza, pues ocupa la parte menos productiva y más pequeña de la isla La Española, que comparte con República Dominicana, una nación que trata de evitar la emigración desde su vecina y construye un muro de 164 kms para cerrarle el paso a los que huyen de la violencia y la pobreza.

En estos momentos, Haití, que sufre de huracanes y terremotos por su posición geográfica, es dominada por un centenar de bandas de delincuentes comunes y narcotraficantes, estos últimos armados con modernos equipos de procedencia estadounidense. Estos grupos asesinan, secuestran, abusan sexualmente de mujeres y niñas, acciones que los ubican entre los terroristas más violentos de la región.

En agosto pasado, el agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU., Anthony Salisbury, reconoció el "aumento sustancial" del tráfico ilegal de armas de distinto tipo desde su país hacia Haití, y el "alto incremento" del calibre de ese equipamiento.

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La codicia de Henry, quien no quiso convocar a elecciones generales en el momento preciso, la ineficiencia de una policía con bajos salarios, vinculada incluso –según opinan algunos medios políticos- a la delincuencia para sobrevivir, sitúan a Haití en un punto en que podría haber alguna salida de la situación, pero solo si hubiese unidad en la oposición y los movimientos sociales y si el primer ministro estuviera dispuesto a entregar el gobierno.

El pasado julio, hombres armados y encapuchados ingresaron a la iglesia católica Asamblea de Dios de Puerto Príncipe, la capital de Haití, donde transcurría con normalidad una misa de domingo. En una rápida acción, secuestraron y asesinaron al inspector de policía Réginald Laleau, quien lideraba una unidad que con regularidad patrullaba un territorio controlado por una de las bandas más temidas de la ciudad, los 400 Mawozo. Ese mes, la lucha entre las cuadrillas rivales dejó más de 200 muertos solo en Puerto Príncipe, la capital.

Aunque son datos imprecisos, se estima que en Haití operan cerca de un centenar de bandas, algunas de gran poder, como la G9, una federación formada por nueve partidas que controlan puertos y terminales petroleras de la ciudad, lo que le otorga un dominio absoluto sobre gran parte de la economía.

Dirigido por el exoficial de policía Jimmy "Barbecue" Chérizier, el G9 es conocido por secuestrar camiones que transportan mercancías y extorsionar a las empresas dueñas de los productos tomados.

Pero la mayor franja de territorio es dominado por la 400 Mawozo. El año pasado se hizo famosa por secuestrar a 17 misioneros estadounidenses, incluidos niños.

La influencia de 400 Mawozo tampoco se limita a la capital. Controla la carretera a la frontera con República Dominicana y el acceso al norte del país.

¿QUÉ PASA CON LA INTERVENCIÓN?

A pesar del actual brote de cólera y de las amargas experiencias dejadas por las intervenciones extranjeras en Haití, entre ellas la de los llamados Cascos Azules de la ONU, la petición de Henry puede convertirse en realidad.

El secretario general de la ONU, António Guterres, presentó el pasado domingo una carta con opciones para "mejorar el apoyo" en materia de seguridad para Haití, un día después de que el Departamento de Estado de EE.UU. informara que evaluaba la petición de Henry, en coordinación con sus socios, para determinar cómo podía "aumentar" allí su eventual cooperación.

Aunque Guterres hizo un llamado para que los haitianos "superen sus diferencias y participen, sin más demora, en un diálogo pacífico e inclusivo sobre un camino constructivo a seguir", y sopesó el despliegue de una "fuerza de acción rápida", que puede ser de pronóstico reservado.

En su comunicación al Consejo de Seguridad, el secretario general sugiere que la operación no se desarrolle bajo el paraguas de la ONU, sino que esté liderada por un Estado miembro que la ejecutaría en solitario o con el apoyo de otras naciones.

Explicó que “la fuerza, en particular, apoyaría a la Policía Nacional de Haití principalmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe para asegurar el libre movimiento de agua, combustible, comida y suministros médicos desde los principales puertos y aeropuertos a comunidades e instalaciones sanitarias”.

Las palabras del secretario cayeron como una lápida sobre la población haitiana, que conoce el desastre dejado por las fuerzas de paz o Cascos Azules de esa institución, los cuales ocuparon Haití entre 2004 y 2014 dejando tras de sí una estela de violación de los derechos humanos.

Esos soldados de distintas nacionalidades recibieron duras críticas de los pobladores a quienes se suponen iban a proteger en momentos de tensión política y ambiental. Sin embargo, trajeron el cólera, desconocido en Haití, por mediación de un militar senegalés, que dejó más de 9 000 muertos y ahora rebrota, así como la violación de niñas y mujeres, que en su mayoría quedaron embarazadas y abandonadas.

Por esas razones, y porque quedó demostrado que las tales tropas de pacificación nada resuelven, es que la población, partidos opositores, organizaciones sociales y de derechos humanos están movilizados en las calles exigiendo la renuncia de Henry y el rechazo a una intervención. Ante los rumores de que el primer ministro había abandonado el cargo, las calles haitianas se llenaron de júbilo, pero el gobierno desmintió formal y categóricamente la información transmitida, en particular, en las redes sociales.

En ese contexto, nueve de los diez senadores habilitados en ese país, donde el Congreso Nacional está cerrado, también solicitaron al primer ministro que no se tome atribuciones que, dijeron en un comunicado, solo competen al presidente de la República.

Los legisladores plantearon que resulta vergonzoso que los propios haitianos no puedan resolver sus problemas internos y tengan que acudir a organismos internacionales para encontrar el camino hacia la pacificación y la democracia.

El pasado domingo cientos de emigrantes del país caribeño y simpatizantes de su causa se dieron cita en Washington, la capital estadounidense, mientras en Puerto Príncipe y otras ciudades importantes las movilizaciones callejeras cumplían un mes, de lunes a lunes, a pesar del peligro de los pandilleros movilizados en motos y vehículos ligeros.

También el Partido Democrático de Haití, Lòd Demokratik recalcó su oposición ante una intervención militar en el país y llamó a aunar fuerzas para enfrentar la crisis nacional.

En este sentido, el representante de la coalición política, Jean Renel Sénatus, enfatizó que ante la crítica situación desatada por la delincuencia armada, es necesario el fortalecimiento de las instituciones responsables de la seguridad nacional, como la policía y el ejército.

Desde hace cuatro meses, las pandillas mantienen bloqueado el acceso a la principal terminal petrolera Varreux, situada en Cité Soleil, la cual almacena cerca del 70 por ciento de los carburantes del país. Los precios del producto han subido de manera tal que resulta imposible adquirirlo en contrabando. El gobierno advirtió que no puede continuar subsidiando el poco que puede venderse a la ciudadanía.

La actitud criminal y terrorista de estos grupos armados ilegales y sus patrocinadores limitan el funcionamiento de hospitales y empresas potabilizadoras de agua, en medio de un resurgimiento del cólera.

También resulta imposible que los estudiantes vuelvan a las aulas y crecen las dificultades de aprovisionar de comida a las ciudades, en un país donde al menos un 43 % de la población posee inseguridad alimentaria.