El plan es derrocar al gobierno de Nicaragua

La violencia desatada en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, con saldo de cerca de 90 fallecidos y casi mil heridos, y la decisión unilateral de la Conferencia Episcopal de suspender el diálogo nacional que devolvería la paz al país, mantiene a la población expectante.

La Conferencia Episcopal, mediadora y testigo del proceso, congeló las conversaciones debido, dijo, a los últimos atropellos violentos en el país, de los cuáles responsabiliza a partidarios del gobierno, pese a que el Ejecutivo rechaza de manera reiterada esas acusaciones.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional presidido por Daniel Ortega denunció que la actual situación de actos delincuenciales es generada por grupos políticos de oposición con agendas específicas, lo cual, aseguró, constituye una conspiración.

Esos intereses, destacó, pretenden seguir destruyendo la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses, que hasta hace menos de dos meses disfrutaban de la paz.

En las últimas horas se conoció el asesinato del ciudadano estadounidense Sixto Henry Vera, radicado en Managua, donde era propietario de un bar y un restaurante, supuestamente por un grupo vandálico.

Testigos aseguraron que Vera recibió una llamada telefónica para que fuera a socorrer a un amigo agredido, pero después lo encontraron muerto en la calle junto a dos vehículos incinerados.

Aunque sin conclusiones sobre este suceso, se estima que fue una victima más de criminales y delincuentes que dicen ser estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua, pues el cuerpo se encontraba en las inmediaciones de esa institución.

Hasta ahora, Nicaragua era considerada la nación más segura de Centroamérica y una de las más prósperas bajo la conducción del sandinismo.

El pretexto para iniciar las acciones contra civiles y militares, instituciones estatales y privadas, fue el decreto presidencial que preveía reformas a la seguridad social, cuyo fin, según el oficialismo, era equilibrar las pensiones más bajas.

Lo que comenzó como una protesta pacífica de quienes, al parecer, no comprendieron la finalidad de la resolución, revocada de inmediato por Ortega ante las señales de inconformidad, se transformó en ataques y atentados que recordaron la actividad de la contrarrevolución en Venezuela en 2014 y 2017 cuando la oposición movilizó seguidores y vándalos para desestabilizar el país.

En noviembre del 2016, en elecciones generales supervisadas por organismos internacionales y observadores locales, Ortega y su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, obtuvieron el 72,5 % de los votos. Hasta entonces y para continuar como método de dirección política en su tercer mandato consecutivo, mantendría la alianza de conciliación de los sectores políticos, empresariales y eclesiásticos nicaragüenses, entre otros actores.

La oposición de Nicaragua reconoce que nunca alcanzará el poder en las urnas, ya que carece de un programa económico coherente, de inclusión social. Al aplicar tales métodos, el sandinismo logró prosperidad en general, y en especial en la economía, con un crecimiento anual en torno al 5 % anual.

Con el transcurso de los días, las movilizaciones contrarrevolucionarias se hicieron más fuertes y se expandieron por las grandes ciudades.

El GURN entendió que sentarse a una mesa de negociaciones era la única solución para detenerlas, pues en las supuestas protestas matan civiles inocentes, roban establecimientos, incendian inmuebles estatales y privados, entre otras fechorías.

Nicaragua es un país pacífico. Es el que ha sufrido más invasiones de Estados Unidos en Latinoamérica, y fue sometido de inmediato, luego del triunfo revolucionario del FSLN en 1979, a una dura guerra de los llamados “contra”, que costó la vida a millares de ciudadanos.

A pesar de esos antecedentes y en aras de alcanzar la paz, no hubo, empero, posibilidad alguna de entendimiento en las conversaciones, ya que la oposición planteó como principal demanda la renuncia incondicional de Ortega.

Por el desarrollo de los acontecimientos es evidente que Nicaragua forma parte del plan de derrocamiento de gobiernos progresistas y revolucionarios en América Latina bajo órdenes de Estados Unidos. La estrategia es eliminar a Ortega y poner un títere en su lugar que responda a intereses capitalistas. Con ello recobra otro país en Centroamérica y evade, piensa, la zona de influencia de China en la región, donde posee un mega-negocio con los sandinistas al encargarse de la construcción del canal interoceánico ya en marcha.

La situación se torna más clara con la intromisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), invitada por el mandatario a los últimos comicios, que luego recomendó la aplicación de 15 medidas para la “democratización del país”, entre ellas, reformas electorales y adelanto de comicios presidenciales.

Algunos sectores políticos y sociales envueltos en el diálogo de paz aceptaron esa variante, en concordancia con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, un fracasado en sus planes injerencistas contra Venezuela.

En ese círculo de negociadores hubo grupos de la autodenominada sociedad civil, movimientos políticos de la ultraderecha sin representatividad popular, figuras ultraconservadores de la jerarquía católica, de la empresa privada y estudiantes e infiltrados de baja calaña. El interés era politizar la crisis y encaminar a Nicaragua hacia una injerencia foránea.

Para esos contrarrevolucionarios el diálogo constituye un obstáculo y por ello desoyen los llamados de un gobierno constituido legalmente y del FSLN, un partido de gran fortaleza que mueve multitudes.

¿Qué pasaría en la tierra de Augusto César Sandino si —ya con conciencia del complot armado— el sandinismo da una respuesta de la misma magnitud de los ataques recibidos?

La oposición está ganando terreno y cada día —según se comporta la situación— las movilizaciones —se supone— serán mayores y de más difícil control por las fuerzas públicas.

La masa sandinista, según expertos, no se dejará arrebatar las conquistas alcanzadas bajo el mando de Ortega, entre ellas, empleo, salud y educación gratuitas, viviendas, subsidios para los más vulnerables, entre otros grandes planes de inclusión social.

Sin embargo, una respuesta de defensa del sandinismo en las calles sería darle elementos a una media internacional que acusa al gobierno de dictadura, de violador de los derechos humanos, y que, nadie duda, llamará a una intervención de la OEA, y con ella de Estados Unidos en una nación soberana.

La única posibilidad viable para detener la crisis es el retorno a las conversaciones con respeto a la presidencia y al orden democrático y constitucional para darle una oportunidad a la paz, lo cual, en apariencia, no será posible por el momento.