El derechista Martinelli “se cuela” en PARLACEN

El ex presidente panameño Ricardo Martinelli, fuerte aliado de la derecha de Estados Unidos, fue investido como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), pero lo hizo por la puerta de atrás, casi a escondidas, cuando ni siquiera hubo quórum suficiente para aceptarlo, temeroso de un rechazo por sus actitudes poco amables hacia esa organización a la que calificó de “cueva de ladrones”.

Martinelli, nacido en la ciudad de Panamá en 1952, acusado de turbios manejos durante su gestión (2010-2014), se juramentó en el PARLACEN el pasado día 1, el mismo día que su sustituto en la Primera Magistratura, Juan Carlos Varela, juraba como el nuevo líder del Istmo. Ni siquiera, por una cuestión ética, asistió a la toma presidencial.

La actitud de este político ultraderechista respecto al Parlamento Centroamericano ha sentado un precedente en esa organización regional a la que pueden pertenecer ex jefes de gobierno, si así lo desean.

Al contrario de otros de sus pares sin inmediato interés de incorporase al Parlamento, el multimillonario empresario panameño fue juramentado a las prisas en una sesión extraordinaria, también insólita, en Guatemala, sede de la entidad, cuando estaban presentes solo 30 de los 70 miembros de la junta directiva que debían darle el visto bueno.

Ese grupo regional, con sede en la capital guatemalteca, está integrado por 120 diputados —la mayoría electos en las urnas— de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Para expertos, la prisa de Martinelli tiene como fundamentación la búsqueda de impunidad que le otorga el PARLACEN para librarse —si así fuera el caso— de las acusaciones de corrupción cometidas durante su mandato, las cuales involucran incluso a algunos de sus familiares.

El ex mandatario —que dijo desconocer a la entidad regional centroamericana cuando se refirió a ella como “guarida de botelleros”— goza ahora de los mismos privilegios que los diputados de la Asamblea Nacional de su país. Solo podría, si llegara ese momento, ser procesado por la Corte Suprema de Panamá, donde cinco de los nueve magistrados actuales fueron designados por él y se les consideran parte de su cofradía política.

Incluso, como conoce el peligro de ser acusado de los casos de corrupción en que se ha visto envuelto o al menos salpicado, el ex jefe de gobierno modificó el Código Procesal Penal, el cual establece ahora un nuevo mecanismo en la investigación de los parlamentarios diseñado a su favor y la de sus socios.

Acusado por partidos opositores de corrupción en distintas etapas de su vida política y de su partido Cambio Democrático (CD), el nuevo diputado de PARLACEN cuenta con un historial de corrupción personal o de permitirla a figuras de su entorno, en especial, sus parientes.

Este individuo, dueño de la cadena de Supermercados 99, una de las empresas privadas más grandes del país, lo es también de la Importadora Ricamar, del Gold Mills de Panamá, el Global Bank y otras entidades económicas importantes. Pertenece, además, a las juntas directivas de distintas firmas.

Algunos de sus opositores lo califican de contradictorio, racista y petulante. Aliado firme de la derecha, envió un representante personal a Honduras en el 2010 para apoyar el golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya. Todos conocen que la salida de Zelaya fue orquestada desde la Casa Blanca con el apoyo interno cívico-militar.

También fue notoria su injerencia en la vida política de Venezuela sobre la que dio negativas opiniones y propició la ruptura de relaciones este año entre las dos naciones, ya restituidas por Varela.

Siempre jugando en la banda de la que pueda sacar mejor provecho, asumió una posición nacionalista cuando se creó la fricción entre la dirección del Canal de Panamá y las empresas europeas encargadas de la ampliación de la vía interoceánica. Sin embargo, para la población que ha sido víctima de sus medidas antipopulares, en esa ocasión se trató de otra astucia para que ganara el candidato de Cambio Democrático en las pasadas elecciones.

En el caso de PARLACEN, donde se juramentó en horas, reconoció que antes consideraba a esa entidad como una cueva de ladrones, pues no tenía la más remota idea de qué era el organismo, ni de qué era la integración centroamericana, ni qué era el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), un criterio poco creíble para quien era mandatario de una nación de esa región y, mucho más, economista y dueño de grandes emporios.

Incluso, fue más lejos. En mayo de 2009, ya en la sede de gobierno de Las Garzas, anunció la salida de Panamá de PARLACEN, pues “cada vez que tenemos un escándalo involucra a alguien de ese organismo”, entre ellos, por cierto, Ramón Ricardo Martinelli, su primo, quien se acogió a su fuero de diputado centroamericano para evadir un proceso por el presunto cobro de cuotas a empleados públicos destinadas al partido Cambio Democrático —del cual era tesorero— durante el período de Mireya Moscoso, la presidenta que puso en libertad al terrorista Luis Posada Carriles, preso en su país por volar una nave de Cubana de Aviación con 72 personas a bordo.

Con la posición de Martinelli, Panamá suspendió entonces la cuota anual de 1.7 millones de dólares aportados por cada una de las ocho naciones miembros del PARLACEN, ya que consideró “inoperante y costoso” el gasto de esa cifra.

“¿Han oído al PARLACEN hablar del problema de Honduras? ¿Hay una ley que se ha pasado en el país en los 20 años de estar en el PARLACEN? Ese es un lugar para una cantidad de perdedores. Ni van, se quedan a parrandear, a chupar con inmunidad”, aseguró en 2009, mientras cinco años después, de manera apresurada, se acogió a su derecho de entrar en el juego de los “chupadores con inmunidad”.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia panameña echó abajo la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009, por declararla inconstitucional, que suscribía la salida de Panamá del bloque centroamericano.

Es improbable que la investidura de Martinelli en el PARLACEN se revise de inmediato, como solicitan las bancadas de los partidos Panameñistas (PPa), Revolucionario Democrático (PRD) y Popular (PPo) de Panamá, pues una de las artimañas del ex gobernante son sus marañas de compra y venta de votos en los órganos legislativos.

El diputado panameño por el Partido de la Revolución Democrática, Dorindo Cortés, declaró a la agencia Acan-Efe que los tres colectivos políticos suscribieron un documento en el que solicitan a la junta directiva del Parlamento Centroamericano que revise la legalidad de la juramentación, al no existir quórum suficiente para aceptarlo.

Cortés, vicepresidente del PARLACEN, afirmó que esa acción es “absolutamente irregular” y que el exjefe de gobierno solo busca impunidad ante los delitos cometidos en su mandato.

Si prospera la petición de los parlamentarios panameños, es muy probable que el organismo centroamericano le exija a Martinelli explicaciones sobre su apresurada juramentación y las operaciones fraudulentas de que es acusado. De ello dependería que sea aceptado.

Mientras, Juan Carlos Varela, el nuevo presidente electo de Panamá, del Partido Panameñista de tinte conservador, en menos de un mes fijó los precios para los alimentos, como había prometido en su campaña, y solicitó la renuncia de funcionarios vinculados a su antecesor para, afirma, poner fin al anterior gobierno paralelo.

Hasta el último día de este mes tienen como plazo las autoridades anteriores que aún se resisten a renunciar, o se emprenderán acciones legales en su contra.

Solo tres han salido de la égida gubernamental: Roberto Linares, ex director de la Autoridad Marítima de Panamá, Juan Carlos Pino, ex gerente de Tocumen S.A., la empresa que dirige el complejo del aeropuerto internacional capitalino, y Jorge García, miembro de su Junta Directiva.

La Contralora de la República, Gioconda Torres de Bianchini, una ex empleada de Supermercado 99, de Martinelli, afirmó que entregará su renuncia, aún sin confirmar.

Quizás el caso del robusto mandatario quede sepultado por unos cuantos millones de dólares —que no necesita— para evitar la cárcel o al menos verse envuelto en tribunales, o, y es lo más probable, no retorne a Panamá a enfrentar sus pecados civiles. El tiempo dirá.