No se puede hablar de la política migratoria cubana sin mencionar el rol esencial de Estados Unidos a lo largo de su historia. Desde el mismo triunfo de la Revolución en enero de 1959, quedó clara la estrategia migratoria estadounidense hacia Cuba, caracterizada por la agresividad y el interés desestabilizador y subversivo.
A partir del 1 de enero de 1959 Estados Unidos comenzó a aplicar una política migratoria para Cuba dirigida en un primer momento a ofrecer protección y asilo a los asesinos, esbirros, torturadores, malversadores y ladrones de la tiranía encabezada por Fulgencio Batista. Luego, se lanzaron a estimular la emigración ilegal de ciudadanos cubanos hacia ese país, dando prioridad a los profesionales y personal calificado.
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Poco a poco, Washington fue suspendiendo los vuelos regulares y las vías para la salida legal desde Cuba. Al mismo tiempo, empezaron a otorgar automáticamente el estatus de refugiado a todo ciudadano cubano que arribara al territorio estadounidense.
De hecho, tan solo en el período entre 1959 y 1962, 274 000 cubanos emigraron a Estados Unidos. De ellos, los primeros 70 000 ingresaron a ese país sin mediera trámite migratorio alguno.
Luego, una serie de acontecimientos marcaron una nueva etapa del proceso migratorio externo cubano: la ruptura las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en 1961, los acontecimientos de Playa Girón, el desenlace de la Crisis de Octubre, de la instauración del bloqueo económico, comercial y financiero y la suspensión de los vuelos directos entre los dos países entre 1962 y 1965 provocaron la interrupción del flujo migratorio y, por tanto, un potencial sin salida por vía legal.
El régimen de visados era manipulado y a su vez se incentivaba las salidas ilegales, otorgando el status de refugiado a los ciudadanos cubanos que llegaban a territorio estadounidense. Comenzó, además, un proceso de radicalización de la participación política de la emigración y de sus agrupaciones contrarrevolucionarias. Así mismo, se intensificó la emigración hacia terceros países como Canadá, México, España y Venezuela.
La estrategia migratoria estadounidense hacia Cuba quedó clara una vez más en 1966, cuando entró en vigor la Ley de Ajuste Cubano, una política migratoria inmoral y discriminatoria con el propósito de incentivar las salidas ilegales de ciudadanos cubanos hacia ese país. Única de este tipo en el mundo, ofrecía a los cubanos que llegan a los Estados Unidos por vías ilegales privilegios que no reciben ciudadanos de ninguna otra nacionalidad ni país.
En 1995, como memorando de la Ley de Ajuste Cubano, entró en vigor la política de “Pies Secos-Pies Mojados” que permitía a los cubanos que tocaban suelo estadounidense permanecieran de manera legal en el país, trabajar y solicitar beneficios monetarios, sociales y médicos, así como la residencia permanente a partir de un año de su llegada. Fue implantada con el fin de estimular a los cubanos a abandonar el país de forma ilegal poniendo en peligro sus vidas bajo la ilusión del sueño americano.
Así mismo, en 2006, George W. Bush creó el Programa para Profesionales Médicos Cubanos que permitía la entrada de los profesionales de la salud que participaran en misiones internacionales del gobierno cubano a los Estados Unidos. Además, concedía visados y condición de refugiado al personal médico.
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Si bien el presidente estadounidense Barack Obama puso fin a ambas políticas en 2017, la incongruente y arbitraria política migratoria aplicada por Washington contra Cuba, sumado al incentivo de la Ley de Ajuste, ha provocado, desde 1965, tres grandes oleadas migratorias: Camarioca, 1965; Mariel, en 1980, y la denominada “crisis de los balseros”, en 1994.
Precisamente, después de las dos últimas crisis migratorias mencionadas se produjeron varias rondas de conversaciones entre ambos países, que concluyeron con la firma, en 1984, del Acuerdo de Normalización de las Relaciones Migratorias, donde Estados Unidos asumió el compromiso de otorgar hasta 20 mil visas anuales. Sin embargo, no lo cumplieron y crearon así las condiciones para la crisis migratorio de 1994. Además, se acordó que Cuba recibiría 2 746 emigrados “excluibles”, una parte de los que se habían marchado por el puerto de Mariel en 1980. No obstante, entre 1985 y 1987, los acuerdos quedaron suspendidos ante la denuncia realizada por Cuba de las trasmisiones ilegales de Radio Martí, desde territorio estadounidense.
Más tarde, se llegó al Acuerdo Migratorio del 9 de septiembre de 1994 y la Declaración Conjunta del 2 de mayo de 1995. Estados Unidos retomó el compromiso de otorgar un mínimo de 20 000 visas anuales a cubanos que deseen emigrar a su territorio. Se establecieron las rondas semestrales de conversaciones migratorias para el chequeo del cumplimiento de los acuerdos. En dichas reuniones Cuba ha llamado la atención sobre las irregularidades en el cumplimiento de los Acuerdos que persisten por parte de Estados Unidos y que contradicen y violan la letra y espíritu de estos documentos.
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En el 2017, Cuba y Estados Unidos firmaron un acuerdo migratorio refrendado en una Declaración Conjunta, lo cual reflejó la voluntad del gobierno cubano para adaptar las políticas migratorias de aquel momento a las condiciones del futuro.
Sin embargo, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos hizo todo lo posible para evitar la entrada a su país de emigrantes cubanos. En diciembre de 2018 Trump anunció el cierre del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en su oficina local de Cuba.
Esta medida trajo consigo la interrupción injustificada del otorgamiento de visados a los cubanos, obligándolos a viajar a terceros países sin garantía alguna, y al incumplimiento de la cuota de visados establecida por los acuerdos migratorios. Además, la decisión ha impuesto altos costos económicos a los viajes familiares y de intercambio en múltiples áreas.
Así mismo, en marzo de 2019 Trump anunció la reducción para los cubanos del tiempo de validez de la visa B2 de cinco años a tres meses, con una sola entrada, con la excusa de mantener una reciprocidad con el tratamiento de Cuba a los estadounidenses.
Durante todos estos años, la voluntad y compromiso del gobierno cubano ha sido la misma: garantizar la migración regular, segura y ordenada, así como cumplir cabalmente con cada uno de los acuerdos migratorios establecidos entre ambos países.
REFORMAS MIGRATORIAS EN CUBA
El 16 de octubre de 2012, el gobierno cubano anunció profundos cambios en su política migratoria. Así, el 14 de enero de 2013 se comenzó a implementar las medidas de actualización de la política migratoria, cuyo objetivo fue y sigue siendo profundizar y diversificar los lazos entre la Nación y su emigración, así como garantizar un migración ordenada y segura.
Dichas medidas facilitaron los trámites asociados a los viajes de cubanos al extranjero y su ingreso al país. Quedó establecido que los cubanos pueden salir del país y permanecer por 24 meses en el extranjero sin perder su condición de residente en la Mayor de las Antillas.
Así mismo, los titulares de pasaporte corriente no requieren permiso de salida del país ni carta de invitación por parte de las autoridades cubanas y se extendió de 60 a 90 días el tiempo de permanencia temporal de los emigrados cubanos que visiten el país.
El 22 de abril de 2016, el Gobierno de la República de Cuba decidió adoptar las nuevas disposiciones, como parte de un proceso de estudio continuo de las normas migratorias. Mientras tanto, en enero de 2018 entró en vigor otro grupo de medidas donde, por ejemplo, quedó eliminado el requisito de avecindamiento para que los hijos de cubanos residentes en el exterior, que hayan nacido en el extranjero, puedan obtener la ciudadanía cubana y su documento de identidad.
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CUBA Y SUS RELACIONES CON LA EMIGRACIÓN
A pesar de los años de hostilidad de los gobiernos estadounidenses hacia Cuba y de utilizar a la emigración cubana como arsenal para dinamitar la Revolución, el país ha defendido la normalización de los vínculos con sus emigrados.
En diciembre de 1977 llegó a Cuba el Primer Contingente de la Brigada Antonio Maceo conformada por jóvenes emigrados, en una importante muestra de la voluntad del gobierno cubano de normalizar las relaciones con los emigrados.
Un año después, el 6 de septiembre de 1978, Fidel Castro, durante una entrevista con un grupo de periodistas cubanos y norteamericanos, invitó a personalidades representativas de la comunidad cubana en Estados Unidos a sostener un diálogo abierto sobre temas de interés mutuo.
En el encuentro, que finalmente sucedió los días 20 y 21 de noviembre de 1978 -hoy se conoce como el Diálogo de 1978- participaron 75 figuras representativas de todo el espectro de la emigración en Estados Unidos y otros países. Esto permitió la excarcelación y salida de más de tres mil presos y ex presos contrarrevolucionarios, avanzar en la creación de las bases fundamentales de nuestra política hacia la emigración, aumentar los contactos entre la nación y su emigración, incluyendo el inicio de las visitas regulares de emigrados al país. Este proceso fue hostigado y sus principales protagonistas sufrieron amenazas y actos terroristas que costaron vidas como las de Carlos Muñiz Varela y Eulalio Negrín.
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Así, mismo, en 1994 se celebró la I Conferencia “La Nación y la Emigración”. Como resultado se adoptaron medidas entre las que destacan la creación de la Dirección de Asuntos de Cubanos Residentes en el Exterior en el MINREX, la eliminación del requisito que establecía que, si un cubano emigraba legalmente, debía esperar al menos cinco años para retornar al país de visita y la autorización a jóvenes cubanos residentes en el exterior a cursar estudios de postgrado en Cuba.
Al año siguiente, se realizó la II Conferencia donde se acordó la introducción de la Vigencia de Viaje, permiso de entradas múltiples que permitía a sus portadores permanecer en Cuba hasta 3 meses.
En 2004 fue la III Conferencia “La Nación y la Emigración” que trajo consigo la creación de un programa de cursos de verano de idioma español, historia y cultura cubanas, especialmente diseñado para descendientes de cubanos residentes en el exterior y nuevas medidas dirigidas a hacer más expeditos y seguros los procedimientos aduanales, lo cual incluyó el sistema de valoración por peso del equipaje.
La IV Conferencia estaba pactada del 8 al 10 de abril de 2020. Sin embargo, la COVID-19 provocó su aplazamiento. Aun así, en estos tiempos de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba y de pandemia, la emigración cubana ha sido clave en la voluntad de ambas partes de crear puentes de amor.
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