Soberanía cubana… también desde lo alimentario

La Revolución Cubana desde los cimientos se propuso garantizar a toda la población una adecuada alimentación traducida en niveles nutricionales que aseguraran la salud de todos sus ciudadanos. Y antes de 1990, fecha límite, mostró al mundo indicadores del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Una de las primeras acciones revolucionarias fue la promulgación de la Ley de Reforma Agraria que: eliminó el latifundio, propició la diversificación de la producción agraria, mejoró las condiciones de trabajo del campesino con la introducción de maquinarias, creó las cooperativas agropecuarias, entre otros beneficios, para dar cobertura al consumo de alimentos y elevar las condiciones de vida en el campo y en la ciudad.

En el artículo 9, inciso b de la Carta Magna cubana, aprobada en 1976 y puesta al día en 2002 se expresa que “el Estado, como Poder del pueblo en servicio del propio pueblo, debe garantizar: la oportunidad al empleo a todo hombre o mujer para la satisfacción de sus necesidades, los medios de subsistencia a la persona incapacitada para el trabajo, la atención médica al enfermo, y el acceso de todos a la escuela, la alimentación, el vestido, el estudio, la cultura y el deporte.”  Y la Constitución de la República se refuerza jurídicamente en los respectivos Códigos de Trabajo y de Familia, en los cuales también se consagra el derecho de todos los cubanos a la alimentación saludable.

Luego del proceso de institucionalización de finales de los años 70 del siglo pasado, se comienzan a regular las diferentes responsabilidades de los Organismos de la Administración Central del Estado con respecto a la producción, comercialización y sanidad de los alimentos.

Por ejemplo, el artículo 66 de la Ley 41 de la Salud Pública, del 13 de julio de 1983, instituye que el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) dicta las disposiciones relativas al estado nutricional de la población, el control sanitario de los alimentos y bebidas de consumo, y establece las regulaciones pertinentes que en materia dietética requieran grupos específicos de población sujetos a riesgos determinados.

Sin embargo, no es posible soslayar que durante el Período especial que vivió nuestro país entre los años 1991-1995 decreció notablemente el consumo de alimentos de la población lo que dejó secuelas en los niveles nutricionales y a la postre emergieron enfermedades oportunistas como la neuropatía. En ese contexto, se emitieron disposiciones especiales para la producción de alimentos con fines de sustento y autoconsumo, y se garantizó el acceso de los campesinos a la tierra, al agua, a las semillas.

Con el renacer de la producción agroalimentaria y con el propósito de garantizar el derecho a consumir alimentos inocuos y nutritivos se creó en el 2004 el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, con facultades necesarias para efectuar el Registro Sanitario, aunque con un marco de actuación hasta ahora limitado.

En el 2005 el MINSAP emite la Resolución 338, mediante la cual crea el Buró Regulatorio para la Protección de la Salud que tiene entre sus funciones regular disposiciones sanitarias relacionadas con la calidad de la producción, el almacenamiento, transporte, distribución, elaboración y comercialización de los alimentos, aditivos alimentarios, el material de envase, y las materias primas, así como elaborar y proponer los reglamentos para el Registro sanitario de los productos que puedan tener influencia sobre la salud humana.

Hoy, Cuba se encuentra enfrascada en la transformación creativa de su modelo de gestión socioeconómica para impulsar un desarrollo sostenible que tribute al bienestar y la prosperidad de todos sus ciudadanos.

El Gobierno cubano desarrolla varios programas para incrementar la suficiencia de alimentos, garantizar el acceso a los mismos, promover hábitos alimentarios más sanos, y evaluar la situación nutricional, en medio de una intensa batalla en defensa de sus intereses soberanos, en la que el cese del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos ocupa un lugar esencial.

Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en el VI Congreso del PCC en 2011 apuntan a encontrar “soluciones del desarrollo sostenible, a más largo plazo, que conduzcan a una autosuficiencia alimentaria pues el 80% de los alimentos que consume la población son importados, cuando existen condiciones para su producción nacional.

En reconocimiento de que la agricultura constituye un pilar esencial para el sustento alimentario, el presidente Raúl Castro expresó: "Sin una agricultura fuerte y eficiente que debe desarrollarse con los recursos de que disponemos sin soñar con las grandes asignaciones de otros tiempos, no podemos aspirar a sostener y elevar la alimentación de la población que tanto todavía depende de importar productos que pueden cultivarse en Cuba".

En cumplimiento de las políticas trazadas, se exhiben resultados palpables.  El Programa Mundial de Alimentos, desarrolla, entre 2015 y 2018, en 43 municipios de las provincias de Pinar del Río, Santiago de Cuba, Las Tunas, Granma, Holguín y Guantánamo, una estrategia que favorecerá a cerca de 900 000 cubanos de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Con un financiamiento de 18 millones de dólares, el proyecto pretende consolidar los programas sociales de alimentación en círculos infantiles, escuelas, centros internos, instituciones de atención a los adultos mayores y a la Familia, así como los encaminados a la producción de frijoles y la prevención de riesgos (sequía y fenómenos atmosféricos).

Destaca además el Proyecto Palma (Programa de Apoyo Local a la Modernización Agropecuaria) con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), encaminado a fortalecer las capacidades productivas y de servicios en 37 municipios donde los campesinos han recibido insumos, herramientas, pequeños equipos para la producción y sistemas de riego eficientes.

Sin embargo, aunque políticamente las líneas estén trazadas y se exhiban resultados, aún queda por materializarse la diversidad nutricional estable y de calidad de los alimentos en la mesa de cada familia cubana. No se logra elevar los volúmenes productivos necesario para ese abastecimiento, las nuevas formas de comercialización ponderan la relación oferta-demanda y se acentúan las desviaciones e ineficiencias en el proceso de distribución que a la postre encarecen los productos con precios exorbitantes, para nada compatibles con los ingresos de los trabajadores.

AGRICULTURA SOBERANA

El término soberanía alimentaria comenzó a asumirse con más seriedad en el mundo después de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, ya los cubanos tenían terreno adelantado en materia de políticas gubernamentales, y aunque en la mesa del cubano era cada vez más reducido el número de alimentos debido al recrudecimiento del bloqueo y los años de Período Especial después del derrumbe del campo socialista, existían políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, así como el acceso de los campesinos a la tierra, al agua, a las semillas y a múltiples derechos.

Y si bien en los primeros años de la Revolución se habían dado pasos para fomentar la ganadería, dotar de maquinarias a los campesinos y fortalecer los sistemas productivos, en la década del noventa inició un proceso de  deterioro de la maquinaria agrícola,  pérdida de vaquerías y granjas, y obsolescencia de las fábricas de elaboración de alimentos.

Múltiples han sido las estrategias de los últimos años para incrementar la producción local de alimentos y reducir al máximo las importaciones, dada la necesidad imperiosa de ofrecer otras propuestas complementarias a lo que en la canasta básica se le garantiza mensualmente a cada cubano, y que se sabe no suple todas las necesidades.

Asimismo, crecen en medio de las comunidades o en centros de estudio y trabajo los patios integrales, huertos y organopónicos, donde se cultivan verduras para abastecer a los habitantes de su radio de acción. Eso contribuye a una alimentación sana, pues los cultivos en menor escala pueden darse mejor con prácticas agroecológicas y llegan frescos a su consumidor final.

MÁS ALLÁ DE LA POLÍTICA

Soberanía alimentaria no es tener muchas cosas para comer sino disponer, a precios asequibles, de alimentos sanos, nutritivos, que favorezcan nuestro desarrollo físico e intelectual mediante una dieta balanceada, y también conocer de los beneficios de cada uno y del bien que reportan a nuestra salud por sobre los enlatados u otros alimentos procesados.

Y aunque en Cuba políticamente está trazada la línea, la mesa del cubano no siempre es la expresión de esas políticas. ¿Motivos? Muchos. El principal es que todavía no logramos elevar los volúmenes productivos, pero sobre todo, los precios exorbitantes para nada compatibles con los ingresos mensuales de la media.

Las nuevas formas de comercialización, si bien eliminan del camino a muchos intermediarios, colocan la imposición de los precios en manos de la oferta y la demanda, una excusa empleada en los últimos tiempos para elevarlos  sin importar el costo de producción de cada uno. Así, en épocas de carencia de ciertos alimentos, el productor encarece el precio alejándolo del alcance de los más desfavorecidos.

Consciente de esto el gobierno ha buscado alternativas de topar precios y aunque en un inicio eran solo tres (arroz, papa y chícharos),  en los últimos días se habla de otros diez productos entre viandas y hortalizas.

Soberanía alimentaria es un término opuesto por completo a las políticas neoliberales que priorizan el comercio, favorecen la dependencia de los pueblos de la importaciones agrícolas e industrializan cada vez más la agricultura con el consiguiente deterioro medioambiental y de la salud que ello implica y dejando sin empleo a miles de campesinos obligados a abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales.

Eso hace pensar entonces en los retos del sistema educacional cubano para conscientizar a las nuevas generaciones de la importancia de una nutrición sana; del sistema de salud para asesorar a los individuos en cuanto a requerimientos alimentarios según las características y necesidades personales; y sobre todo del Gobierno, eje central de las políticas alimentarias, encargado de establecer mecanismos que garanticen los flujos productivos, de distribución y comercialización y de regir la política de precios.

Y mientras estos factores realizan su trabajo es en el campo y en la mente de los campesinos, agrupados en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, donde comienza a materializarse el concepto de seguridad alimentaria que depende de cuánto aprovechemos eficientemente cada palmo de tierra, con producciones variadas, libres de productos químicos, utilizando eficientemente los recursos naturales y ajustándose a los cambios inevitables del clima y de cómo se ajuste después la distribución y el precio de venta para que, sin perder el campesino, gane el pueblo en alimentación y podamos ser soberanos también desde lo alimentario.