Presentan anteproyecto de Ley de la Comunicación Social en Cuba (+ PDF)

Resultado de un largo proceso de investigación y conciliación, con base en los preceptos de la Constitución, la experiencia cubana e internacional y en documentos rectores del país y articulado con otras normativas vigentes, el anteproyecto de Ley de la Comunicación Social presentado este martes en el Centro de Prensa Internacional, en La Habana, está abierto a consulta popular.

Ante representantes de la prensa nacional e internacional, el vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Onelio Castillo, destacó que la norma, además de desarrollar en el plano jurídico algunos de los preceptos de la carta magna, responde a uno de los acuerdos de la Política de Comunicación del Estado y el Gobierno cubanos y se sustenta en la práctica comunicacional de la nación y en políticas emanadas de los congresos del PCC.

El anteproyecto, ya en su versión 32, consta de dos títulos, 12 capítulos, 69 artículos, una disposición especial, una transitoria y seis disposiciones finales.

Entre los capítulos están los dedicados a la imagen Cuba y la marca país; a la publicidad y el patrocinio; a la investigación, desarrollo e innovación en la comunicación social; regulación y control de los procesos de comunicación social, y contravenciones asociadas a la comunicación social.

También legisla sobre el sistema y los procesos de comunicación social, contenidos y la gestión económica de los medios de comunicación social en el ámbito mediático.

Humberto Fabián Suárez, vicepresidente de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), explicó que el anteproyecto es fruto de un proceso de varios años, que implicó la revisión de 26 documentos del PCC, incluidos los aprobados en los congresos de la organización; más de 300 normativas cubanas desde el siglo XIX y 61 documentos de los fondos del Instituto de Historia.

Además, una treintena de constituciones de América Latina y códigos penales de varios países, casi toda la producción jurídica sobre comunicación de la mayoría de las naciones de las Américas, normas de la ONU y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), literatura sobre comunicación social y estándares internacionales sobre transparencia y acceso a la información; unas 80 tesis de pregrado, maestría y doctorado de la Facultad de Comunicación de la UH, acuerdos de organizaciones como la UPEC, la Uneac y la Asociación Hermanos Saíz, y resultados de encuestas de centros de investigación.

Señaló que, como generalidad, a nivel internacional hay leyes particulares sobre medios o prensa, o referentes al campo publicitario. En ese contexto, el anteproyecto cubano “aborda de manera integrada todo el ámbito comunicacional a partir de la visión de un sistema de comunicación social”.

Esa cualidad fue resaltada por Jorge Legañoa, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), quien calificó el anteproyecto como “inédito, robusto, integrador, estratégico por la construcción de un sistema de comunicación social en Cuba, una oportunidad para educar a nuestros públicos en materia de comunicación e información”.

Por primera vez en Cuba, algo que también resalta a nivel internacional, se integra en una normativa lo referente al sistema de comunicación de un país, medios, publicidad y patrocinio, investigación, marca país, niveles comunitario, institucional y mediático, y contravenciones. El anteproyecto se articula con normativas vigentes, e integrarará regulaciones complementarias y resoluciones de ministerios.

Legañoa destacó que la normativa incluye la comunicación en los escenarios institucional, mediático y comunitario (en el país hay más de 70 emisoras comunitarias), pero que no queda ahí, sino que llega a un ámbito comunitario más abarcador. Igualmente, legisla en lo referente al ciberespacio.

“También es una oportunidad para la transparencia y la prensa, para construir una nueva relación entre instituciones, las fuentes de información, y los medios, así como para la transformación editorial de estos, y tiene una estrecha relación con el código de ética de los periodistas cubanos”, añadió.

Durante la presentación a la prensa del anteproyecto de Ley de la Comunicación Social, se destacó que este está en sintonía con el proceso de institucionalización del país y con la noción del ciudadano como centro de la comunicación. Tras la consulta popular que ahora comienza y su paso por el Parlamento, el anteproyecto deberá ser acompañado de normas complementarias asociadas a su reglamento, será una ley sombrilla para nuevas regulaciones y normativas.

En opinión del vicepresidente de la UPEC, “va a servir para educar. Educar en comunicación nos hace mucha falta en los niveles institucionales y en los comunitarios, en el público”.

Añadió que ha habido dispersión legislativa y “aquí se reúne todo. Aquí hay integración normativa en materia de comunicación social y se legisla más allá de los mediático. Propicia un avance importante en el campo de la comunicación en el país y abre nuevas posibilidades en el sistema de medios nacional”.

El texto legal, que incluye los derechos de la ciudadanía y los deberes de los servidores públicos en la esfera comunicacional, “apuesta por la transparencia en la gestión de la información de interés público”, consideró Castillo.

Para el vicepresidente del ICRT, otros puntos importantes en en este instrumento legal son el enfrentamiento a la creciente colonización cultural, un fenómeno de nivel mundial; la participación ciudadana en la construcción de agendas mediáticas, y el acompañamiento comunicacional en los municipios a los proyectos de desarrollo local.

Desde este propio martes, el anteproyecto de Ley de la Comunicación Social está disponible en formato PDF en el portal digital del Ministerio de Justicia (también Cubadebate lo ofrece al final de esta nota).

También queda abierto el proceso de consulta en todo el país, para que la ciudadanía estudie el texto y emita sus sugerencias y opiniones.

“Se habilitarán todas las vías posibles para facilitar la participación del pueblo en la consulta”, dijo el vicepresidente del ICRT.

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