Desde hace semanas el pueblo de Cuba discute el nuevo Código de las Familias, un documento concebido con profundo sentido ético y vocación de pluralidad desde posturas cada vez más inclusivas. Se trata de un proyecto que busca reflejar y parecerse a la sociedad actual, con derechos y deberes establecidos sobre la base del respeto para cada actor familiar.
Pero, ¿por qué se hizo necesario reenovar la normativa jurídica vinculada a las relaciones familiares? La respuesta a eso, en primera instancia, lo podemos encontrar en la Constitución aprobada en 2019, específicamente en la necesidad de desarrollar en un cuerpo normativo coherente artículos como el 81, que recoge por primera vez el pluralismo familiar.
Existe, pues, una marcada intención de renovar la visión jurídica en cuanto al sistema de relaciones familiares y visibilizar desde el Derecho modelos de gestión y participación familiar vigentes hoy en el ámbito social. Un hecho que muestra no solo cuanto han cambiado las estructuras familiares en las últimas décadas, sino también las maneras de legislar.
Un nuevo Código responde, en suma, al interés de darle cauce a la Constitución y al establecimiento de un cuerpo legal que siente pautas para la protección de sectores vulnerables o hasta ahora fuera del marco legislativo. Va, también, en la lógica de perfeccionar y continuar expandiendo la gama de derechos individuales que ha garantizado históricamente el gobierno revolucionario bajo los principios de igualdad y libertad plena.
Por supuesto que un texto jurídico no cambiará de un día para otro una nación patriarcal, machista y homófoba como la nuestra. Se necesitará del trabajo paciente de las instituciones del Estado y de la conciencia y el compromiso popular para, primero, interiorizar lo estipulado en el proyecto y luego velar por el cumplimiento de lo establecido. Sin embargo, de llegarse a aprobar este Código, estaremos un poco más cerca del país al que aspiramos.
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