La obtención de un título universitario después del sacrificio que conlleva es un premio, no solo para quien lo alcanza, sino también para su familia y amigos. Ya sea colgado en un cuadro o guardado con celo en una carpeta destinada a pliegos importantes, debe acompañar a su dueño durante toda la vida.
Es necesario mostrarlo para optar por una plaza laboral, inscribirse en un curso de superación… Constituye una carta obligada de presentación para innumerables gestiones, tanto dentro como fuera del territorio nacional. A su inestimable valor sentimental se añade el legal.
Casos y cosas
Por eso nos solidarizamos con el lector Max Orué Vázquez, cuando el 31 de marzo recibimos la misiva en la que denunciaba la pérdida de su título, que había entregado en noviembre del 2014 al contratar a la Consultoría Jurídica Internacional (CJI) los servicios para legalizarlo.
La respuesta a lo acontecido la buscamos en aquella y en el otro de los implicados, el Ministerio de Educación (MINED), que debía autenticar el pergamino. En este último nos aclararon que no eran responsables del extravío, si bien reconocieron que sobrepasaron en más de un mes el período habitual para tal diligencia.
El documento fue entregado a la Consultoría el 9 de enero, lo cual se le informó al reclamante cuando nos visitó 10 días después y le mostramos la constancia de que su título había salido para el destino mencionado pocas horas después de que contactó por primera vez con nosotros, asevera la licenciada Yoslady Montalvo Zulueta, jefa del departamento Jurídico del MINED.
Pero el pliego nunca llegó a la sucursal Habana donde Max hizo su contrato. Se perdió en el tránsito intermedio por una de sus dependencias.
La única solución posible para tan enojoso asunto fue asumida por sus responsables, y aunque en el momento de ser publicadas estas líneas ya recibió el certifico que posee total valor legal, siempre le quedará la contrariedad por la pifia de la entidad y la añoranza de no volver a tener el diploma recibido en su graduación.
Antes de darles a conocer lo expuesto por directivos de la CJI, es importante señalar que en Cuba los títulos u otra documentación académica se expiden una sola vez, según la Resolución No. 444 de 1987 del MINED y excepcionalmente, en caso de pérdida o extravío, podrá emitirse una certificación acreditativa, como expone la normativa 26 del 2004 del Ministerio de Educación Superior (MES).
Conociendo de esas disposiciones jurídicas solo nos quedaba escuchar a los otros enjuiciados, porque alguna enseñanza debe quedar de tan lamentable incidente. Aunque también de las indagaciones afloraron algunas sugerencias para nuestros lectores.
Aprender de lo extraordinario
Colaborativos y apenados por lo que califican de hecho excepcional nos recibieron el máster José Pavón Cruz, director general de la CJI, y los licenciados Gustavo Vasallo Jamet y Georgina La O Quintana, al frente de la dirección técnica y de control de la casa matriz y de la filial Habana, respectivamente.
“En esta entidad manipulamos cientos de títulos al año y en el lustro que llevo aquí solo han ocurrido dos pérdidas”, reconoce Pavón.
Él y sus acompañantes hicieron una cronología de lo sucedido, que consta en expediente, el tiempo dedicado a la búsqueda exhaustiva, incluyendo en las sucursales de todo el país, y las decisiones adoptadas luego de corroborarse el extravío.
Durante las investigaciones determinamos que la eventualidad ocurrió en el último paso durante la transportación desde la oficina de Plaza de la Revolución a la de Playa. Las únicas posibilidades son que se cayera en el trayecto o que lo sustrajeran del centro, analiza.
Para la técnica responsable directa solo hubo una leve medida disciplinaria teniendo en cuenta su excelente trayectoria laboral y juventud, pues nuestro reglamento interno contempla entre sus acápites la sanción ante negligencia en el desempeño de sus funciones, aclara.
En la entrevista conocimos que varias veces intercambiaron con el afectado y le ofrecieron excusas ante un mal irremediable. “Lo que podíamos hacer y así procedimos, era gestionarle por nuestra cuenta un certifico titular que desde el principio Max se negó a admitir”, refiere el director general de la CJI.
Finalmente aceptó y a inicios de este mes recibió, como fue su pedido, los 200 CUC que había entregado cuando contrató nuestros servicios, así como el documento, que tiene fuerza legal en el país y en el extranjero”, subraya.
Velar por la seguridad
No son pocas las medidas que adopta la CJI para mantener la calidad de sus prestaciones. Con sucursales en toda Cuba tienen subcontratada a otra entidad el traslado de la prolífera documentación. Por eso en función de su mejor cuidado y salvaguarda gestionaron unos maletines reforzados, cerrados con zíper y candado, refiere Pavón.
Por si fuera poco, dentro van unos tubos plásticos recubiertos de piel donde son colocados los títulos. “Esa disposición la asumimos mucho antes del caso de Max. Lo que sí implementamos a raíz del incidente, es que los técnicos jurídicos asumen la obligación de revisar los pergaminos en presencia del cliente y dejan constancia de su estado de conservación cuando se envían y regresan de los organismos involucrados en la autentificación”, explica.
Además, asegura que en la oficina de Playa, donde se extravió el título, concentraron el trabajo en una sola especialista y le habilitaron una oficina independiente, con gaveteros bajo llave, para reforzar la seguridad.
Otro tanto sucede en el pequeño despacho donde certifican en el MINED, que tiene como único personal a Nelson Llinás Betancourt, metodólogo inspector del departamento Jurídico, quien con 18 años de experiencia en la actividad mantiene un exhaustivo registro de todo lo que llega a sus manos.
Él comprende el incalculable valor de la documentación que allí se autentica y hace lo posible por evitar manipularlos en demasía, a fin de no contribuir a acelerar su deterioro, pues reconoce la mala calidad del material con que son confeccionados y la incorrecta conservación en no pocos casos.
Si apenas son legibles anotamos en la remisión las deficiencias y solicitamos al cliente más elementos para realizar las comprobaciones pertinentes con la entidad que lo emitió, pero no son la mayoría, expresa.
Vale la pena seguir sus consejos. “Para preservarlos es mejor enrollarlos y recubrirlos con algún material que los proteja de la humedad como el nylon. En el cuadro de la sala es mejor exhibir una copia, pues el sol los deteriora con facilidad y doblarlos tampoco es aconsejable porque se hacen marcas que con el tiempo facilitan las roturas”, expone.
Como ven, del caso de Max todos sacamos lecciones.
carlosvaradero
22/5/15 10:00
El asunto se hizo pùblico en el periodico Granma , no sòlo el Viernes pasado, sino antes en otras ocaciones.
Resulta realmente alarmante que cosas como estas sucedan y queden impunes, no es posible!!
La falta de responsabilidad de algunos ante hechos como estos, denota falta de profesionalidad y ètica ademàs de sentido de responsabilidad de quienes tuvieron en sus manos la labor para con esas personas que confiaron en su seriedad para ejecutar su trabajo, y màs en instituciones estatales que suponen un cierto prestigio como una consultoria juridica..entonces me pregunto:
En manos de quien podremos dejar nuestros titulos?
Què confiabilidad nos ofrecen esas instituciones?
Ahora, despuès de esto....què sigue???
Yuli
20/5/15 9:16
Una leve medida disciplinaria a quien con su negligencia ha ocasionado una pérdida irreparable de un documento tan trascendental como un título universitario, ya Max no tendrá su título otra vez, ya es posible que nunca se le quite el mal sabor que deja la falta de profesionalidad, Dios me libe de poner mi título en las manos de la susudicha Consultoría, no debió pasar, a Max se le devolvió el dinero del trámite, no faltaba más, sin embargo no se le indemnizó por daños y perjuicios, por qué? Que tamaña iresponsabilidad, que pena.
Paloma
19/5/15 10:40
Es muy lamentable lo sucedido a la persona que solicitó los servicios a esta institución, sin embargo veo con gran satisfacción cómo se han tomado las medidas indispensables para eliminar el riesgo que podría poner en peligro la preservación de estos documentos.
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