Ley de aguas terrestres: tu propuesta cuenta (+ Infografía)

Ordenar la gestión integral y sostenible de las aguas terrestres, un recurso renovable, limitado y esencial para la vida, es el principal propósito de una ley que deberá aprobarse en el país, y que desde noviembre del pasado año está disponible su proyecto en el sitio www.parlamentocubano.cu, para recibir opiniones a través del correo electrónico leydeaguas@anpp.gob.cu.

Como ha explicado el diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la legislación se refiere a las aguas terrestres que se encuentran en la propia corteza o encima de ella —al margen de su composición física, química o bacteriológica— en el espacio que cubre la parte emergida del territorio nacional, limitada por la línea de costa.

Vale apuntar que el Proyecto de Ley recoge la experiencia de Cuba en el empleo de este recurso, así como el conocimiento de fenómenos como el cambio climático, con la premisa de que no se comprometa el acceso al agua potable para las próximas generaciones. En tal sentido, Toledo Santander sostiene que la sequía es un fenómeno silencioso que afecta el día a día del país, y por eso la ley enfatiza en la planificación nacional del uso del agua, con especial atención a organismos e instituciones que la emplean en la producción o servicios.

A juicio de Inés María Chapman, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos —quien opinó en uno de los debates sobre el Proyecto de ley—, muchos problemas llegan mediante cartas y planteamientos de la población, y no está en una ley cómo resolverlos, cómo dirimirlos jurídicamente. Todo el mundo sabe usar el agua, pero no sabe por qué tiene que existir una ley, acotó, y precisó que la ley responde a elementos que la ciudadanía tiene en su cotidianidad.

Al hojear minuciosamente el documento, cada ciudadano puede entender por qué Cuba necesita de esta ley. Se señala que la gestión de las aguas terrestres requiere eficaz planificación para satisfacer el interés social, económico, medioambiental y de la salud: así como garantizar su preservación en armonía con el desarrollo económico y social sostenible. Igualmente, esta norma reconoce el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial, y el hecho de que ese recurso sea de dominio público.

De trascendental clasifica lo relacionado con el uso eficiente y seguro de la infraestructura hidráulica, la unidad de la planificación y gestión del agua en función del desarrollo económico y social, su uso racional y reutilización, la articulación de su gestión con la ambiental y territorial, la prevención y reducción de su contaminación, y el fomento de la cultura de su uso racional, entre otras cuestiones.

El Proyecto también fija lo concerniente a las cuencas hidrográficas, su delimitación y la planificación eficiente del líquido que contienen para las actividades de desarrollo económico, privilegiando la protección medioambiental. Se preocupa también por establecer las redes de monitoreo del ciclo hidrológico y la de la calidad de las aguas terrestres.

No menos importante son aquellos elementos que destacan sobre el patrimonio hidráulico estatal. En consonancia, el Proyecto de Ley determina que quien posea o tenga en usufructo, arrendamiento, administración o por otro concepto un bien de este tipo, está obligado a usarlo y conservarlo de acuerdo con la legislación. Se fija que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) exigirá la seguridad operacional de la infraestructura hidráulica.

A la par, la futura norma recoge que están obligados a presentar sus solicitudes de autorización, en el plazo de un año, quienes ya realicen actividades como: prestar los servicios públicos de provisión de agua, de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial y limpieza de fosas y tanques sépticos; quienes administren la infraestructura hidráulica de propiedad estatal efectúen el vertimiento de residuales líquidos o construyan pozos relacionados con las aguas terrestres, excepto los rústicos o criollos con fines domésticos o para el abastecimiento animal.

Entre las novedades de la legislación, ha explicado Edilberto Pérez, especialista de la Dirección Jurídica del INRH, está también la de contener un glosario mayor que el vigente, el cual permite elevar los conocimientos acerca del agua y sus regulaciones. La Ley incorpora otros aspectos novedosos, como el de Servidumbre, que establece voluntariedades y obligaciones determinantes de las vías que garantizan el uso de las aguas terrestres, agrega.

Recordemos que el uso del agua está regulado por el Acuerdo 72/2012 del Consejo de Ministros, que estableció su política nacional, hasta que en 2013 comenzaron las labores legales para redactar lo que es hoy el Proyecto de Ley de las Aguas Terrestres, y que responde a los Lineamientos aprobados en el VI y VII congresos del Partido. Las comisiones que organizan el ejercicio legislativo en este caso son las de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Industria y Construcciones; y han participado además especialistas del INRH, cuyos integrantes han establecido un sistema de trabajo que garantice la oportuna respuesta a cada caso particular.

Las opiniones de cada cubano cuentan para perfeccionar cada día la propuesta legislativa, y por ello varios diputados y otras autoridades territoriales y especialistas han sostenido encuentros para seguir consolidando el texto. Refiere el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular que, en una primera etapa del debate, se formularon 37 solicitudes de aclaraciones de dudas y 95 propuestas de modificaciones. Y el Grupo de Trabajo encargado del documento ha considerado valiosas un 52,63 % de las sugerencias. Así que todavía estás a tiempo, tu propuesta cuenta.