Envejecer en Cuba: entre júbilos y retos

El envejecimiento de la población a nivel global forma parte desde hace ya varios años de las preocupaciones reconocidas por la inmensa mayoría de los gobiernos. Estimados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) prevén que entre 2019 y 2030 el número de personas de 60 años o más aumentará en un 38 % — de mil millones a 1.4 mil millones— y superará al sector juvenil.

Un escenario cada vez más reconocible para Cuba, pues, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública, entre el 2025 y el 2030 el grupo etario de la tercera edad de la Isla sobrepasará los 3 millones y representará a más del 30 % de los habitantes.

Consciente del desafío que supone impulsar políticas y proyectos de gobernabilidad en el contexto que se anticipa, la comunidad internacional se ha encargado de desarrollar diferentes mecanismos, entre ellos, el Plan de Acción Internacional de Madrid (MIPAA, por sus siglas en inglés). Aprobado por la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en abril de 2002 y firmado por 159 estados, incluido nuestro país, el MIPAA marcó un punto de inflexión porque logró vincular la cuestión del envejecimiento a otros marcos del desarrollo económico y social.

El propio documento se vendió a sí mismo como un programa ambicioso y pretendió convertirse en la guía definitiva. Pero la ausencia de un estándar universal sobre los derechos de las personas mayores, la falta de recursos humanos y financieros y la implementación desigual de la estrategia ha atentado contra su funcionalidad.
De cualquier manera, las autoridades de las Mayor de las Antillas han respetado lo establecido en el MIPAA y han insistido en el fortalecimiento de la cooperación regional para lograr la transferencia de la tecnología y el conocimiento necesario con el fin de mejorar las capacidades en esa materia.

Cuba ha enfocado sus acciones sobre la base de los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad, adoptados en la resolución 46/91 de la Asamblea General. Incluso, la Constitución de la República aprobada en 2019 en su artículo 88, Capítulo III denominado “Las familias”; reconoce la obligación del Estado, la sociedad y las familias en la protección, facilitación y asistencia de las necesidades de este sector, siempre con el respeto a su autodeterminación y a sus derechos de integración y participación social.

Una legislación que habla de la voluntad de trabajar en pos de conseguir la mejor calidad de vida posible para las ancianas y los ancianos, y de la coherencia política que se ha sostenido sobre este tema desde 1959, al garantizarles todos los beneficios y deberes como ciudadanos.

En nuestra nación las personas de la tercera edad cuentan con voz y voto en los distintos procesos eleccionarios. No solo se conciben como beneficiaros del desarrollo económico y social, sino que también constituyen actores fundamentales de los programas que el Estado diseña para tales efectos. Están protegidos, además, por una amplia gama de instituciones y estructuras públicas, en particular, la asistencia social.

Igualmente se benefician del Sistema Nacional de Salud con instalaciones equipadas y personal calificado para la atención de las más variadas necesidades, incluidas las relacionadas con enfermedades mentales, el enfoque de género y las generadas por situación de discapacidad. Asimismo, gozan de educación y capacitación gratuita a través de la Universidad del Adulto Mayor y aparecen entre las prioridades a la hora de asegurar entonos dignos de convivencia en materia habitacional.

Sin embargo, más allá de los fallos en la aplicación de los distintos programas sociales como consecuencia del burocratismo, las deficiencias en la gestión de los recursos y las carencias económicas, aún queda mucho por hacer.

La Doctora en Ciencias Jurídicas y Profesora Titular de Derecho Civil y de Familia de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Yisel Muñoz Alfonso, reconoció recientemente en un artículo de autoría publicado en Cubadebate que el fenómeno de la violencia intrafamiliar sobre las personas adultas mayores ha venido dando evidencias de un notable crecimiento en los últimos años y expone entre las causas de ello “la no sistematización de acciones de divulgación y la falta de actividades de prevención que deben fomentarse en la comunidad y en específico la familia”.

Por eso el Proyecto de Código de las Familias resulta un texto de suma importancia al establecer la guarda de hecho, el acogimiento familiar y los alimentos voluntarios como cuestiones esenciales vinculadas a la tercera edad.

La también Doctora en Ciencias Jurídicas y Directora Legal del Bufete Internacional, Yanet Alfaro Guillén, señaló en el espacio televisivo Mesa Redonda que las novedades del Proyecto con relación a este asunto van encaminadas a avalar la independencia, la autodeterminación y la igualdad de oportunidades.

Se hace necesario, entonces, profundizar cuanto se ha hecho en las últimas décadas para mantener, entre otras cosas, indicadores de esperanza de vida equiparables a la de cualquier país del primer mundo. 

Pero de igual forma se antoja imprescindible hallar soluciones para los problemas que atentan contra la calidad de vida del adulto mayor, sobre todo, de aquellos en situación de vulnerabilidad en medio de un escenario económico tan complejo como el actual. Ahí también va el futuro de la Revolución.