El camino, no tan recto, del trabajo por cuenta propia (+Infografía)

Los Lineamientos para la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en las sesiones del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, en el año 2011, y renovados en el VII Congreso, en el año 2016; reconocen la importancia de otras formas de gestión, paralelas a la gestión estatal, para garantizar la productividad y la eficiencia en aras de mantener los principios y conquistas de la nación.

Siendo así, el trabajo por cuenta propia —entre estas formas— se abría como una solución eficiente capaz de brindar alternativas de empleo a trabajadores disponibles, tras la puesta en marcha de reglamentos para la reducción de plantillas infladas en el sector estatal. De igual forma, la iniciativa otorgaba al trabajador una manera de sentirse útil con su esfuerzo personal, a la vez que alejaba aquellas concepciones que condenaron la labor casi a la extinción y a estigmatizar a quienes la asumieron legalmente en la década de 1990.

Aprobado por Resolución No. 32 de 7 de octubre de 2010 (32/10) del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de Cuba, que fuera derogada y puesta en vigor en la Resolución No. 33 del año 2011 (33/11), el trabajo por cuenta recibía así un fuerte impulso a nivel nacional y reaparecía como una forma no subordinada a la administración de una entidad laboral, capaz de asumir los riesgos de la actividad que autopractica en la forma que estime conveniente y apropiada, con los elementos y materia prima necesarios para su desempeño.

En un primer momento se abrieron a este ejercicio 178 actividades, de las cuales 83 podían contratar fuerza laboral, más tarde este número se elevó a 181 actividades aprobadas para esta alternativa, hasta llegar a existir, en 2013, 201 modalidades. Ese propio año, titulares de la prensa nacional anunciaban que 444 109 cubanos ejercían esta forma de trabajo no estatal, frente a los 157 300 que existían inicialmente.

Cuatro años más tarde —en el primer semestre de 2017— eran 567 982 personas las que ejercían el trabajo por cuenta propia, lo cual representa el 12 % del total de los ocupados en el país. Según los datos, ofrecidos recientemente por directivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 32 % de los incorporados son jóvenes; el 33 % mujeres; el 16 % labora a su vez como asalariado en algún centro estatal; y el 11 % pertenece al sector de los jubilados.

Si bien lo números ponen en la luz la validez de esta forma de gestión y son innegables los beneficios reportados, tanto para empleados como empleadores, diversas desviaciones en la implementación de la política aprobada han hecho necesario el diseño de nuevas medidas encaminadas al perfeccionamiento de esta actividad de manera general.

Según comentó al diario Granma Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, “la más reciente evaluación al desempeño de este sector permitió comprobar, entre otros elementos, que se utilizan materias primas, materiales y equipos de procedencia ilícita; persiste el incumplimiento de obligaciones tributarias y se subdeclaran ingresos; falta de enfrentamiento y solución oportuna a los problemas; subsisten imprecisiones e insuficiencias en el control; así como se constatan deficiencias en la contratación económica para la prestación de servicios u oferta de productos entre personas jurídicas y personas naturales”.

LA GENTE ANDA DICIENDO

Este martes la Gaceta Oficial Extraordinaria No.31 publicó una Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la primera de un conjunto de normativas jurídicas que será necesario implementar para materializar la decisión antes mencionada. Las nuevas noticias no se hicieron demorar y tampoco los criterios de una buena parte de la población.

Para José Manuel Valido Rodríguez, usuario de la página digital del periódico Granma, si bien las medidas para el perfeccionamiento y ordenamiento del TCP son necesarias, los problemas que presenta hoy este sector en el país también están ligados a otros factores como, por ejemplo, la dualidad monetaria y la inexistencia de un mercado mayorista donde adquirir mercancías e insumos a precios diferenciados; dos cuestiones sumamente apreciables si se reconoce su relación directa con el incentivo de ilegalidades asociadas a la actividad.

El acceso a un mercado mayorista para el abastecimiento es un reclamo continúo en las diferentes tribunas para el análisis económico en Cuba, a partir de la ampliación del trabajo por cuenta propia y, seguidamente, la creación de las cooperativas no agropecuarias.

En abril de 2016 se anunciaba la puesta en vigor de una nueva norma jurídica y otras seis disposiciones legales vinculadas al funcionamiento de las formas no estatales en las actividades de gastronomía y comercio.

La Resolución No. 62 del Ministerio de Comercio Interior, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No.12, informaba que cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia en sistema de arrendamiento podrían comprar directamente suministros a las empresas mayoristas productoras y comercializadoras.

Entonces, si se entendía que en 2014 las actividades más representativas dentro de este sector emergente eran la elaboración y venta de alimentos, con un total de 57 776 trabajadores; el transporte de carga y pasajeros, con 47 733; y, en tercer lugar, el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios con 29 952, una de las preguntas más recurrentes sobre el reciente paquete legal era precisamente por qué no se hacía extensivo a todo el sector. No se rezagaban otras cuestiones relacionadas con la implementación de mecanismos de importación eficientes que permitiesen a las diferentes empresas y corporaciones producir o prestar los servicios que le son demandados.

Por su parte, Armando Enrique, también en el espacio digital de Granma, puntualizó que es un derecho del país adoptar cambios económicos en virtud de proteger el desarrollo de las entidades estatales que posee. No obstante, señaló que si los nuevos cambios estaban asociados a la procedencia dudosa de algunos productos para el desarrollo de actividades por cuenta propia, o la evasión de impuestos, lo más producente sería mirar dentro del Estado hacia aquellos encargados de controlar los bienes y fiscalizar los impuestos.

“Si el trabajo de los inspectores es correcto entonces no hay por qué lamentarse que alguien tribute incorrectamente o sustente su negocio con productos provenientes del Estado de forma ilegal” añadió.

Entre el 31 de octubre y el 9 de diciembre de 2016 fueron inspeccionadas 346 entidades económicas de todo el país, con excepción de Guantánamo, la provincia más afectada por el paso del huracán Matthew. Durante el análisis de resultados de la XI Comprobación Nacional al Control Interno en la capital se evidenció una pérdida de 90 millones 9 070,71 pesos en moneda nacional y 51 millones 505 792 pesos convertibles. Los números evidencian que el control sigue siendo un activo y preventivo método de garantizar el desarrollo próspero y sostenible que se ha planteado el país.

PERO LLEGÓ PARA QUEDARSE

Según cifras oficiales, el monto recaudado a través del cobro de impuestos, tasas y contribuciones, representa el 75 % de los ingresos totales al Presupuesto. A su vez, los aportes al Presupuesto del Estado que realizan las formas de gestión no estatal —que incluyen al sector del trabajo por cuenta propia, a las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, y al sector artístico— representan el 11.5 % de los ingresos tributarios y el 22 % de los ingresos de los presupuestos locales.

Si bien las cifras hablan por sí solas y el Estado cubano ha reconocido en todos los escenarios la importancia del trabajo por cuenta propia y los resultados positivos de su implementación, no podemos olvidar que los grandes aportes al presupuesto siguen proviniendo de las empresas estatales. El cuentapropismo en Cuba llegó para quedarse, por lo que mejorar su ejercicio, con la implementación de medidas razonadas, resulta hoy una tarea, más que pertinente, necesaria.