Quinta Sesión Extraordinaria de la ANPP, aspectos esenciales

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y más del 90% de los diputados, inició la primera jornada de la Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX Legislatura, que sesionará hasta el próximo 16 de mayo.

Entre los temas a debatir se encuentran la Estrategia Económico-Social, los resultados del proceso de consulta popular del proyecto de Código de las Familias y varias normativas conforme al cronograma legislativo del país. Entre estas últimas se encuentran los proyectos de leyes de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional y de Protección de Datos Personales.

Resultados de la economía en el primer trimestre del 2022

Durante la sesión de la mañana el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, presentó los resultados del sector en el primer trimestre del 2022 y también la actualización de la Estrategia Económica y Social de Cuba.

Primeramente, manifestó como aspecto positivo que en los primeros meses continúa el proceso de recuperación gradual de la economía. A lo que añadió que, al cierre de marzo, las exportaciones de bienes alcanzan 590 millones de dólares, lo cual significa un crecimiento de 162 millones respecto a igual período del año anterior.

Los ingresos totales de divisas superan los 493 millones de dólares, respecto al primer trimestre del 2021, en tanto, las importaciones de bienes también ascienden a 2 397 millones de dólares, destacó. No obstante, explicó que, debido al aumento de los precios en el mercado internacional, no es equivalente al crecimiento físico de las mercancías que se importan.

Además, indicó que gracias a las 63 medidas en la agricultura ya se advierte mayor presencia de viandas, hortalizas y otros productos en los mercados.

En cuanto a la actividad de la empresa estatal socialista, subrayó que las ventas netas totales son de 283 429 millones de pesos, que representa un 109% del cumplimiento del plan. Aunque esto no estemos trabajando con mayor eficiencia o productividad, sino en la calidad del plan, aclaró.

Como aspecto negativo destacó que hay 411 empresas con pérdidas y unas 533, casi el 30% del total en el país, reportan utilidades del 50% por encima de lo que planificaron, lo que indica problemas en los planes.

Por otra parte, destacó la diversificación de los actores económicos en el país. Al cierre del 9 de mayo, existían en Cuba 3 292 actores económicos aprobados, de ellos, 3191 son MIPYMES privadas, 51 MIPYMES estatales y 50 Cooperativa No Agropecuarias.

En total han generado 53 644 nuevos puestos de trabajo. De ellos 117 forman parte de proyectos de desarrollo local y 11 son incubados en el Parque Científico Tecnológico de La Habana.

Asimismo, Gil Fernández se refirió a los programas de asistencia social del país. Actualmente, esta protege a 191 965 núcleos, que abarcan 364 905 beneficiarios. Además, se entregaron recursos a familias en situación de vulnerabilidad por más de 132 millones de pesos; y como parte de la atención a estas personas, tienen protección 3 817 madres de hijos discapacitados y 13 078 beneficiarios reciben asistencia social a domicilio.

Por último, concluyó que la recuperación de la economía del país es un proceso lleno de desafíos. Entre los aspectos que afectan la recuperación de la economía nacional señaló la disponibilidad de combustibles y divisas, alza de los precios de importación de los alimentos, desenvolvimiento en entornos cambiarios diferentes para el sector estatal y no estatal, deterioro del poder de compra de los salarios e incremento del Índice de Precios al Consumidor y el nivel de desequilibrio macroeconómico.

Sin embargo, Gil Fernández, destacó que a pesar de las dificultades “estamos recuperando parte del terreno perdido en los últimos años, tras una caída del 13% del PIB, y los resultados alcanzados a inicios del 2022 señalan que vamos en esa dirección”.

La jornada continuó con la intervención del Presidente de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, diputado Félix Martínez Suárez, quien a partir de la intervención del Ministro de Economía y del secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, propuso aprobar el plan de medidas que actualiza la Estrategia Económica y Social para cumplir con el plan de la economía para el año 2022, el cual fue respaldado por unanimidad

Proceso de consulta del proyecto del Código de las Familias

En otros asuntos, la presidenta del Consejo Electoral Nacional, diputada Alina Balseiro, entregó a la Asamblea Nacional el informe del proceso de consulta del proyecto del Código de las Familias. Balseiro recordó que con el informe parcial facilitado en marzo la Comisión Redactora pudo comenzar su trabajo acorde a lo previsto.

Asimismo, la funcionaria destacó que más de 150 mil personas estuvieron involucradas en el proceso de organización y ejecución del proceso de consulta popular, a las que asistieron más de 6 millones de cubanos. Con el 61.96 por ciento de criterios favorables se recogieron 434 mil 860 propuestas y se identificaron gracias a dos sistemas informáticos de inteligencia artificial 6419 propuestas tipos, sobre todo en temas como el matrimonio, la responsabilidad parental, la adopción, la afiliación asistida, discriminación y violencia en el ámbito familiar y derecho de la infancia y la adolescencia en el ámbito familiar.

Consulte además: Algunas claves sobre el Código de las Familias (+Video)

Se apuntó, además, que entre las transformaciones más demandadas al texto actual se encuentran el cambio del término responsabilidad parental por patria potestad, el reconocimiento del matrimonio solo como la unión entre un hombre y una mujer, la eliminación de la posibilidad de adopción por parejas del mismo sexo, entre otros.

El Ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, en su función de Coordinador de la Comisión Redactora del Código de las Familias valoró la consulta popular como un genuino ejercicio de participación ciudadana en el Socialismo.

También reconoció la labor de la comisión redactora al participar en 100 acciones de intercambio directo con colectivos laborales y estudiantiles, e influir de manera activa en la divulgación del proyecto a través de los distintos espacios habilitados para ello en la televisión nacional.

Silvera Martínez concluyó su intervención con la promesa de entregar a la Asamblea Nacional para finales del mes de junio el nuevo proyecto de Código de las Familias, el cual contemplará los principales cambios propuestos por la población.

Ley de Soberanía Alimentaria y de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Sobre la Ley de Soberanía Alimentaria y de Seguridad Alimentaria y Nutricional el Ministro de Agricultura, Idael Pérez Brito, explicó que por primera vez se establecía un marco legal para la soberanía alimentaria y la cultura nutricional. Se enfatizó en la voluntad política del país—pese a la crisis alimentaria promovida, entre otras cosas, por el cambio climático, la migración del campo a la ciudad y el envejecimiento de la población— de buscar nuevas formas eficientes de producción de los alimentos y de influir en la cultura nutricional.

Se abordó el interés de la norma de sustituir importaciones y de dinamizar los procesos productivos y de comercialización. Para ello el proyecto ofrece autonomía a los gobiernos locales para enfocar la producción y establecer los precios de acuerdo al contexto de cada territorio. Busca, además, incentivar a sectores específicos de la población para vincularse al proceso productivo sin distinción der raza o género. También establece las aristas para el control de la calidad de los alimentos.

Pérez Brito señaló que la ley cumplió un cronograma de divulgación que incluyó un plan de comunicación, la presentación del proyecto a los medios de prensa nacionales e internacionales, la exposición del mismo en las audiencias legislativas de las comisiones de la Asamblea Nacional y a representantes de la Naciones Unidas. Se trata, en definitiva, de un proyecto que vincula los preceptos de la academia con la sabiduría popular

Al leer el dictamen de la Comisión Agroalimentaria, el diputado Ramón Osmani Aguilar Betancourt remarcó que la ley perfecciona los procesos de producción transformación, comercialización y consumo de los alimentos, a partir de las capacidades endógenas de los territorios.

Se apuntó, además, que las comisiones Agroalimentaria y de Asunto Constitucionales y Jurídicos consultaron el proyecto con los diputados. Se les presentó también a 370 personas de todo el país y se recibió 12 opiniones de la población en el sitio web. De las 282 propuestas recibidas, se aceptaron 146 y solo 59 se aceptaron en parte.

Ley de Protección de Datos Personales

La Ley de Protección de datos Personas, primera de su tipo en el país, refuerza las garantías jurídicas a la intimidad de las personas y el acceso a sus datos. En la presentación del proyecto, el Ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez expresó que esta normativa es el resultado de un intenso trabajo de investigación y de consulta con expertos y especialistas de varios ministerios e instituciones.

Complementaria a la Constitución de la República, la disposición desarrolla los artículos 40,48 y 97; y garantiza a las personas un poder real de disposición y control sobre los datos personales e evita cualquier invasión con fines distintos a los legalmente establecido.

Silvera Martínez consideró que la normativa articula las regulaciones y disposiciones en el tratamiento de los datos, permite conocer de forma organizada las principales bases de datos, establece un régimen contravencional ante los incumplimientos y establece al Ministerio de Justicia como responsable del control de la ley.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Jose Luis Toledo Santander, en su presentación indicó que esta norma establece que el uso y tratamiento de estos datos se realiza de conformidad con lo establecido en la ley. Asimismo, enfatizó en la importancia de los datos en la sociedad contemporánea, donde la información se ha convertido en poder.

La ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, enfatizó en la responsabilidad personal para el uso y protección de los datos y opinó que la ley debe acompañarse de una labor educativa, sobre todo con los jóvenes.

La norma tiene en cuenta de forma integral el tratamiento de los datos personales por vía digital ya sea de carácter público o privado lo que permite al Ministerio de Comunicaciones establecer otras disposiciones que controlen el accionar de operadores y empresas de servicios de comunicación. Tras el proceso de conciliación y análisis los diputados aprobaron la implementación de la ley de protección de datos personales y se estableció una comisión que revise antes de efectuarse la publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente

La Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente busca adecuar las acciones ambientales en el país a partir de los preceptos martianos y marxistas sobre la relación de los seres humanos con la naturaleza y es coherente con la implementación del modelo económico y social inclusivo y participativo.

La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Elba Rosa Pérez Montoya, comentó que este proyecto actualiza los componentes que tributan a la calidad ambiental e incorpora nuevos temas ambientales y una clara definición del daño ambiental significativo y la responsabilidad del que lo causa. Señaló también que se recibieron 1120 opiniones sobre la normativa, que influyó en la modificación del 53 del documento original.

La presidenta de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Martha del Carmen Mesa Valenciano.anunció que la norma tiene en cuenta los tratados internacionales y los compromisos ambientales asumidos por Cuba y se nutre de los principios fundamentales del derecho ambiental. Al dar a conocer al Parlamento el dictamen elaborado por la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos esbozó alguna de las novedades del proyecto:

- Implementa de manera eficaz y eficiente el enfrentamiento al cambio climático, con énfasis en la adaptación, la reducción de la vulnerabilidad y la introducción de estrategias sistémicas y sectoriales, al igual que para la gestión de riesgos, la reducción de desastres, ante peligros de origen natural, tecnológico y sanitario, con la participación de toda la sociedad.

- En un único documento se incluye y detalla la gestión para las fuentes renovables, la diversidad biológica, el agua y el cambio climático, temas actuales y de esencial trascendencia para alcanzar el desarrollo sostenible.

- De modo muy significativo, se destaca el tratamiento de diferentes maneras de la participación activa de todas las personas naturales y jurídicas, sobre la base de la concertación en la cooperación y la corresponsabilidad.

- Se propone realizar espacios de debate y comunicación como vías para elevar la cultura ambiental de la población.

- Se integran logros científicos y tecnológicos con los conocimientos locales tradicionales de la población, para propiciar la participación directa de las comunidades en la concepción, desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas de producción.

Ley del Código Penal

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la nueva Ley del Código Penal. El presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, señaló que para la elaboración de esta normativa fueron consultados magistrados, jueces, fiscales, especialistas en materia jurídica, miembros del Ministerio del Interior, profesores de Derecho y diputados de diferentes territorios.

Remigio Ferro destacó que a raíz de la consulta realizad se recibieron 1140 criterios y 1114 propuestas de modificación. De ellas, 706 admitidas. Se tuvo en cuenta, además, 137 tesis de doctorado y maestría, diplomados y artículos científicos, y con 19 observaciones de la población.

Aspectos novedosos del Código Penal

Se penalizan las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación activa en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y la comunicación.
Se refuerza el rigor de las sanciones en hechos vinculados a la corrupción económica o administrativa, con alcance a los nuevos actores económicos.
Se incorporan nuevas sanciones accesorias, circunstancias agravantes y reglas de adecuación para enfrentar la discriminaición en todas sus manifestaciones, la violencia de género y familiar, hechos contra personas menores de edad o en situaciones de discapacidad.
Se prevén como sanciones principales para los hechos delictivos de mayor gravedad la privación perpetua de libertad o la privación temporal hasta 30 años.
Se mantiene con carácter excepcional la posibilidad de aplicar la sanción de muerte en 23 tipos penales de extrema gravedad y se suprime en cuatro delitos.
La norma incorpora nuevas sanciones principales encaminadas a dar un empleo más restringido a la privación de libertad y la incorporación de las personas jurídicas como penalmente responsables, entre otros aspectos.
Se introducen como nuevas sanciones la reclusión domiciliaria y servicios en beneficios de la comunidad.
Se mantiene la exigencia de responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad cumplidos, con múltiples previsiones para el tratamiento diferenciado a los comprendidos entre los 16 y 18 años. Esto cumple la Convención de los Derechos del Niño.
Se suprimen las medidas de seguridad predelictivas.
Se incorporan nuevas fuentes de financiamiento a la Caja de Resarcimientos para una mayor efectividad y prontitud en la reparación de daños e indemnización por perjuicios a las víctimas.
Se incrementó el marco penal del delito de especulación y acaparamiento y se estableció la responsabilidad de los funcionarios o empleados públicos.
Se delimitó con mayor gravedad la sanción del delito de sacrificio ilegal de ganado mayor (es decir, al que ejecute este acto sin ser el poseedor legal del animal).

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento apuntó que esta disposición conforma, en conjunto con la Ley No.143, Del Proceso Penal, aprobada en la sesión del 28 de octubre de 2021, la máxima expresión del derecho penal en el país. Insistió en que el proyecto de Código Penal y la Ley Procesal Penal vigente busca la máxima eficacia en la prevención y castigo de los delitos, pero respeta los derechos fundamentales y las garantías del imputado

Antes de realizarse la votación por el Código, el diputado por San Miguel del Padrón, Jorge González Pérez, habló sobre la calidad del texto por recoger y actualizar los conceptos internacionales en el campo del derecho penal.

La diputada por Camagüey. Doraine Linares Jiménez, comentó que el nuevo documento viene a satisfacer un reclamo del gremio. Propuso, además, elevar la edad penal a 18 años, con el fin de lograr uniformidad en el ordenamiento jurídico sobre este tema.

Al respecto, el titular del TSP comentó que ese tema había sido ampliamente debatido durante el proceso de elaboración del código y, además, de poner de ejemplo las legislaciones de otras naciones, aseguró que existen numerosos ejemplos de actividades delictivas grabes cometidas por personas de ese grupo etario.

Por otra parte, la diputada Mariela Castro Espín propuso acoger el término feminicidio en el nuevo código con el fin de transversalizar el tema de la violencia de género. Castro Espín invitó a que se configure el delito de feminicidio en el artículo 345. De lo contrario, dijo, se afectaría el registro y seguimiento de los casos que tributan al diseño de programas para su atención y prevención.

Durante el debate, el presidente del TSP explicó que la ley busca mantener la tradición y coherencia con respecto a las figuras delictivas y dio que en el artículo 345 está la descripción del delito feminicidio. Remigio Ferro aseguró que los tribunales han elaborado estrategias de género y un protocolo en el cual está prevista la captación de datos relativos a la violencia contra las mujeres y los niños, violaciones, agresiones y asesinatos.

La diputada por Las Tunas y secretaria general de la federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle, expresó que, aunque no está definido el término feminicidio, no hay vacíos en el código en cuanto a la violencia de género.

Castro Espín reiteró que los crímenes violentos contra las mujeres son problemas históricos dentro del patriarcado que aún no están solucionados con el proceso revolucionario. Por eso, subrayó, el interés desde el punto de vista teórico en tratar estos hechos de manera más específica en dichos términos en los códigos penales, “para enfrentar esta situación que no se irá rápidamente, y que hay que trabajar desde la comunicación”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, sometió a votación la propuesta de la diputada Mariela Castro Espín, y la mayoría coincidió en mantener la forma en que el Código Penal aborda este tema.

La diputada por Holguín, María Armenia Yi Reina, expresó su desacuerdo con la pena de muerte y Remigio Ferro aseguró que es una necesidad de la defensa de la sociedad.

Ley de Ejecución Penal

Los diputados también aprobaron la Ley de Ejecución Penal. Norma que concentra en un solo cuerpo legal las hasta ahora dispersas regulaciones relacionadas con la fase de ejecución de las sanciones y medidas de seguridad.

El presidente del TSP comunicó que aportaron su experiencia jueves, especialistas, organismos y universidades. Se recibieron 1347 criterios, 333 fueron propuestas y se aceptaron 187.

Aspectos más relevantes

Se precisan los principios, derechos, deberes y garantías que rigen para el cumplimiento de la medida cautelar de prisión provisional, las sanciones penales y las medidas de seguridad posdelictivas.
Se establecen los fines educativos, preventivos y coercitivos que deben cumplirse durante la ejecución de las sanciones penales.
Se regulan las acciones dirigidas a la pensión y reinserción social.
Se establece para los sancionados la garantía de acceso a la justicia en caso de inconformidad con el tratamiento disciplinario o por violacion de sus derechos durante el cumplimiento de su sanción.
Reconoce los derechos esenciales de las personas privadas de libertad.
Se prevé un tratamiento diferenciado durante el proceso de cumplimiento para los sancionados en situación de vulnerabilidad.
Se destacan las condiciones básicas de salud exigibles para las personas internadas en establecimientos penitenciarios, los derechos y beneficios que les corresponden, el acceso al empleo y el régimen disciplinario a que están sujetas.

Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales

En la jornada también se aprobó la Ley del Proceso de Amparo de los de los Derechos Constitucionales, que establece un procedimiento para el conocimiento por los tribunales de los daños y perjuicios que sufran las personas, originados por los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados.

Remigio Ferro apuntó que se recibieron 96 criterios de órganos y organismos y fueron aceptadas 61 propuestas