Estados Unidos juega con el terrorismo

Hace solo unos días el sitio NBC News confirmó una sospecha mantenida por muchos durante años: ni siquiera los funcionarios estadounidenses implicados en el diseño de la política exterior hacia Cuba consideran necesario la inclusión de la Isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Según el artículo, media docena de entrevistas con ex analistas de inteligencia que trabajaron tanto en administraciones republicanas como demócratas confirmaron que la Mayor de las Antillas no promueve el terrorismo de ninguna manera. Incluso, Larry Wilkerson, jefe de gabinete del secretario de Estado de Colin Powel en la gestión de Geroge W. Bush (2001-2009), dijo que la presencia de la nación caribeña se trata de “una ficción para reforzar la lógica del bloqueo.”

Y es que la permanencia de nuestro territorio en dicho documento ha respondido a la amplia estrategia de presión promovida por Washington para lograr un cambio en el sistema socioeconómico.

Aun cuando en el marco del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos (EE.UU) el entonces presidente Barack Obama (2009-2017) nos excluyó en 2015 por primera vez desde 1982, Donald J. Trump (2017-2021) volvería a incorporarnos a nueve días de culminar su mandato como “broche de oro” de un periodo marcado por las políticas restrictivas.

Por aquel entonces, el secretario de Estado de turno, Mike Pompeo, justificó la decisión con argumentos que desconocieron los principios vigentes en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas. Nuestra negativa de extraditar a los miembros del Ejército de Liberación nacional de Colombia tras romperse los diálogos de paz con su gobierno y las estrechas relaciones diplomáticas con Venezuela sirvieron de punta de lanza a una retórica caricaturesca y sin sentido.

Con la victoria de Joseph R. Biden en las elecciones presidenciales de 2020 varios anticiparon un cambio de postura. Pues, quien fuera vicepresidente en los dos mandatos de Obama, prometió en su campaña electoral revisar la hostilidad heredada de Trump.

• Consulte además: Biden, más de lo mismo

Además, el equipo que designó para manejar la política exterior destacó por su familiaridad con el tema cubano, debido a que varios estuvieron implicados de manera directa en las negociaciones efectuadas antes y después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Entre ellos, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas—nacido en La Habana— el secretario de Estado, Antony Blinken y la directora de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional, Samantha Power.

Si bien Biden llegó a la Casa Blanca con intereses definidos y una visión política diferente a la de su antecesor demócrata, se esperaba que asumiera una actitud similar a este respecto a Cuba; a pesar de que el contexto regional e internacional se antojaba mucho más desfavorable que el asumido tras Bush y se viera obligado a priorizar desafíos internos como la delicada situación sanitaria causada por el coronavirus, la crisis económica el desempleo, el racismo sistémico o la violencia policial.

En sus primeros seis meses el dignatario apenas se involucró de forma pública en los asuntos vinculados con nuestro territorio nacional. Eso sí, mantuvo el bloqueo económico comercial y financiero y las 243 medidas impulsadas en la era Trump. Una estrategia pensada para aprovechar el impacto negativo de la COVID-19, agudizar el descontento social y terminar de asfixiar el gobierno encabezado por Miguel Díaz- Canel Bermúdez.

Solo a raíz de las manifestaciones del 11 de julio hubo un interés público que se tradujo en declaraciones injerencistas y en la validación formal de las medidas coercitivas legadas de los gobiernos anteriores.

Biden no ha podido mostrar hasta la fecha pruebas que justifique a Cuba entre las naciones terroristas. Sin embargo, el país sufre las consecuencias. Sobre todo, el sector comercial, que se ha visto afectado por el dominio del aparato financiero norteamericano. 

El hecho de que los bancos cierren sus operaciones con entidades cubanas por miedo a ser multados por el Departamento de Estado o del Tesoro priva al país de ingresos y disminuye su capacidad de compra, lo que dificulta la adquisición de insumos imprescindibles para la satisfacción de las necesidades más elementales.

Hasta para los artífices del entramado de la política estadounidense la inclusión de Cuba en la lista, al tratarse de una medida injustificada, daña los intereses de seguridad nacional de EE.UU. por deslegitimarse el propósito de la norma. En las manos del actual mandatario queda la posibilidad de eliminar una decisión sin sentido que ha marcado por décadas a un país verdaderamente víctima del terrorismo.