Cuba volverá este miércoles a las Naciones Unidas. Por trigésima ocasión denunciará ante el mundo el impacto negativo de la política hostil promovida por Estados Unidos (EE.UU.), la cual se refleja, sobre todo, en la imposición por 60 años de un férreo bloqueo económico, comercial y financiero.
Desde que la Mayor de las Antillas presenta en el máximo organismo internacional la resolución que exige el cese del cerco norteamericano ha contado con el abrumador respaldo de los países. Y es que más allá de diferencias culturales o ideológicas, solo unos pocos, con alianzas e intereses geopolíticos bien marcados, han desconocido las brutales consecuencias de medidas de este tipo.
El texto se presentará en medio de un escenario global complejo, marcado por una profunda crisis en el sector sanitario, energético, alimentario y ambiental que la Mayor de las Antillas, en su condición de nación caribeña y subdesarrollada, ha debido enfrentar en adición al recrudecimiento de la postura injerencista y desafiante de la Casa Blanca. Pues EE.UU. ha venido aplicado un diseño quirúrgico muy agresivo, dirigido a áreas sensibles de la economía, lo que ha llevado las acciones del bloqueo a una dimensión más dañina e inhumana.
Como consecuencia de ello, el desempeño económico cubano se ha visto afectado por presiones extraordinarias que se manifiesta en la industria, las prestaciones de servicios, el comercio minorista, la escasez de los alimentos y medicinas y el consumo y bienestar general de la población.
Solo entre agosto de 2021 y febrero de 2022, de acuerdo con el más reciente informe sobre las consecuencias del bloqueo, este causó pérdidas en el orden de los 3 mil 806,5 millones de dólares. Un monto récord para apenas siete meses. Asimismo, durante el primer año del gobierno de Joseph R. Biden los perjuicios alcanzaron la cifra de 6 mil 334 millones de dólares, lo que representa una afectación de más de 454 millones de dólares mensuales.
Asimismo, continúan en vigor las regulaciones que dan sustento al sistema de presión contra la Isla, entre ellas la Ley de Comercio con el Enemigo, extendida un año más por Biden, la Ley de Asistencia exterior, las normas del Departamento del Tesoro para el Control de Activos Cubanos, así como la Ley Torricelli y la Helms Burton.
En materia de remesas se mantiene la imposibilidad de realizar estas operaciones mediante los canales formales e institucionales, en tanto se prohíbe a entidades tramitadoras estadounidenses realizar transacciones con las empresas cubanas incluidas en la Lista de Entidades Restringidas. Además, continúa vigente la decisión de EE.UU. de permitir demandas en los tribunales estadounidenses contra entidades cubanas y de terceros países en virtud del Título III de la mencionada Ley Helms Burton, lo que perjudica de manera exponencial las operaciones de comercio exterior e inversión extranjera.
Situación que se agrava por la permanencia de Cuba en las listas unilaterales e ilegítimas del Departamento de Estado sobre países supuestamente patrocinadores del terrorismo y naciones que “no cooperan plenamente” con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU. Lo que ha traído consigo cierres de contratos, pérdida de relaciones con entidades bancarias que habitualmente trabajaban con Cuba, endeudamientos, demoras en el envío y recepción de fondos y mercancías, entre otras dificultades, con costos y consecuencias incalculables para el pueblo.
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Aun cuando el gobierno de EE.UU. no ha podido sostener un argumento válido que justifique la presencia de Cuba entre los patrocinadores del terrorismo, lo hace para justificar la continuación de la política de máxima presión; aunque ello implique una práctica contraria al derecho internacional y afecte, incluso, su propia credibilidad.
El recrudecimiento del bloqueo ha estado acompañado también de una sostenida campaña mediática y comunicacional de desinformación. Se ha recurrido a la mentira, la manipulación de datos y los más diversos métodos de guerra no convencional para desestabilizar al país. EE.UU. trabaja para fabricar una oposición política, fracturar el orden constitucional, el consenso social, alentar la migración irregular y afectar las condiciones de seguridad y tranquilidad ciudadana.
Además, ha reforzado sus mecanismos de persecución a las relaciones bancario-financieras cubanas. Entre enero de 2021 y febrero de 2022, se reportaron un total de 642 acciones por parte de bancos extranjeros que se negaron a prestar servicios al país, incluyendo transferencias para las compras de alimentos, medicamentos, combustible, piezas de repuesto para el sistema energético nacional y bienes para la población. A lo que se le suman las trabas asociadas al transporte marítimo que impactan toda la cadena logística.
Hasta las limitadas importaciones de productos agrícolas desde EE.UU. se realizan en violación de las normas de comercio internacional, con pagos en efectivo y por adelantado, bajo la prohibición de transportar las cargas en barcos cubanos.
Ante tal contextos han sido numerosos y constantes los pronunciamientos internacionales y del propio pueblo estadounidenses a favor de eliminar , sin condicionamientos, tal política contra Cuba. Sin embargo, desde Washington insisten en ignorar los reclamos y se escudan en argumentos vacíos sobre la defensa de los derechos humanos para, irónicamente, intentar someter a millones de personas. Contra los hechos no vale la retórica.
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