El presidente de los Estados Unidos (EE. UU), Joseph R. Biden, firmó a inicios de este mes la extensión por un año más del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Amparado en la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, el mandatario envió un memorando al secretario de Estado, Antony Blinken, y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, para prorrogar la medida unilateral hasta el 14 de septiembre de 2023.
De esta forma Biden se convirtió en el 12o ejecutivo estadounidense en ratificar la política de agresividad y chantaje contra La Mayor de las Antillas bajo el manido argumento del “interés nacional.”
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, anunció que por trigésima ocasión se presentará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución para poner fin al bloqueo económico de EE.UU.
El 2 y 3 de noviembre, presentaremos ante #AGNU, por 30ª ocasión, el proyecto de resolución vs bloqueo
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 15, 2022
Tras más de 60 años de asedio, esa política impacta hoy, como nunca, a las familias cubanas dentro y fuera del país#Cuba tiene derecho a vivir sin bloqueo#MejorSinBloqueo pic.twitter.com/wVOjYUu0wQ
Se trata, en definitiva, de una decisión esperada por parte del ejecutivo norteamericano. El demócrata, que llegó a la Casa Blanca con propuestas para regresar al ambiente de cooperación logrado por los entonces gobernantes Barack Obama (2009-2017) y Raúl Castro, se ha caracterizado por la incoherencia.
En sus primeros seis meses al frente del gobierno, apenas se involucró de forma pública en los asuntos vinculados con Cuba. A raíz de las manifestaciones del 11 de julio hubo una mayor atención de Washington. Postura reconocida entonces por el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, al expresar en una entrevista concedida al canal de noticias CNN que las circunstancias habían cambiado y se reconsideraban opciones.
Bajo la retórica del apoyo incondicional al pueblo y la denuncia de supuestas violaciones de derechos humanos, voceros de la presidencia norteamericana desde una postura absolutamente injerencista plantearon una “tercera vía” —incomprensible por definición—para lidiar con Cuba, basada en atentar contra las instituciones y los mecanismos de subsistencia del Estado mientras se garantizaban las libertades y la prosperidad económica de la sociedad.
Luego, el Departamento de Estado de EE. UU anunció una serie de medidas para “flexibilizar” su postura hacia la Isla, las cuales han tenido hasta la fecha muy poco impacto. Lo cierto es que mientras la administración actual se debate entre jugar al vecino bueno o al vecino malo ya ha causado daños materiales valorados en 147.853 millones de dólares. Y no solo permanece intacto el bloqueo, sino también las 243 medidas aprobadas durante la gestión de Donald J. Trump para terminar de liquidar una economía ya de por sí asfixiada.
La decisión de mantener al país en la lista de patrocinadores del terrorismo de igual manera va más allá de injertar una mala imagen, pues ello impide a nuestros nacionales acceder al Sistema Electrónico de Autorización de Viaje y afecta de manera directa las relaciones y convenios comerciales.
El futuro de la política estadounidense hacia nuestra nación cada vez parece estar más condicionada por las elecciones de medio término, donde se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, y se esclarecerá el margen de gobernabilidad de Biden de cara a la segunda mitad de su mandato. No obstante, ya lo deberíamos saber, la quimera de la “democracia bipartidista” se quiebra ante las pretensiones del establishment.
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