Arde Colombia

La población colombiana continúa este miércoles en las calles en protesta por las medidas neoliberales del presidente Iván Duque, un fiel aliado de Estados Unidos que acaba de recibir una derrota política al revocar la reforma tributaria que traería aún más pobreza a esa nación, la mayor exportadora de drogas del mundo.

Aunque ganó la primera parte de la pelea, obligando al ultraderechista mandatario a dar un paso atrás y sacar del Congreso Nacional su nueva medida impositiva, la población sigue en paro general y movilizada por organizaciones sindicales y políticas. La brutal represión del régimen deja, como saldo provisional hasta hoy, 27 asesinados y más de 860 heridos, además de unos 500 detenidos.

En las últimas horas, el ultraderechista mandatario amenazó con sacar las Fuerzas Armadas a la vía pública, lo que fuentes políticas consideran un peligroso paso del oficialismo acusado de genocidio en medios judiciales.

Cali, Manizales, Barranquilla, Pereira, capital del departamento de Risaralda; Popayán, Cauca; Facatativá, Cundinamarca; Ibagué, Tolima y otras importantes ciudades son escenario de las protestas donde, según denuncias, hay una intervención violenta y desproporcionada de la policía que usa métodos violentos y destructivos.

De momento, el Comité Nacional de Paro dejó claro que la huelga nacional se mantiene. “La gente en la calle exige mucho más que el retiro de la tributaria”, dijo Francisco Maltés, presidente la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien se refirió a la corrupción gubernamental, el narcotráfico, la miseria…

El senador opositor Iván Cepeda aseguró la víspera que “el pueblo quiere mucho más”, y estos acontecimientos son solo parte de una campaña en la cual aparecen otras demandas ciudadanas, como la salud y la educación gratuitas, impensables bajo un régimen derechista, afiliado a las oligarquías, de terror, como el de Duque.

Desde que se firmó el boicoteado Acuerdo de Paz en 2016, el mandatario permite el exterminio diario de exguerrilleros y activistas políticos y sociales creando un clima de pánico, pero que ahora no causó efecto entre los movilizados..

Las protestas en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril con un paro nacional, aun en pie, en rechazo a la reforma tributaria enviada por Duque al Congreso Nacional bajo el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible. Su contenido cercenaba aún más la frágil economía personal de la ciudadanía, abatida además por la pandemia de la COVID-19.

La presencia de la enfermedad ha hecho estragos de consideración. El ministerio de Salud informó este lunes que en Colombia había contabilizados 2 905 254 de contagios y 75 164 fallecidos por la pandemia, que está ahora en su tercer rebrote en el país.

Refirió que el territorio con más infestados en las últimas 24 horas fue Bogotá (3147 casos), seguido por Antioquia (2553), Barranquilla (1161), Cundinamarca (796), Santander (572), y Guajira (478).

De ahí que la ley derrotada de Duque remataría las posibilidades de vida, incluso, después de la pandemia para los colombianos.

Entre otras atribuciones, la medida incrementaba el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a bienes y servicios y la ampliación de padrón de contribuyentes del impuesto a la renta.

En Colombia, uno de los países más violentos del mundo, donde —según politólogos— gobierna el narcotráfico, hay unos 6 300 000 millones de individuos que engrosaron las líneas de pobreza en 2020.

En esa nación de Suramérica se produce el 70 % de la cocaína del mundo, informó la oficina de Naciones Unidas de lucha contra las drogas, tras un análisis de la repercusión social de esa condición para el pueblo colombiano. 

Duque escogió uno de los peores momentos de la situación nacional para presentar su nueva medida neoliberal, cuando la pobreza monetaria extrema afecta a 21 000 000 de personas, refirió el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Al dignatario, muy a su pesar y al de sus socios capitalistas, no le quedó más alternativa que echar atrás el proyecto de ley el pasado domingo debido a la presión en las calles. Días antes había prometido hacerle una serie de modificaciones, pero las promesas no surtieron efecto entre los sindicatos y organizaciones integrantes del Comité Nacional del Paro.

Ese día renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquila, uno de los principales defensores de la rechazada ley y según informaciones extraoficiales es posible que otros titulares se retiren del gobierno, tal como claman en sus peticiones los movilizados.

Para algunos politólogos progresistas, la rebeldía de los colombianos afloró dada la despreocupación de la presidencia hacia lo interno, en tanto, conspira con Estados Unidos y algunos países periféricos contra la Revolución Bolivariana y su líder, el presidente Nicolás Maduro.

Desde Colombia, bastión de Washington en Latinoamérica, se urden y propician acciones violentas y desestabilizadoras para derrocar al vecino país, sin éxito hasta ahora.

Es evidente que el pueblo colombiano no está en el radar del mandatario, que de manera equivocada pensó que podía manejarlo y salirse con la suya. Él mismo se dio un tiro en el pie.

REPRESIÓN DICTATORIAL

El régimen de Duque, como lo fueron los dos mandatos de su padrino político, el ultraderechista Álvaro Uribe, se caracteriza por la brutal represión de las llamadas fuerzas del orden, que siembran el terror, junto a las bandas paramilitares del narcotráfico, en varios departamentos de la nación suramericana.

Además del alto número de asesinados por los uniformados, que en Cali dispararon con ametralladoras contra los manifestantes; en el Valle del Cauca, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) arremetió contra las marchas y los cierres de vías.

La intimidación, de la cual el ESMAD es protagonista junto a las agrupaciones mafiosas, es inaceptable. Aun cuando la prensa hegemónica oculta las verdades, en lo que va de 2021 ya ocurrieron más de 30 masacres y unas 120 personas resultaron asesinadas, explicaron datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). En 2020 fueron 91 masacres y murieron 55 líderes comunitarios.

A ello se suma que Naciones Unidas registró que más de 9 000 000 de colombianos se vieron obligadas a desplazarse internamente de sus localidades debido a los ataques de la delincuencia armada.

Además de los muertos y heridos en estas jornadas, iniciadas el pasado 28 de abril, hay más de 503 detenidos de manera arbitraria. En la cárcel, según entidades de defensa de derechos humanos, se han cometido 18 hechos de violencia sexual y agresiones a activistas políticos y periodistas independientes.

En este contexto, casi un centenar de organizaciones colombianas escribieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre la represión de las fuerzas de seguridad contra las protestas.

Solicitamos que insten al gobierno de Iván Duque, señalaron en el comunicado enviado a la CIDH, a adoptar “medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales”.

Este martes, Naciones Unidas y la Unión Europea criticaron el exceso de brutalidad, en especial de los elementos de ESMAD, unidad especial de la Dirección de Seguridad de la Policía Nacional de Colombia.

De acuerdo con la agencia de noticias Prensa Latina, la portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, aseguró que “Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el de la vida y a la seguridad personal; y de facilitar el ejercicio de la libertad y la reunión pacífica”.

Noticias generadas en Manizales indican que agentes del ESMAD lanzaron gases lacrimógenos dentro de un bus de transporte público en que se encontraban civiles sin relación con las protestas.

Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, donde las confrontaciones entre manifestantes y policías son consideradas las más fuertes, amaneció con un pedido que rápidamente se esparció por las redes sociales: “Duque, pare la masacre”, luego de conocerse la muerte, por un tiro en la cabeza, del joven Nicolás Guerrero.

El asesinato de Guerrero despertó la ira de la población, ya que se encontraba en una manifestación pacífica en el barrio Siete de Agosto cuando fue ultimado por un miembro del ESMAD.

Mientras, el gobierno de Bogotá, para tratar de involucrar a otros actores locales y eludir su responsabilidad en las violentas acciones de los últimos días, indicó que enfrenta la amenaza terrorista de “organizaciones criminales”, según el ministro de Defensa, Diego Molano.

El titular calificó a los movilizados de terroristas disfrazados de vándalos y sus actos organizados y pagados por supuestas disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional, cuyo diálogo para la paz con el régimen fue suspendido por el Palacio de Nariño.

Se trata de otra maniobra para tratar de minimizar la fuerza de los colombianos que ahora se enfocan en la oposición a la reforma de la salud, también enrumbada por Duquesito, como suelen llamar al mandatario, dada su presencia distante, como si ostentara la propiedad de un ducado y se olvidara de que nació en un país poco aristocrático y minado por la corrupción y la pobreza.