Desde el primero de marzo se realiza a nivel de país un ejercicio de control a la contratación, al uso, tenencia y legalidad de la tierra, los tractores y al ganado mayor, con la participación de todas las direcciones del Ministerio de la Agricultura (Minag), junto a directivos y especialistas de sus delegaciones provinciales y municipales y de otros organismos.
Previamente, desde finales de febrero, los propietarios estatales y privados de ganado mayor, vacuno y bufalino acudieron a las Oficinas de Registros Pecuarios a actualizar los movimientos que habían hecho con sus rebaños, y a tener identificada la masa animal, e incluso se paralizó su compraventa, quedando solo autorizados los sacrificios sanitarios de urgencia o los destinados al balance territorial.
Según Arián Gutiérrez Velázquez, director general de Ganadería del Minag, actualmente están registrados más de 200 mil tenentes de ganado vacuno y bufalino, tanto naturales como jurídicos, y cerca de 167 mil de équido.
DESDE LAS PRUEBAS DINÁMICAS DETECCIÓN DE VIOLACIONES
Una muestra de la importancia de esta comprobación inédita e integral de control fue la detección de un grupo de violaciones, durante las pruebas dinámicas realizadas antes de su desarrollo en varios territorios.
Por ejemplo, se reportaron nacimientos sin declarar, no uso de la tierra en el propósito fundamental para el que se entregó, abandonos de áreas, faltantes de cabezas, expedientes sin certifico de suelos...
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Como explicó al periódico Escambray Pedro López Cabello, subdelegado de la Agricultura en Sancti Spíritus, "en estos días previos al ejercicio tuvimos en las Oficinas de Registros Pecuarios colas para declarar nacimientos, compra-ventas de animales, y ganaderos que en todo el año no habían ido allí a declarar muertes ni nacimientos; eso es lo que se busca, que se hagan esos procesos con orden y controlados por el registro; muchas veces vamos a realizar la contratación y no está claro dónde está el ganado para contratar las producciones”, señaló.
En conferencia de prensa directivos del Ministerio de la Agricultura aseguraron que la comprobación permitirá caracterizar el estado actual del sector ganadero, que incluye además, una amplia fiscalización al registro de tenencia de ganado mayor.
Asimismo, recabarán información actualizada sobre la utilización de equipos, tecnologías e insumos para la producción ganadera.
Explicaron que más del 90 por ciento de la propiedad del ganado mayor está hoy en manos del sector cooperativo y campesino, y productores individuales, en un escenario productivo disperso, con un incremento en la mortalidad y baja natalidad.
En la visita a esas personas naturales y a las jurídicas para evaluar in situ el aprovechamiento del área, y detectar las posibles ilegalidades en aras de su rápida solución, participan comisiones de trabajo integradas por representantes de la Contraloría, del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu), de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), del Ministerio del Interior (Minint) y de otros organismos, de ahí su carácter integral.
De conjunto, ellos se interesan por la existencia de bienhechurías o construcciones definitivas, la ocupación del área, el contrato productivo y la vinculación con unidades empresariales de base (UEB), cooperativas de producción agropecuaria (CPA) y de créditos y servicios (CCS), además de unidades básicas de producción cooperativa (UBPC).
Del ganado evalúan los índices de natalidad y mortalidad, la inscripción oportuna de los nacimientos, el manejo general de los rebaños, la clasificación por edad, raza y sexo, más el marcaje de los ejemplares, unido a hacer un conteo de la masa y revisar los expedientes de cada propietario.
EL PAÍS ARRECIARÁ EL CONTROL EN ESTAS ACTIVIDADES
Del primero de junio a 31 de julio corresponderá hacer este mismo ensayo al ganado equino, y a partir de septiembre vendrá el cambio de propiedad, con la particularidad de que volverá a ser el Estado quien ponga la chapa.
El ejercicio permitirá a su vez actualizar la cantidad de tierra ociosa, revisar el proceso de contratación y los destinos de la producción, crear una disciplina en los productores sobre la explotación de esas áreas, que se utilice para el objeto que fue aprobada a la hora de su entrega en usufructo.
De esta manera Cuba arreciará el control sobre la tenencia, uso y legalidad de sus tierras agrícolas para reducir áreas ociosas o mal explotadas y elevar la producción de alimentos, una prioridad hoy, explicó Mildrey Mantrana González, directora nacional del Control de la Tierra en el Minag.
Como dijo el subdelegado espirituano de la Agricultura "se busca ordenar los campos de Cuba, el uso de los suelos, y todo el que tenga tierra y ganado mayor será inspeccionado”, precisó.
“No se mirará solo la cantidad de ganado que tiene un propietario contra el listado del Registro Pecuario, también incluye investigar, por ejemplo, por qué ese tenente tiene una vaca a la que hace dos o tres años no se le ha inscrito un nacimiento”, detalló López Cabello.
De acuerdo con el Ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, se trata de la concreción real de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
En su opinión, con la mirada de la Comisión Nacional de esa legislación, que preside el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, el ejercicio pondrá al sistema de la agricultura en mejores condiciones para enfrentar las exigencias del Plan de la Economía 2024 y más que ello, la demanda de la familia cubana y el consumo social.
Durante el pasado año el Minag fue objeto de una fiscalización por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que instó a los productores a darle mayor reimpulso a la actividad agrícola.
El informe, debatido en diciembre pasado durante una de las sesiones del órgano legislativo, da cuentas del incremento de los delitos en ese sector, particularmente contra el ganado y otros objetivos económicos.
Los diputados reconocieron que la agricultura cubana está entre los sectores más golpeados por la crisis mundial y el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos, que complejiza la realidad cotidiana del pueblo cubano.
EN DICIEMBRE SE SOMETERÁ A APROBACIÓN LA LEY DE LAS TIERRAS
En medio de la realización del referido ejercicio de control continúa la elaboración del Anteproyecto de Ley de las tierras, para una vez aprobado como proyecto someterlo a consulta popular en aras de enriquecerlo, antes de su aprobación definitiva por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre venidero.
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Un artículo de la Dirección Jurídica del Minag, publicado en el sitio web de este organismo, subraya que en la actualidad para la adecuada implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, del 14 de mayo de 2022, es indispensable modificar la política de uso y posesión de la tierra y su marco legal, compuesto de varias normas jurídicas de larga data, disposiciones que requieren una actualización en correspondencia con las problemáticas existentes para la transmisión de la tierra y su régimen de uso y posesión.
Teniendo en cuenta lo anterior y las medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria, desde octubre de ese año fue constituido por el Minag el Grupo Temporal de Trabajo para la elaboración de la propuesta de política de uso y posesión de la tierra y su instrumentación jurídica, el Anteproyecto de Ley de Tierra.
La futura legislación, una vez aprobada por el Parlamento, deberá regular el uso sostenible de la tierra, tanto para la actividad agropecuaria como la forestal, las formas de propiedad agropecuaria, la propiedad socialista y de las cooperativas, la inscripción y registro de la tierra, la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas y no ociosas, la transmisión del dominio sobre bienes y tierras; los contratos de compraventa, permuta y donación, así como de la transmisión de esos recursos de los campesinos que emigran del territorio nacional o viajan por intereses particulares al exterior, y la sucesión por causa de muerte; las infracciones, contravenciones.
Con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su elaboración participan representantes de organismos de la Administración Central del Estado, del sistema empresarial de la agricultura, asociaciones, institutos de investigación, académicos, expertos y productores agropecuarios.
La normativa traerá impactos directos en el control y las garantías jurídicas a los campesinos, quienes encontrarán en ese corpus legal un instrumento para su quehacer diario y protección, eliminando la dispersión en resoluciones, decretos, políticas, que, lamentablemente, no se conocen cabalmente.
Se ponderó que el ahora Anteproyecto de Ley, además de contribuir al ordenamiento del campo, también favorece la gobernanza responsable de la tierra, para contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país.
EN DATOS
En reciente emisión del programa televisivo Cuadrando la caja, Mildrey Mantrana González, directora nacional del Control de la Tierra en el Minag, ofreció estos datos interesantes:
- El 79% de los 6 millones de hectáreas de superficie agrícola del país es propiedad estatal socialista.
- El 7% está en manos de cooperativas.
- El 13% corresponde a la propiedad privada, es decir, a agricultores pequeños.
De acuerdo con su uso:
- El 20% de las áreas agrícolas se destina a cultivos temporales.
- El 24% se emplea para cultivos permanentes.
- El 56% se explota para la ganadería.
Partiendo del concepto de que una cosa es la propiedad de la tierra y otra su gestión y explotación, el mayor porcentaje de las tierras en uso corresponde a usufructuarios, secundados por las cooperativas y en menor medida por las empresas estatales.
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