Por una mejor gestión del Control Interno

Como bien ha declarado el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Raúl Castro, la corrupción no es un mal ajeno a nuestra sociedad, aunque esta sea “equivalente a la contrarrevolución”; en numerosas ocasiones, Raúl ha llamado al gobierno a ser “implacable” contra ésta, ya que puede  “llevarnos a la autodestrucción”. El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros atribuye esos delitos a “la pasividad con que actúan algunos dirigentes y la falta de  funcionamiento integral de no pocas organizaciones partidistas”.

Sin embargo, ¿sabemos todos qué es la corrupción? El diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su cuarta acepción la define como “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

Entonces, ¿Qué consideramos actos corruptos? Se les puede llamar así a aquellos que constituyen una violación activa o pasiva de un deber institucional o del incumplimiento de alguna función específica, realizados en un marco de discreción con el objetivo de obtener un beneficio extrainstitucional, sea cual sea su naturaleza.

En el caso de nuestro país, existen ciertos factores asociados a la aparición de la corrupción administrativa como problema social en Cuba; el decrecimiento de los principales indicadores macroeconómicos, con el inicio del periodo especial, la introducción de modificaciones sustanciales en el modelo económico, las fallas en la aplicación de las medidas de control pertinentes y la falta de preparación de los cuadros de dirección y dirigentes administrativos para enfrentar los nuevos retos son considerados los principales motivos que han permitido a este mal instalarse en nuestro sistema económico.

Según el acuerdo 4374/02 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, los máximos órganos de dirección de los organismos de la Administración Central del Estado, las Entidades Nacionales y los Consejos de la Administración Provincial deben evaluar los hechos de corrupción ocurridos en sus sistemas, enfatizando en el análisis colectivo de los modos de operar predominantes, las fuentes de detección más eficaces, las características de los implicados, la correspondencia entre las medidas aplicadas y la gravedad de los hechos, la afectación económica y todo lo que contribuya a obtener experiencias que enriquezcan la prevención, detección y enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción.

La estrategia para erradicar la corrupción continuó y no basto con la creación de la Contraloría General de la República (creada el primero de agosto de 2009). A partir de la resolución No. 60/11, se establecen normas y principios básicos de obligado cumplimiento para la Contraloría General de la República para su mejoramiento y perfeccionamiento continuo. También estableció un Sistema de Control Interno formado por cinco componentes interrelacionados entre: Ambiente de Control, Gestión y Prevención de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión y Monitoreo, estructurados en normas.

Con el Decreto Ley 251/07 se zanjó una vieja polémica, la de los responsables colaterales de actos ilícitos: “se considera responsable colateral al cuadro que siendo superior jerárquico inmediato de los violadores o infractores, y sin tener participación directa en los hechos, por su falta de exigencia, o por su actuar negligente o por la no aplicación de los controles establecidos, facilitó la realización de las acciones violatorias de la disciplina por parte de los infractores, o que habiendo  conocido de dichas violaciones e infracciones, no las enfrentó o no informó de inmediato dichas ocurrencias, a los niveles correspondientes”.

Eliminar la corrupción por completo parece imposible, pero lograr su disminución y eliminar los grandes delitos que a veces parecen sacados de un guion de Hollywood son objetivos factibles. Ese sería un primer paso de muchos en la lucha de Cuba frente a la corrupción.