El año acaba de comenzar con la aprobación de incrementos salariales para estimular la permanencia de los trabajadores en los sectores de la salud y la educación, y de normas jurídicas que regulan las medidas arancelarias, los nuevos precios minoristas y mayoristas de los combustibles, y las tarifas actualizadas para la transportación de pasajeros.
En medio de incomprensiones o interpretaciones justificadas o razonables que en el seno de la población han suscitado las decisiones adoptadas, especialmente desde el exterior los promotores del odio y la manipulación siembran su veneno sin aludir a las verdaderas causas que obligan a corregir distorsiones bajo un escenario de economía de guerra.
El bombardeo en medios informativos al servicio del imperialismo y en las redes (anti) sociales es bien intenso y pretencioso: que la población no acompañe al gobierno en las anunciadas proyecciones y, por ejemplo, ante cualquier incremento de precios se revele y proteste por todas las vías posibles, en aras de que cunda el caos, el desorden, el descrédito...
Claro está en que no podemos obviar cuánto preocupan y afectan las intermitencias o irregularidades con la entrega en tiempo de la canasta familiar normada, el aumento desmedido de los precios, la crítica situación con el transporte, los problemas que aún no se han podido resolver con el proceso de bancarización, y las carencias de alimentos, medicamentos, combustibles y de otros recursos esenciales, en gran medida por limitaciones financieras.
NECESARIO ASEGURAMIENTO POLÍTICO Y COMUNICACIONAL Y MÁS CONTROLES
Por ello el seguimiento y control a la implementación de las decisiones adoptadas, tal cual ha orientado la dirección del país, va aparejado del necesario aseguramiento político y comunicacional, del apoyo de los factores en todas las instancias para brindar la mayor cantidad de información al pueblo con el objetivo de esclarecer cualquier inquietud, y de la discusión sistemática sobre tendencias negativas en nuestra sociedad.
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A partir de febrero empiezan a aplicarse las nuevas tarifas de precios en el transporte de pasajeros, particularmente desde el día primero por los portadores privados, y tal cual explicó en la Mesa Redonda Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del ramo, la mayoría de los servicios urbanos no sufrirán modificaciones de precios y las diferencias serán cubiertas con la participación del Presupuesto del Estado, en aras de también contribuir a la eficiencia y revitalización del sector empresarial y estimular la permanencia de sus trabajadores.
Pero en cuanto se anunció el incremento no sólo del costo de los pasajes sino de los combustibles, no pocos conductores particulares también subieron el precio, y esa tendencia sin dudas podría replicarse en otros actores económicos persuadidos ahora a apostar más al fisco, a en dependencia de sus ingresos o actividades pagar mayores tributos.
Como parte de las acciones que garanticen el cumplimiento de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, en las últimas semanas la Gaceta Oficial publicó un grupo de resoluciones dirigidas a fortalecer la recaudación fiscal, mejorar la eficiencia en la gestión presupuestaria y promover el desarrollo económico sostenible.
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En fin, se requieren mayores controles en aras de también evitar precios abusivos o especulativos, que irriten a la población, bajo la justificación de que aumentaron los impuestos.
Por cierto, recientemente funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), de sus direcciones provinciales y municipales en la capital, de conjunto con representantes de la Agricultura y de los gobiernos locales, detectaron violaciones en la política de precios y tarifas, por lo cual a los infractores les fueron aplicadas fuertes multas y otras medidas.
A tono con las acciones de control que de manera sistemática se propone realizar el organismo durante todo el año, en inspecciones sorpresivas en ferias agropecuarias y en establecimientos de la red de comercio minorista hallaron productos de mala calidad, precios no visibles e incumplimientos de los concertados con los Consejos de la Administración Municipal.
Durante un intercambio con periodistas de medios locales Vladimir Regueiro Ale, titular del MFP, subrayó la necesidad de que la población denuncie violaciones como ésas y apoye a los inspectores u otros representantes del Estado cuando públicamente proceden a actuar contra los infractores.
Por otra parte, entramos en febrero y aún la no aceptación o resistencia al pago electrónico sigue ocurriendo en varios contextos: establecimientos que tienen tales canales y no garantizan a sus clientes el acceso a éstos; resistencia por vendedores directos pertenecientes a comercios estatales; y prestadores de bienes y servicios que carecen de las condiciones técnicas necesarias, o se encuentran en las llamadas zonas de silencio.
Aunque ahora todos los actores económicos dedicados al comercio deberán aceptar el pago por transferencia, a pocos días de que esa determinación entre en vigor, muchos no crean las condiciones o se las arreglan para evadir el fisco, y estamos ante un asunto que requiere resolverse ya.
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También al calor de las acciones emprendidas con vistas a eliminar distorsiones el Primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ha indicado revisar las estructuras empresariales para lograr mayor productividad y reducir costos económicos.
Sobre una política muy anunciada como el tránsito del subsidio de productos al de personas, afirmó que es preciso que los que mucho tienen paguen lo que valen las cosas, y quienes tienen poco sigan, desde el Gobierno y el Estado, subsidiados, y que les podamos dar más de lo que reciben hoy, acotó.
En fin, que ninguna medida económica se aplique hasta que no estén las condiciones creadas en el país ha orientado Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República.
Como se ha explicado, dijo recientemente, ello será gradualmente, con una especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta el principio de la Revolución de que nadie quedará desamparado, y donde todos deben asumir la responsabilidad correspondiente en su control y seguimiento, especialmente la Asamblea Nacional del Poder Popular en la comprobación sistemática de los resultados alcanzados, además de una sólida comunicación política.
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