Economía verde: un negocio destructivo para la humanidad

El concepto de economía verde transcurre en las tres últimas décadas entre libros, expertos, movimientos sociales y organismos internacionales desde la necesidad de un desarrollo sostenible, definido como “el desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras”.

Se necesita de forma apremiante ese desarrollo sustentable cuando se ha llegado al punto de una crisis ambiental cada vez más profunda. Pero, al “Desarrollo Sustentable” lo han acabado rotulando como “economía verde” para emplear combustibles renovables pero continuar con el mismo sistema productivo, comercial, financiero y de consumo, que ha demostrado largamente ser insustentable.

En la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, los gobiernos del mundo reconocieron que el planeta atravesaba una severa crisis ambiental. Fue el momento del visionario llamado de Fidel Castro: una especie está en riesgo de extinción.

Sin embargo, no hubo cambios sustantivos debido al sistema capitalista y su lógica de crecimiento inhumano. Los intereses creados fueron más fuertes y las respuestas fueron las salidas neoliberales que han significado la mercantilización de la naturaleza. El cuadro resulta sombrío pese a la publicidad bucólica que imponen los medios y el lucro propagandístico.

Apenas 147 empresas trasnacionales controlan el 40 por ciento del volumen total de ventas de todas las trasnacionales del globo. Están estrechamente interconectadas a través de acciones y participaciones entre ellas, constituyendo una súper entidad global que ejerce un control enorme sobre mercados, producción y políticas nacionales e internacionales. Las tres cuartas partes de estas 147 súper poderosas son bancos e intermediarios financieros, que a su vez tienen un importante porcentaje de acciones en las mayores empresas de capital productivo.

HACIA RÍO+20

Bajo estos presupuestos, de cara a la cumbre Río+20 (20 al 22 de junio) la principal propuesta de los países ricos es su “economía verde” con el objetivo de crear un ambiente propicio para la inversión privada en el agua, la biodiversidad, los océanos, los bosques, etc. Estos incentivos a la inversión privada incluyen desde asignarle precio al agua hasta garantizar las utilidades del inversionista privado.

Para la “economía verde” el desequilibrio con nuestro medio ambiente se debe a que no se trató a la naturaleza como un “capital”. Por eso pregonan un capitalismo tridimensional que incluya, no sólo a las máquinas y a los seres humanos, sino también a la naturaleza.

La “economía verde” lejos de generar productos reales y tangibles desarrollará un mercado ficticio de bonos y certificados financieros que se negociaran a través de los bancos. La gran banca que provocó la crisis financiera del 2008, y luego fue premiada con trillones de dólares de fondos públicos, ahora tendrá a su disposición a la Naturaleza para especular y realizar fabulosas ganancias.

Los países ricos esperan que Río+20 le dé un mandato a las Naciones Unidas para empezar a desarrollar un conjunto de indicadores y mecanismos de medición que creen las bases para un mercado mundial de servicios ambientales y de los ecosistemas, según el analista Pablo Solón. O sea, van por un nuevo negocio con la naturaleza que los haga más ricos.

Por su parte, los mal llamados en desarrollo no han articulado una verdadera plataforma alternativa viable: esencialmente están planteando propuestas ya acordadas en el marco de las Naciones Unidas que nadie cumple y de las que los ricos se burlan.

CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO

Urge pasar de las consideraciones a los hechos. Se trata de forjar una articulación en todos los países. Pronunciarse y movilizarse en contra de la “economía verde” mercantilizadora de la naturaleza para avanzar en un camino de articulación práctica a las propuestas que vienen desde los pueblos, como son el Acuerdo de los Pueblos de Tiquipaya y los debates del Foro Social Porto Alegre.

En 2010 Bolivia realizó la Conferencia Mundial de los pueblos sobre cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra en Tiquipaya, Cochabamba. Allí, con la participación de 35 000 personas de los cuales 9 000 eran delegados internacionales, se aprobó una propuesta que va mucho más allá del desarrollo sostenible, porque plantea que no sólo hay que buscar el bienestar de las generaciones futuras sino el bienestar de la Madre Tierra.

En ese sentido se planteó un proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y se hizo una serie de proposiciones para que los presupuestos militares y de defensa se destinen a la preservación de la naturaleza, para que se promueva la soberanía alimentaria en oposición al agronegocio, para que se prohíban la geoingeniería y los organismos genéticamente modificados, para que los servicios básicos estén bajo control de la sociedad y no sean privatizados, para que se preserven los derechos de los pueblos indígenas incluyendo el derecho a la consulta libre previa e informada, para que no se mercantilicen los bosques a través de REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques), etc, etc.

Los debates del Foro de Porto Alegre, este año 2012, permitieron vislumbrar líneas de alternativas a presentarse y sobre las que habrá que presionar para que entren en las agendas políticas nacionales e internacionales, con la centralidad y la defensa de los bienes comunes de la humanidad como respuesta a la mercantilización, privatización y financiación de la vida, implícita en el concepto de “economía verde”, según señala Boaventura de Sousa Santos.

Así, también el pasaje gradual de una civilización antropocéntrica a una civilización biocéntrica, lo que implica reconocer los derechos de la naturaleza; redefinir el buen vivir y la prosperidad de modo que no dependan del crecimiento infinito, entre otros tópicos.
Nunca como hoy hubo más conciencia de que la mercantilización neoliberal de la naturaleza no es el camino para solucionar la crisis ambiental y salvar al planeta, pero si verdaderamente no se obliga a los ricos a una negociación justa frente a sus abusos, como el Protocolo de Kioto, puede ser demasiado tarde para todos.