Control Interno: auditorías a la empresa estatal

Hasta el próximo 30 de octubre la Contraloría General de la República (CGR) desarrollará la XV edición de la Comprobación Nacional al Control Interno. Se trata de un ejercicio para evaluar el fortalecimiento de la Empresa Estatal Socialista, la gestión administrativa y el uso eficiente de los recursos en actividades fundamentales como la producción de alimentos y servicios.

Con el fin de garantizar la sostenibilidad de la industria nacional, el desarrollo de los territorios y exportaciones a partir de la consolidación de los encadenamientos productivos entre los diferentes actores de la economía; la experiencia pretende, además, examinar el cumplimiento de las normativas aprobadas para el control del combustible, de la licencia de operación de transporte, seguridad vial, carta porte, entre otros. De igual forma, se inspeccionan los procesos de contratación económica y el estado de las cuentas para cobrar y pagar.

Para ello se seleccionó una muestra formada por 200 entidades—algunas con pérdidas---, que incluyen seis grupos empresariales, 11 empresas filiales,57 unidades empresariales de base y seis unidades presupuestadas. Todas, con contribución directa a cinco metas del Plan Económico y Social hasta 2030 en las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial de Tabacuba, la Industria Agroalimentaria, Materiales de la Construcción, Agua y Saneamiento, Gestión Integrada de las Aguas Terrestres y empresas locales de transporte y construcción.

La comprobación cuenta con la participación de controladores y auditores de la Contraloría General, el Sistema Nacional de Auditoría, así como expertos en entidades nacionales, estudiantes y profesores universitarios.

Un hecho que, al decir por la Contralora General de la República, Gladys María Bejerano Partela, como en otras ocasiones, se antoja oportuno para brindarle capacitación no solo a los educandos de las carreras involucradas, sino también a los auditores internos, directivos, funcionarios y trabajadores de los distintos organismos auditados, pues los prepara en la búsqueda e identificación de errores de procedimiento , documentación desactualizada y el cumplimiento de las pautas que rigen el desempeño de las empresas estatales socialistas.

Acorde a la Conceptualización del Modelo Económico Cubano, los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, el mencionado Plan de Desarrollo Económico y Social para 2030 y los elementos de la Tarea Vida, la CGR ha ido perfeccionando y actualizando en los últimos años los documentos que le sirven de instrumento de trabajo y les permite una mayor eficiencia en los resultados.

Con más de una docena de textos que abarcan las normas éticas y de conducta, las normas cubanas de auditoría y resoluciones de aplicación general, la CGR se sustenta, sobre todo, en lo estipulado en la Constitución de 2019 y en la Ley 158/2022 de la Contraloría General de la República de Cuba y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y de la Gestión Administrativa.

Este última, una legislación que se suscribe al escenario económico y que, en comparación con la derogada Ley 107, establece cambios en las relaciones de subordinación de la Contraloría al Presidente de la República y su periodicidad en la rendición de cuentas; respecto a la dirección, designación del jefe del contralor general y los vicecontralores generales; e incorpora la disminución del requisito de tres y cinco años de experiencia para ser designado y dos años para los auditores.

De acuerdo con el Informe de Rendición de Cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular presentado en diciembre del pasado año, desde el 2014 y hasta esa fecha se realizaron seis comprobaciones nacionales al Control Interno, las que ejecutaron 2 mil 176 acciones de control y se revirtieron en programas e iniciaciones para verificar 20 temas priorizados de gran impacto.  

Asimismo, en igual período y como resultado de las acciones de control practicadas, la administración ha aplicado ha aplicado 12 mil 662 medidas disciplinarias, de ellas 6 mil 502 a directivos y funcionarios (51.4%), correspondiendo 384 por responsabilidad colateral (5.9%) y 6 mil 160 a trabajadores (48.6%). Por tipo de medida implican la separación del cargo 3 mil 116, el 24.3 por ciento (1 279 separaciones; 1 059 demociones; 618 traslados, 129 suspensiones del derecho o vínculo laboral y 31 inhabilitaciones) y resulta la sanción más aplicada la amonestación con 7 mil 759 (61.3%). También se impusieron mil 787 multas (14.1%).