El gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro advirtió hace unos días que solo retomará las negociaciones con la oposición reunida en la Plataforma Unitaria si Estados Unidos (EE.UU.) alivia las sanciones impuestas al país y cumple otros requisitos, como la captura y deportación del ex diputado Juan Guaidó, acusado, entre otros delitos, del robo de más de 20 000 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA.
Agencias internacionales de noticias aseguran, aunque Caracas no ha confirmado, que en estos momentos hay conversaciones de bajo perfil entre delegaciones de los dos países en Doha, Qatar, en busca de un acercamiento para encontrar soluciones conjuntas al estancamiento de las conversaciones con la Plataforma y transitar hacia las elecciones el próximo año, pero aún sin fecha marcada.
Venezuela ha sido precisa con la Casa Blanca, que protege a Guiadó, y lo reconoció como presidente interino del país suramericano. Este individuo creó un gobierno paralelo en el extranjero, organizó invasiones marinas y el frustrado magnicidio del mandatario constitucional; robó activos del Estado y realizó otras fechorías contra el patrimonio público.
Como Washington organizó y, en la práctica, dirigió la carrera política del ahora prófugo ex diputado, protegido por los regímenes de Donald Trump y Joe Biden, el gobierno venezolano condicionó cualquier movimiento negociador con la extradición de quien, en un momento, presidiera la Asamblea Nacional y desde allí creara una lucha de poderes en detrimento, según buscaba, de la institucionalidad y las autoridades legítimamente refrendadas por el voto popular, del que nunca disfrutó.
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EE.UU., en su política de prepotencia hacia los pueblos del Sur, ha intentado derrocar al proceso socialista dirigido por Maduro, quien ha dado muestras de aplomo e inteligencia para mantener en pie la nación suramericana en medio de las grandes dificultades impuestas a su país.
Además de estar atascada en un bloqueo impuesto por la administración norteamericana, Venezuela recibió 930 sanciones unilaterales que le impiden el normal desarrollo de su economía. La derecha internacional, unida contra la tierra de los grandes llanos y mares hermosos, con un potencial petrolero entre los mayores del mundo, incluso le incautó miles de millones de dólares en oro, depositados para su resguardo en el Reino Unido.
El antiguo axioma de Dios los cría y el diablo los junta se hace realidad cuando de tomar posiciones se trata en naciones donde los intereses de los grandes capitales dominan la política
La Unión Europea, un organismo que ni controla sus gobiernos ni sus ejércitos (bajo el dominio del pensamiento de la élite estadounidense), también quebró sus relaciones con Caracas sobre la base de una supuesta violación de los derechos humanos. Los venezolanos exigen que los dejen trabajar en paz bajo los postulados del fallecido líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, defendidos por Maduro y el liderazgo revolucionario contra los obstáculos que de continuo ponen los imperialistas al desempeño nacional.
Esta semana, la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN), emitió un despacho que explica la condición indicada de EE.UU. para mitigar las sanciones unilaterales: el gobierno de Maduro debe aceptar “retomar la mesa de diálogo con un sector de la oposición en México”, las cuales fueron suspendidas desde finales del pasado año.
Este proceso que ahora tiene lugar en Doha resulta clave, explican analistas, para un posible entendimiento de carácter perdurable.
La agencia británica Reuters, aunque sin confirmar oficialmente, señaló en detalles los requerimientos venezolanos, que incluyen la liberación del diplomático Álex Saab, detenido en EE.UU., mientras el ala opositora solicitó garantías electorales y la liberación de personas encarceladas, entre otras demandas.
En las peticiones de Caracas se incluye que empresas petroleras extranjeras, como la francesa Maurel & Prom, obtengan una licencia de Washington para vender crudo de la sancionada Petróleos de Venezuela (PDVSA), saqueada también por Guaidó.
Las conversaciones en Doha pueden resultar alentadoras en medio de las tensiones en que se mueven las relaciones bilaterales, pero es prematuro asegurar que avancen hacia un acuerdo final que ponga fin a las diferencias, ya que el primer interesado en mantener maniatada a Venezuela para apoderarse de su petróleo es precisamente EE.UU.
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En el entorno de estos movimientos diplomáticos, los dos gobiernos concretaron un acuerdo para reanudar la repatriación de venezolanos residentes en territorio norteño en condiciones irregulares, aunque se mantienen otras iniciativas que permiten una emigración segura y ordenada.
Mientras, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, interesados en la solución pacífica de los conflictos originados en Venezuela y el diálogo político con EE.UU. en Doha, reaccionaron de manera positiva al proceso en puertas.
El pasado lunes, López Obrador indicó que desea un entendimiento entre las dos naciones con políticas opuestas para que resuelvan de manera democrática sus diferencias sin que se imponga nada, y puedan continuar entonces las interruptas conversaciones con Plataforma Unitaria.
Petro saludó los pasos que se dan y reiteró que es imprescindible lograr "el desbloqueo de Venezuela", para que se manifieste entonces "la prosperidad de su pueblo.”
En julio pasado, las delegaciones venezolanas sostuvieron una reunión en Bruselas, en la que acordaron reanudar las conversaciones de México, con una agenda centrada en los comicios presidenciales de 2024 y el levantamiento de las sanciones.
En esa ciudad, los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, Petro, entre otros, instaron a las partes venezolanas retomar el diálogo en Ciudad de México para acordar, entre otros puntos, las condiciones de los próximos comicios.
TODOS LOS OJOS SOBRE GUAIDÓ
Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela en una plaza de Caracas, sin ser votado en elecciones válidas. Desde su posición de jefe de un Estado inexistente, pero reconocido por unos 50 países presionados por Donald Trump, pretendió convertirse en el héroe de la fracasada película.
Todos los planes que bajo la tutela norteamericana trató de llevar a cabo se fueron al traste. Quedó demostrada su incapacidad para dirigir incluso a un grupo de mercenarios que intentaron penetrar por las costas desde la Colombia de Iván Duque para formar una cabeza de playa e intentar ganar territorio venezolano.
La solicitud de aprehensión de Guaidó por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, está más que justificada, según entendidos, por los delitos cometidos durante su presidencia virtual.
Saab lo acusó de los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, legitimación de capitales y asociación, que lo involucran con el desfalco de la estatal petrolera PDVSA y la entrega de la empresa CITGO a EE.UU.
El fiscal presentó pruebas contundentes de las acciones de este político que, opinó, fueron “premeditadas”. Una de sus fechorías fue la maniobra de refinanciamiento de la deuda de PDVSA en el exterior. Guaidó y sus socios permitieron que la suma aumentase en unos 19 000 millones de dólares pasibles de ser reclamados por los deudores, lo que permitió el proceso de remate de la petrolera CITGO, subsidiaria de PDVSA en EE.UU. Estos movimientos fueron confirmados por una Corte Federal norteamericana radicada en la ciudad de Delaware.
“Por esa vía prácticamente él entregó a CITGO, y estas acciones tienen que conocerlas la opinión pública, y el pueblo de Venezuela”. Este individuo, refirió, “llamó a que inmolaran sus vidas jóvenes venezolanos junto al supuesto gobierno y sus acciones nefastas”.
La agencia Hinterlaces, especializada en estudios de opinión, publicó un estudio realizado en junio pasado que proyecta que el 78 % de los venezolanos cree que Guaidó debería estar en prisión por corrupto. En el estudio, con unas 1200 entrevistas a nivel nacional, arrojaron que la mayoría de la ciudadanía aprueba el envío a prisión de Guaidó y lo calificó como el opositor más impopular del país con un índice desfavorable del 84 %.
Según indicó el fiscal, en estos momentos se investigan 28 causas penales relacionadas con la administración ficticia por hechos irregulares, como la designación de juntas directivas de CITGO, de embajadores y encargados de negocios y de una Junta Directiva del Banco Central de Venezuela. Hay dictadas 288 órdenes de aprehensión, detenidas 129 personas ya acusadas, 14 con solicitud de extradición.
Un análisis realizado por expertos, afirman que PDVSA pasó de tener una deuda reclamable vinculada a sus activos en EE.UU. de 3,4 millones de dólares, que era pagada por la administración de Maduro, a llegar a la cifra de 23 600 millones de dólares debido a decisiones tomadas por el falso gobierno interino a partir de 2019, lo que terminó con la subasta de CITGO.
De acuerdo a cálculos de la firma Datanalisis, 74 % de la población no está de acuerdo con las sanciones internacionales, y cerca del 30 % las responsabiliza de la actual situación económica. El 76 % manifiesta, en particular, su interés en que sean suprimidas las sanciones petroleras.
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