No solo lo enfatizaron en la década del noventa del pasado siglo, sino que se ha convertido en práctica estratégica de los centros norteamericanos de poder.
Washington no puede darse el lujo, suscribieron entonces esos grupos, de admitir la reorganización ni el surgimiento de nuevas potencias internacionales. Con el fin de la Unión Soviética no es posible que grandes países puedan desafiar las pretensiones hegemónicas de los sectores reaccionarios norteamericanos, no importa hasta donde haya que llegar con la consecución de tales fines.
Y, desde luego, hay naciones concretas en esa lista de “vetados como posibles potencias.”
De un lado Rusia, heredera del poderío nuclear soviético, y con una trayectoria presente nada anuente con las directivas absolutistas Made in USA.
Del otro, China, un gigante territorial y humano que ha multiplicado por más de cinco su Producto Interno Bruto hasta el cierre de 2012, que en 2009 se instituyó como el primer exportador mundial, un año más tarde se convirtió en la segunda economía mundial, y que para 2016 podría desplazar a los Estados Unidos del primer puesto que hoy ostenta.
Por demás, Beijing posee sus propios arsenales nucleares e incursiona con éxito en la conquista del espacio exterior, lo que habla de su significativo avance científico y tecnológico.
En consecuencia, China se ha convertido en otro de los objetivos prioritarios a frenar y opacar.
Así, a fines de este diciembre, un vocero militar del gigante asiático denunció en Beijing el agresivo contenido, referente a su país, de la titulada Ley de Autorización de Defensa de Estados Unidos.
Según la fuente, el documento en cuestión “constituye una burda injerencia en los asuntos internos chinos” y atenta contra la “confianza estratégica mutua.”
En ese sentido, la citada ley contiene secciones controvertidas relacionadas con las Islas Diaoyu, en litigo entre Bejing y Tokio, y con relación a las ventas de armas a Taiwán.
Es decir, el legajo se involucra de lleno en temas de alta sensibilidad para China y que únicamente constituyen temas de orden bilateral con las otras naciones concernidas.
La titulada Ley norteamericana de Autorización de Defensa Nacional reconoce de forma escandalosa la administración de Japón de las disputadas islas Diaoyu, a la vez que solicita mayores ventas de armas a Taiwán.
Por demás, Washington insiste en el despliegue en 2017 de aviones caza F-35 en la Estación Aérea Iwakuni, en suelo nipón, según reveló el propio secretario estadounidense de defensa, León Panetta.
A partir del criterio oficial chino, esas acciones, “que recalcan deliberadamente la agenda de seguridad militar y causan una tensa situación en Asia”, son contrarias a la voluntad de paz y progreso de la mayoría de las naciones del orbe y hacen crecer el peligro de enfrentamientos bélicos con su carga de muerte y destrucción.
Una advertencia que no puede ser desoída, mucho menos cuando los círculos norteamericanos de poder no cesan su agresividad expansionista en Asia Central y Oriente Medio, e instalan en Europa Occidental su titulado sistema antimisiles, destinado a procurarse la capacidad de un primer golpe nuclear sin respuesta de los agredidos.
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