La posposición de los comicios previstos para 2023 la suscribieron el presidente, Salva Kiir Mayardit, el vicepresidente Riek Machar Teny, y otros importantes representantes del espectro político sursudanés.
Esa decisión supone el establecimiento de una hoja de ruta que extenderá el periodo de transición pactado hace cuatro años, el cual posibilitó oficialmente el fin de la contienda bélica desatada en 2013, dos años después de la separación de Sudán.
Según el mandatario, la disposición no se adoptó por la voluntad de ”estar más tiempo en el poder" y precisó que no se quiere precipitar unas elecciones que conduzcan nuevamente al conflicto armado al país.
A la ceremonia en la que se hizo público el aplazamiento no asistieron funcionarios de la llamada troika para el país -integrada por Estados Unidos, Reino Unido y Noruega-, lo que observadores consideraron un rechazo a lo adoptado en Juba, la capital.
Esa decisión de posponer el proceso se alcanzó antes de la unificación militar, redactar la Constitución y realizar un censo, aspectos requeridos para celebrar la consulta y establecer un Gobierno sin retornar a la guerra, añadió el presidente.
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Para Kiir Mayardit, "reunificar el Ejército significa que podríamos proteger los resultados de los comicios contra los que quieran usar esa ocasión para la violencia" y la redacción de la Constitución dirá qué tipo de Gobierno se desea.
“Estas elecciones, si se deciden de forma sabia, pondrán a Sudán del Sur en el camino del progreso durante los próximos siglos", afirmó durante la ceremonia oficial, tras reconocer que la prórroga es una opción pragmática y realista necesaria.
Para el análisis coyuntural está claro que el nuevo cronograma trata de dar tiempo a fin de consolidar las estructuras y funciones del Estado, mientras aleja el peligro del conflicto bélico; el anterior (2013-2018) causó unos 400 000 muertos.
La guerra en Sudán del Sur estalló en diciembre de 2013 cuando efectivos de la guardia presidencial se amotinaron y el presidente Kiir acusó a Machar de intentar derrocarlo mediante un golpe de Estado.
Así las tropas gubernamentales del Movimiento Popular de Liberación de Sudán (SPLM) enfrentaron durante cinco años al guerrillero Movimiento Popular de Liberación de Sudán en la Oposición (SPLM-IO) hasta acordar la paz en 2018.
Aunque ese entendimiento y el hecho de compartir el poder lograron aciertos, la aplicación total del pacto permanece incumplida y eso retrasa la marcha del proceso de transición, como reconocen los antiguos contendientes.
El primer vicepresidente Machar Teny, del SPLM-IO, defendió posponer el plazo suscrito, ya que el 72,7 de las cláusulas del documento refrendado permanecen inactivas, lo cual equivale a cerca de las tres cuartas partes de su contenido.
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Conforme con analistas políticos, el tiempo que se propone en la nueva hoja de ruta también permitirá enfrentar otros desafíos fuera del ordenamiento institucional como son la recomposición económica y frenar la violencia entre comunidades.
Sin embargo, agrupaciones no adscritas al acuerdo del 2018 rechazaron el cambio de calendario; el general Pagan Amum, vocero de los Grupos de oposición de Sudán del Sur no signatarios (Nsssog), declaró que Kiir y Machar fracasaron en finalizar el sufrimiento del pueblo y calificó de ilegal la prórroga del régimen de transición.
Alrededor de 11 millones de personas habitan el país africano, cuya economía se basa principalmente en la explotación de sus yacimientos petroleros, las ganancias obtenidas con el crudo se comparten con el vecino Sudán, donde está la infraestructura para el tratamiento del hidrocarburo y el único puerto para su exportación.
Pese a sus potencialidades, el Estado más joven del continente –nació en 2011- la violencia interrumpió su trayectoria y entorpeció el desarrollo en términos institucionales, que ahora intenta rescatar, lograrlo es una necesidad imperiosa.
El hambre y la desnutrición castigan a millares de niños sursudaneses. (Tomada de Unicef.es)
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