Sucia política de derecha boliviana

El equipo derechista burgués que gobierna Bolivia hace malabares para sacar al Movimiento al Socialismo (MAS) de las elecciones generales marcadas para el próximo 6 de septiembre, en las que hasta ahora se perfila como vencedor de los golpistas que hicieron renunciar al presidente Evo Morales.

A pesar de los intentos de la presidenta de facto Janine Añez de mantenerse en Palacio Quemado, dando prorrogas a los comicios por, dijo, la pandemia de la COVID-19 que no sabe manejar y deja miles de muertos y contagiados, el Congreso Nacional aprobó y ella fue obligada a legislar la fecha en que se encontrarán en las urnas importantes actores políticos bolivianos.

El pasado 10 de noviembre, en un plan conjunto de la derecha asentada en Santa Cruz, con Fernando Camacho a la cabeza, organizador de disturbios y atentados, el mandatario Morales, líder del MAS, ganó limpiamente las elecciones. Horas después, ante el agravamiento de la situación y la advertencia de las Fuerzas Armadas, el exlíder renunció y, por razones humanitarias, México le brindó asilo ante la posibilidad de ser asesinado.

Con una biblia en la mano y escoltada por un obispo y el jefe del Ejército, Añez tomó posesión de la primera magistratura en su condición de vicepresidenta del Senado. El Congreso Nacional permanecía cerrado y los legisladores no podían llegar a La Paz para asumir su responsabilidad debido al toque de queda. La derecha aprovechó el momento y la proclamó en lugar de Morales, con la venia de Estados Unidos, el gobierno de Brasil, los golpistas del Sur, la Iglesia Católica, la Banca y los militares.

En realidad, a Añez la proclamaron como nueva dignataria el embajador de Brasil, Octavio Henrique Dias, quien estuvo presente en la reunión del 10 de noviembre en la Universidad Católica de La Paz, con el líder del Comité Cívico de ultraderecha de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, un delegado del también postulado conservador Carlos Mesa y el líder derechista de Guayaquil, Jorge Quiroga.

Para la oligarquía boliviana y brasileña es vital quien lleve las riendas en Bolivia. Las dos naciones comparten frontera y alrededor del 50 % de la tierra del oriente boliviano es propiedad de empresarios brasileños dedicados a la soya. Ese grupo está vinculado a los poderosos terratenientes y políticos rurales de los Estados de Rondonia, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur.

No es casual que los gobiernos de Brasil y de Estados Unidos hayan sido los primeros en reconocer a Añez. El secretario privado de la usurpadora es el exfuncionario de la embajada estadounidense en La Paz, Erick Foronda. Cabe preguntarse entonces, quién gobierna realmente en la nación pluricultural suramericana.

La intención del régimen aliado a Estados Unidos es destruir a los principales líderes del MAS y proscribir la candidatura de sus candidatos en septiembre, los exministros de Economía Luis Arce Catacora, para presidente, y como vice el ex de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca.

El pasado día 30, Arce Catacora, conocido como el artífice de la bonanza económica bajo el gobierno del MAS, fue acusado por Sergio Flores, gerente de la gestora pública de pensiones, de la compra injustificada de dos programas informáticos, lo que habría causado un daño económico al Estado.

La denuncia, a dos meses de las presidenciales trata de complicar el escenario político, confundir a la gran mayoría que confía en el MAS y esconder los verdaderos intereses del decreto 4 272 de Añez de reactivación del empleo, el cual favorecerá solo a las empresas privadas, pues excluye a las públicas de recurrir a los fondos del tesoro nacional, lo que fomenta la quiebra grupal y su posterior nacionalización.

La medida que afinca el neoliberalismo en el país, determina también la privatización de servicios básicos como la luz, agua y gas, cuyo acceso fue declarado como derecho humano por Morales, quien durante sus 14 años de mandatos consecutivos expropió las principales riquezas naturales en manos de empresas extranjeras y redujo los precios de tales insumos básicos para la población.

Bajo el gobierno del MAS fueron creados los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, como ayuda económica a las familias más vulnerables, y cuyo fondo para el pago procede de las rentas de las empresas públicas. Por tanto, pronto también serán extinguidos.

El ministro de Justicia del régimen, Álvaro Coimbra, aceptó la denuncia contra Arce y solicitó a la fiscalía la reactivación de las diligencias para citarlo en el caso del supuesto desfalco del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).

Voceros del ente judicial indican que el candidato del MAS estaría implicado en la supuesta irregularidad, así como un alto número de funcionarios del depuesto gobierno socialista.

Arce llegó a La Paz, desde el exilio en México, el 28 de enero pasado y de inmediato fue notificado por la fiscalía por otro caso de corrupción apenas bajó del avión, en un pasillo del aeropuerto de El Alto.

En un proceso falso, como los seguidos contra los expresidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; de Argentina, Cristina Fernández; de Ecuador, Rafael Correa y de Paraguay, Fernando Lugo, contra Arce se reactivarán más de 60 procesos por presunta corrupción.

O sea, que el esquema de persecución judicial ideado en Estados Unidos, lo que busca ahora, como antes en otros países, es sacar a los dirigentes progresistas de la competencia electoral cuando gozan del abrumador apoyo de su pueblo.

La dirección Nacional del MAS emitió el mismo día 30 un comunicado en el que advierte el intento de inhabilitar a Arce, quien aparece como ganador de las presidenciales en las encuestas. Mientras esté vigente el proceso en su contra, podría ser inhabilitado, como hicieron con Lula da Silva.

Con esa manipulación, y el tiempo a su favor, la llamada justicia boliviana impediría competir al MAS el 6 de septiembre mediante un golpe judicial.

Además de los intereses políticos, el ultraconservadurismo boliviano impedirá un gobierno mestizo. La oligarquía burguesa nunca aprobó que un indígena presidiera la nación, y ahora tampoco. En sus primeras manifestaciones, el régimen de facto cometió las masacres de Pedregal, Sacaba y Senkata, vejó la Wiphala, bandera que identifica a los pueblos originarios y al Estado Plurinacional.

En medio de la crisis política, económica, social y sanitaria existente en el antes próspero país andino, el MAS posee, según las encuestas de este mes, el 42 % de las intenciones de voto, lo que le permitiría ganar en la primera vuelta.. Añez, quien se presenta como candidata, solo cuenta con el respaldo del 13 % y Carlos Mesa, con un 26 %.

Por tanto, Arce arrasa con todos, pues para ganar el Palacio Quemado solo debe tener un 10 % por encima del segundo colocado.

En los comicios de noviembre, abortados luego de que la misión de observadores de la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA) dictara fraude ante la victoria del MAS, Añez solo alcanzó un 4 % de los votos.

También el expresidente Morales, quien reside ahora en Argentina, es víctima de la manipulación judicial, y su extradición fue solicitada por los usurpadores por supuestos delitos de “financiación del terrorismo”, lo que fue calificado de “desconcertante” por sus asesores jurídicos, los reconocidos abogados argentinos constitucionalistas Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra. En Europa, su defensa corre a cargo del juez español Baltazar Garzón.

Además de la asesoría, ambos están dispuestos a asumir la defensa de Morales si fuera necesario.

El fundamento de los magistrados bolivianos es el registro de un audio casero atribuido al exmandatario, que supuestamente desde México, donde estaba refugiado, instruyó al dirigente cocalero Faustino Yucra a bloquear caminos en diferentes ciudades durante los días siguientes al golpe de Estado.

Zaffaroni declaró esta semana que no les llaman la atención los supuestos delitos atribuidos a Morales.

“Quieren postergar las elecciones con el MAS proscripto, porque el partido de Evo lidera las encuestas”, dijo Zaffaroni al programa argentino La Mañana, del prestigioso periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, en AM750.

“Es lo mismo que quieren hacer en otros países. Buscan sacar a los partidos mayoritarios del medio, procesar con cualquier pretexto a los líderes y perseguir a la oposición. Inventan procesos y manipulan al poder judicial. Quieren un Estado que mantenga una careta democrática, pero todos sabemos cómo funciona eso”, advirtió.

Zaffaroni indicó que no hay peligro de que Morales sea extraditado, ni siquiera por la Interpol, porque la acusación es un hecho político.

Mientras, el régimen de Añez mantiene secuestrados a siete funcionarios del anterior gobierno popular en la embajada de México, donde permanecen desde que se asilaron tras el golpe de Estado cívico-militar.

Argentina no reconoce al autoproclamado gobierno, en el que rige la fuerza bruta y un Estado policial que demuestra su incapacidad de proteger a la población diezmada por la pandemia de la COVID-19.

En Bolivia, hasta el pasado día 8, había 42 984 contagiados por el nuevo coronavirus, y han fallecido 1 577 personas. La mayoría de la población considera que Añez y su equipo hacen un mal trabajo en el control de la pandemia. Una de sus primeras medidas fue sacar del país a los colaboradores cubanos de la salud que prestaban servicio solidario en las comunidades más alejadas de la nación andina.