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sábado, 23 de noviembre de 2024

Soledad de la chérie Ayití (+Audio)

Los haitianos huyen de manera desesperada del pequeño país caribeño con la certeza de que en su tierra solo les espera la muerte...

Clara Lídice Valenzuela García en Exclusivo 30/05/2022
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En los últimos días circulan noticias sobre Aytí (en lengua criolla) o Haití, en español, la pequeña nación del Caribe donde la fuga de la población crece a diario ante la imposibilidad de una solución saludable a la generalizada crisis interna cercana al paroxismo creado por la violencia de bandas criminales.

Hace unos días, un barco con 842 ciudadanos de ese país recaló en costas de Cuba. Rescatados, recibieron atenciones del protocolo establecido en estos casos por la Cruz Roja Internacional y luego, arropados por la solidaridad, tomaron el camino de regreso.

Las anécdotas contadas por esas personas, algunas desnudas, sin zapatos, sin comida, resultan espeluznantes. El capitán del barco, un traficante de personas, cobró a cada uno 4000 dólares por el viaje hacia Estados Unidos, luego les quitó los celulares y los abandonó, dejando la nave a la deriva.

Pocos días después, la emigración haitiana volvió a ganar titulares cuando República Dominicana deportó a unas 1000 personas llegadas por la frontera común, sin documentos, en busca de desesperada protección para sus vidas.

Más de siete mil migrantes haitianos que esperan cruzar a Estados Unidos (EE. UU.) en busca de asilo están hoy varados en Nuevo León, México, alojados en albergues, casas rentadas o la vía pública.

Un informe de La Casa del Migrante Nazareth 1 señaló que esa institución solo puede atender a 1800 personas, principalmente mujeres y niños.

El director y sacerdote Marvin Ajic Arana precisó que en un albergue atienden a 1400 y las demás personas en un segundo, más pequeño, que solo cobija a 200. Al resto se les alimenta y les entregan artículos de higiene. Ajic Arana dijo que por falta de capacidad y recursos en los dos recintos priorizan a mujeres y niños, mientras los hombres permanecen en el exterior.

El Grupo de Apoyo a Repatriados y Retornados (GARR) de República Dominicana, que comparte la isla La Española con Haití, y es quizás el paso más seguro para emigrar y encontrar mejores condiciones de vida, afirmó que, por el contrario, las autoridades vecinas “cazan” a sus vecinos sin papeles.

Medios de prensa reportaron en Santo Domingo, la capital, que Mike Lysias, directivo del GARR, deploró que incluso trabajadores o embarazadas fueran expulsados de manera arbitraria, pese a leyes firmadas sobre deportaciones. Según esas fuentes, el ex primer ministro Claude Joseph criticó esta semana los abusos, violaciones y “excesos” de las autoridades vecinas, y sugirió que responden a un racismo sistemático y antihaitiano.

Pero en opinión del presidente Luis Abinader: “La República Dominicana no puede hacerse cargo de la crisis política y económica de ese país ni resolver el resto de sus problemas”, cuando inauguró en la frontera la construcción de la verja perimetral “inteligente” y separadora, de 164 kilómetros.

El GARR denunció este mes que 7300 haitianos regresaron en abril, casi la mitad de ellos deportados, y más de 2800 testificaron ser detenidos antes de devolverlos en la frontera.

¿POR QUÉ LA EMIGRACIÓN MASIVA AHORA?

La situación de inestabilidad se remonta a tiempos lejanos, en especial desde que Francia y EE. UU. destituyeron mediante un golpe de Estado al presidente electo en las urnas, el teólogo Jean-Bertrand Aristide, en 2014. Aunque la maniobra no sorprendió pues se conoce la complicidad de los dos actores internacionales para abortar los gobiernos progresistas —Aristide fue el único mandatario electo de manera transparente en las urnas—, sí captó la atención internacional.

Durante el fin de semana, The New York Times publicó una sección especial titulada El rescate”, que analiza cómo Francia devastó la economía de Haití en el siglo XIX al obligarlo a pagar el equivalente a 22 000 000 000 de dólares en la actualidad, a los antiguos dueños de esclavos liberados durante la Revolución de Toissant Louverture en 1804.

Pobreza extrema Haiti
La pobreza aflige al 60% de los 8 000 000 de haitianos, mientras la comunidad internacional desvía sus ojos de la pequeña nación caribeña. (Tomada de El Correo)

El ex embajador de Francia en Haití Thierry Burkan verificó al periódico The New York Times que uno de los beneficios del golpe fue que puso fin a la campaña del mandatario Aristide, quien exigía a su antigua colonia que pagara reparaciones financieras a su país.

Aunque el pequeño país caribeño, que ocupó la parte este, menos rica en recursos naturales de La Española, casi siempre se mantiene en un estado político inestable, con recesión económica desde hace tres años, el asesinato en julio último del presidente Jovenel Moïse, aún sin resultados en la investigación, exacerbó los antiguos males de la división política interna, sin que hasta ahora el primer ministro Ariel Henry haya celebrado las elecciones generales correspondientes.

Incluso, el Congreso Nacional solo dispone de 12 senadores en funciones, ya que Moïse lo cerró en un intento de permanecer en el cargo un año más de lo previsto, según sus adversarios.

Es muy posible que la actual sea la peor etapa de violencia doméstica en esa nación de unos 11 402 533 de habitantes, el 62 % de ellos pobres, con un desempleo del 12 %, y millares viviendo aún en carpas luego de los terremotos y huracanes que de manera periódica asolan sus tierras.

El cuadro que presenta Haití es el de un terrorismo urbano que rebasa los controles de las autoridades locales, incluso la Policía Nacional, impotente ante la fuerza y el armamento de las bandas de delincuentes y narcotraficantes —más de 100— que asolan el territorio nacional.

El dinero al parecer no es el único motivo, sino asegurar bajo control absoluto que Haití se convierta en una plaza poderosa del narcotráfico en El Caribe, sin intervención de las autoridades políticas ni militares.

En las últimas semanas la lucha entre bandas armadas en Haití disparó las muertes, heridos y desplazados. Escuelas de Puerto Príncipe, la capital, cerraron y la organización Médicos sin Fronteras denunció que su hospital en el barrio de Tabarre de Puerto Príncipe está saturado por los heridos de bala que recibe. La situación afecta a una amplia zona del norte de la ciudad, donde las bandas 400 Mawozo y Chen Mechan disputan el control territorial.

Haiti Policia
La Policía Nacional de Haití reprime a los manifestantes que protestan contra la situación nacional, pero nada hacen contra las mas de 100 bandas de narcotraficantes y delincuentes que crean el terror (Tomada de La Nación)

Como el escándalo, el terrorismo y la humillación del pueblo haitiano rebasan los límites hasta ahora conocidos, y aunque la comunidad internacional permanece casi indiferente ante los cruentos sucesos, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó el pasado martes su preocupación por la “violencia extrema” que alcanzó el fenómeno. Según sus números, en tres semanas —entre el 24 de abril y el 16 de mayo— habían muerto 188 personas —92 civiles sin relación con los grupos armados y 96 integrantes de las bandas—, 12 estaban desaparecidas, 113 sufrieron heridas y 49 fueron secuestradas. Pero el número real de muertos “puede ser mucho mayor”, advirtió.

Aunque Bachelet solicitó medidas urgentes para restablecer el olvidado estado de derecho, tuvo que reconocer que “…la violencia armada ha alcanzado niveles inimaginables e intolerables en Haití”. De acuerdo con sus fuentes, se reportaron quema de cadáveres, decapitaciones, asesinatos de niños y violaciones.

Sin embargo, hasta ahora, y con el cruel recuerdo de la desastrosa ocupación de Haití por los llamados Cascos Azules de la ONU —que hasta introdujeron el cólera en la nación—,  no se observan movimientos de ayuda a los haitianos.

Además de las acciones violentas, los enfrentamientos entre las bandas 400 Mawozo y Chen Mechan por el control de áreas al norte de la capital, Puerto Príncipe, causaron el desplazamiento de al menos 9000 personas y el cierre de escuelas, centros de salud y mercados.

Según Bachelet, las dos carreteras que conectan la capital con el norte y el este del país están afectadas por el conflicto, algo que “podría tener impactos devastadores a largo plazo en la ya difícil situación económica en Haití”. Señaló que la situación causa desabastecimiento y privación de derechos básicos.

REBELDÍA DEL PUEBLO HAITIANO

Medios de prensa reportan que cientos de personas tomaron el jueves último las calles de la capital, en una nueva jornada de protesta contra la violencia que afecta a esa ciudad. Los manifestantes colocaron barricadas en la zona de Laule, cercana al centro de Puerto Príncipe, prendieron fuego a neumáticos y otros objetos, y bloquearon el tráfico de la avenida John Brown.

La policía, que poco hace para contrarrestar la violencia de la delincuencia organizada, sin embargo, disparó contra los movilizados con munición real.

Ya ni los hospitales dan abasto. El pasado jueves el centro Bernard Mevs cerró sus puertas al público, solo con consultas de emergencia, como protesta por los secuestros de varios doctores. La dirección del Hospital de la Universidad Estatal de Haití reclamó por el rapto de su director, Dr. Jacques Pierre-Pierre, cirujano ortopédico que trabaja allí desde hace 45 años.

El jefe del hospital de Médicos sin Fronteras, Serge Wilfrid Ikoto, señaló que trabajan turnos de 24 horas para que los médicos transiten menos por las calles. “Algunos miembros de nuestro personal médico local no pueden volver a casa. Corren un riesgo enorme cada vez que viajan”, precisó.

Datos de la ONU del 5 de mayo, corroboran que 48 escuelas, cinco centros médicos y ocho mercados fueron cerrados por la situación de violencia. De acuerdo con Unicef, desde finales de abril unos 500 000 escolares están impedidos de ir a clases. La representación de la ONU en Puerto Príncipe manifestó también su preocupación por la situación de los niños en Haití, en particular por su reclutamiento por parte de las pandillas operativas.

La Oficina de Protección al ciudadano (OPC), una institución haitiana dedicada a los derechos humanos, cuestionó en un comunicado que “no hay ningún mensaje ni acción ni del gobierno ni del Consejo Superior de la Policía Nacional. Estos gestos demuestran la incapacidad de las autoridades para reaccionar, dejando que las bandas armadas decidan sobre la vida y la muerte”.


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Clara Lídice Valenzuela García

Periodista


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