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sábado, 23 de noviembre de 2024

Semana caliente

El presidente de Colombia, Iván Duque, orientado por Estados Unidos, rechaza la posibilidad de normalizar relaciones con Venezuela...

Clara Lídice Valenzuela García en Exclusivo 25/10/2021
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Jorge Rodríguez-Venezuela
El presidente de la Asamblea Nacional venezolana Jorge Rodríguez anunció la creación de una comisión parlamentaria para analizar con sus homólogos colombianos el restablecimiento de relaciones diplomáticas. (Guillermo Navarro/ABC).

Siempre bajo la mirada acosadora de Estados Unidos (EE.UU.) Venezuela comenzó otra semana de tensión política debido, entre otras causas, a la negativa del presidente colombiano, Iván Duque, de normalizar las relaciones bilaterales, mientras continúa paralizada la mesa de diálogo iniciada en México con las oposiciones por la situación del embajador Alexander Saab.

La decisión de suspender las negociaciones, ya en su tercera fase, ocurrió tras el secuestro en Cabo Verde del embajador venezolano Saab y su deportación a EE.UU. por la nación africana. El diplomático es acusado por el sistema norteño de delitos no cometidos y está en espera de ser enjuiciado, a pesar de su inmunidad diplomática.

Detrás de la violación del derecho internacional que ampara a la diplomacia está el marcado interés de Washington de destruir el proceso político venezolano y apoderarse de los recursos naturales de ese país. Para lograrlo usa distintas estrategias. Ahora actúa contra el embajador para entorpecer el diálogo en México, encaminado a normalizar la política interna y elevar el desarrollo nacional. Caracas también exige la suspensión por la Casa Blanca de sus sanciones y bloqueo económico unilaterales.

Las alarmas sonaron con el rapto en Cabo Verde de Saab, quien es enviado especial del Ejecutivo venezolano a distintos países para facilitar la adquisición de suministros médicos, alimentos y otros bienes esenciales, debido a los obstáculos impuestos por el cerco norteamericano. Pero es, además, una pieza importante de la delegación gubernamental en el intercambio en México.

La aprehensión ocurrió a mediados de 2020, durante una escala técnica de la aeronave que lo transportaba, y estuvo detenido más de 800 días hasta que las autoridades de Cabo Verde lo extraditaron.

El Ejecutivo bolivariano denunció que la detención de su embajador responde a varias lecturas, entre ellas el acoso que EE.UU. mantiene contra Venezuela para evitar la adquisición de productos básicos, pero también demuestra el desinterés imperial en mantener en funciones la mesa de diálogo, cuyos resultados fortificarían el proceso socialista.

Para la administración demócrata sería un fracaso que los venezolanos se entendieran y encontraran soluciones propias a sus problemas. Por tanto, usarán cualquier método, hasta el más disparatado como el de detener a un embajador, para evitar la conciliación nacional y tener que responder a las demandas de Caracas.

BOICOTEO A EVENTUALES RELACIONES

Estados Unidos está contra cualquier signo de fortalecimiento de la Revolución Bolivariana. Por eso la administración demócrata de turno obstruye cualquier movimiento favorable al mejoramiento del desempeño venezolano.

Uno de sus últimos movimientos fue entorpecer la posibilidad de que el Senado de Colombia invitara a sus pares venezolanos a crear una comisión bilateral para estudiar el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y comerciales.

La eventualidad de que las dos naciones suramericanas limítrofes y unidas por la historia pudieran resolver sus diferencias políticas, dada la actitud belicista del gobierno neogranadino, cayó como una bomba en las oficinas de la Casa Blanca. De concretarse la propuesta del Senado colombiano, sería un paso histórico en la diplomacia bilateral, ya que desde que el fallecido presidente Hugo Chávez ganara las elecciones en 1998 e instalara un gobierno revolucionario, las administraciones de Bogotá mantienen una guerra no declarada contra su vecina, en especial los presidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, los dos del conservador partido Centro Democrático.

Uribe (2002-2010) mantuvo un régimen dictatorial alineado con la Casa Blanca, —incluido el permiso oficial para la instalación de siete bases militares de rápida movilización— encaminado a desestabilizar la Revolución Bolivariana. El exgobernador de Antioquia, bajo cuya aprobación surgieron los grupos paramilitares, permitió que mercenarios locales se infiltraran en la vecina Venezuela para que atentaran contra instituciones y personas.

Tras el gobierno de Juan Manuel Santos —exministro de defensa de Uribe y bajo cuyo mando fue asesinado Raúl Reyes, canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el límite con Ecuador— la derecha más radical retornó al Palacio de Nariño con Duque.

El “Duquesito”, con su nariz respingada y sus aires imperiales, es reconocido jefe de la contrarrevolución contra Venezuela. Este individuo desconoce al presidente legítimo Nicolás Maduro y rinde honores al exdiputado Juan Guaidó, autoproclamado en ese cargo en una plaza pública de Caracas.

De suelo colombiano partieron los hacedores de magnicidios contra Maduro, invasiones marítimas, infiltraciones para atentados a entidades económicas vitales, como las plantas generadoras de electricidad.

Numerosos son los mercenarios apresados por las autoridades venezolanas, cuyas declaraciones acusan a Duque y EE.UU., con lujo de detalles, fechas, direcciones, acciones, de organizadores del terrorismo.

SOLO UN DESTELLO

Hace pocos días, el Senado colombiano acordó el establecimiento de un comité parlamentario para evaluar, junto a sus pares de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales en áreas de interés común.

Se trata, dijeron sus voceros, que las autoridades legislativas de las partes contribuyan a encontrar rutas de entendimiento gubernamental.

Ese fue el espíritu de la propuesta acogida con interés y reciprocidad por sus pares caraqueños. El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, anunció la formación de un equipo encargado del acercamiento.

Sin embargo, mientras Maduro expresó la voluntad de apoyar la mejoría de las relaciones, Duque desestimó la propuesta del Senado y calificó al sistema socialista venezolano de “dictadura oprobiosa”.

El ultraderechista mandatario expresó el desprecio que siente por la Revolución Bolivariana en una reunión en Bogotá con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, de visita en el país suramericano.

Solo repitió, a falta de ideas propias, los criterios sustentados desde 1998 por los líderes norteamericanos.

La insolencia de Duque, como antes de Uribe, carece de límites. El reconocido peón de la Casa Blanca, con una tremenda crisis interna a causa de sus erradas políticas que trascienden el ámbito interno, ratificó al lado de Blinken que Colombia “no va a reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante”, con lo que desautorizó la idea legislativa, ya que, según la Constitución Nacional, le corresponde al jefe de Estado y de Gobierno, dirigir las relaciones internacionales.

Venezuela vio la jugada y denunció la presencia de Blinken en un momento decisivo para una buena vecindad. El Secretario viajó a Bogotá, entre otros asuntos, para orientar los próximos pasos en la agresiva política de su país contra el proceso revolucionario y el rol de Duque en su cumplimiento.

Para Caracas, la presencia de un millón de venezolanos en Colombia es una preocupación y la posibilidad de normalizar relaciones con Bogotá permitiría la protección de sus ciudadanos en la narconación. Los que han retornado por voluntad propia denuncian las políticas de odio y persecución a que son sometidos. En Venezuela residen con todas las garantías unos seis millones de colombianos.

Caracas solicitó hace pocos días la intervención de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que investigue la “sistemática e intencional privación de derechos humanos fundamentales” de ciudadanos de Venezuela en la nación limítrofe. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia certificó que entre 2017 y 2020 más de dos mil migrantes venezolanos resultaron asesinados en ese país.

AJEDREZ POLÍTICO

Mientras, la población venezolana se prepara para las megaelecciones del próximo día 21, en la que por primera vez participan candidatos del ala más reaccionaria de la oposición interna.

Ese día estarán en juego 23 gobernaciones, 355 alcaldías y concejos municipales y regionales. Es decir, que aunque el oficialismo considere que ganará el tope, miembros de partidos opositores pueden ocupar también plazas de importancia política.

El hecho de que en las boletas aparezcan quienes de una u otra manera han operado contra el gobierno, desconociendo incluso la potestad del presidente Maduro, ya constituye un triunfo de la Revolución, que, además, los llevó a sostener negociaciones en México.

La participación democrática de las distintas fuerzas políticas, en un clima de tranquilidad hasta ahora, fue uno de los acuerdos adoptados en las conversaciones detenidas ahora.

La celebración de las megaelecciones demostrará la fortaleza del sistema político fundado por Chávez, a pesar de la hostilidad de la mayor potencia del planeta, indicó en declaraciones a la prensa el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el más importante del país, con más de siete millones de miembros.

Mientras, la vida sigue en la pacífica Venezuela, que mantiene una batalla contra la propagación del nuevo coronavirus. Cada día llegan a la bloqueada nación suramericana cargamentos de vacunas procedentes de distintas latitudes, en solidaridad con un pueblo que da pruebas de una heroica resistencia ante la brutalidad de la mayor potencia mundial.

 


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Clara Lídice Valenzuela García

Periodista


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