Pulgarcito rebelde

Casi desde que comenzó su mandato, considerado entonces una bocanada de aire fresco en la política salvadoreña, el presidente Nayib Bukele ha ganado simpatías y rechazos de la población, que encuentra en este joven político deseos de renovación complejos y difíciles, y muestra, a su vez, rasgos autoritarios catalogados por muchos de dictatoriales.

Bukele, 40 años, asumió el gobierno de El Salvador con el apoyo de una amplia mayoría que vio desgastarse al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) (2009-2019) pero tampoco deseaba volver a la partidocracia tradicional.

El exalcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador arrasó en las presidenciales de 2019, con el 53.03 % de los votos válidos en primera vuelta, y en febrero de este año su partido Nuevas Ideas, que él fundó, obtuvo la mayoría de los curules en la Asamblea Legislativa.

Con su victoria puso fin a 30 años de bipartidismo del Frente y el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Se presentó como “el hombre del cambio”, al igual que la mayoría de los aspirantes populistas.

Para el mandatario, que perteneció al FMLN y del cual fue dado de baja por indisciplina interna, terminó en mala forma la discusión continua con el Legislativo que, según decía, se interponía en sus ideas novedosas.

Ahora tiene bajo su mando las tres principales fuerzas de la diminuta nación centroamericana conocida como El Pulgarcito de América, por ser la más pequeña y más densamente poblada de la región centroamericana.

Su área cubre 21 040 km2 y su población alcanza los 6 325 827 habitantes. Tierra sísmica, se puede recorrer de un extremo al otro en un día.

En su momento, Bukele constituyó un fenómeno político al parecer cargado de sorpresas, con un partido capaz de arrastrar multitudes gracias al verbo cautivador de su fundador, y con campañas propagandísticas persistentes, centradas en el autoproclamado “mesías” líder del desarrollo y la paz del pueblo salvadoreño.

Sin embargo, el color rosa con que dibujó su administración se fue ensombrecido con el pasar de los meses en que impuso decisiones autoritarias porque puede gobernar sin conflicto de poderes.

El primer signo de su después grave discrepancia con el antiguo Legislativo ocurrió pocos meses después de su asunción cuando citó a una reunión de ese órgano un domingo y nadie asistió. Su respuesta fue penetrar rodeado de soldados a la sede del Legislativo. Salió poco después, llorando y rezando convencido de que había hablado con Dios y que este le pidió paciencia.

Después, la Asamblea resultó renovada en elecciones. Le resultaba fundamental obtener la mayoría de las bancas y lo logró. Su partido obtuvo la mayoría con dos tercios de las bancas.

El llamado fenómeno, sin precedentes en la vida democrática de El Salvador, al parecer está convencido de que su poder es absoluto (al menos oficialmente) y que tiene las condiciones para gobernar a su manera.

Lo que ocurrió después brinda una idea de hasta dónde puede llegar el presidente.

En dos años de gobierno, el Ejecutivo impulsó la repulsión hacia lo que considera oposición —que llevó incluso a detener al exmandatario Salvador Sánchez Cerén—, desde partidos políticos hasta medios de comunicación y periodistas.

Por sus órdenes destituyó a 60 jueces y a partir de mayo pasado el plenario de la Asamblea controlará y elegirá a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General de la República y al Procurador de Derechos Humanos. Se une a este botín oficialista que Nuevas Ideas resultó ganador en las 14 alcaldías de cabeceras departamentales. O sea, El Salvador está en manos de Bukele.

El llamado presidente millennial, a pesar de su poder en la gobernanza nacional, ya va sintiendo la fuerza de una población acostumbrada a la lucha (fueron 16 años de guerra civil hasta inaugurar una etapa democrática en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz).

En una audaz jugada cuyo final muchos predicen negativo y otros no, Bukele convirtió a El Salvador en el primer país del planeta en usar el bitcóin como moneda de curso legal, la que para una mayoría crea incertidumbre y no beneficia, según expertos, a la población.

Hace tres meses que la Asamblea Legislativa aprobó en formato exprés la llamada Ley Bitcóin, aprobada por 62 de los 84 diputados que componen el Parlamento, de mayoría oficialista.

La entrada en vigor de la moneda virtual el pasado martes puso en la calle a miles de personas que protestaban contra la disposición, movilizados por los movimientos populares y organizaciones estudiantiles y la sociedad civil. Durante los últimos días, y a pesar del decreto presidencial que las prohíbe, hubo demostraciones en distintas ciudades del país para rechazar la entrada en vigor del bitcóin.

En San Salvador, la capital, en una gigantesca marcha, la ciudadanía dejó ver su descontento pues, según declararon dirigentes de las agrupaciones Bloque Resistencia y Rebeldía Popular, se trata de una regulación impuesta, que solo beneficiaría a los grandes millonarios y trasnacionales dueñas de las criptomonedas.

También entienden que es un disparate, pues el país no cuenta con las herramientas tecnológicas, como Internet, ni teléfonos de alta gama para descargar la llamada billetera electrónica Chivo.

Para otras organizaciones de la sociedad civil, Bukele y su Ejecutivo impusieron un sistema monetario virtual riesgoso.

Esas decisiones, expresaron algunos entrevistados por la prensa, son ilegales y por tanto ilegitimas de los operadores políticos del mandatario.

La entrada en vigor de la ley que legaliza al bitcóin el pasado día 7 fue impugnada por siete de cada 10 salvadoreños encuestados, quienes consideran imprevisibles las consecuencias de la decisión.

Así lo informó una investigación de la Universidad Centroamericana (UCA), que consultó a 1281 personas a mediados de agosto. Los interrogados dijeron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con el bitcóin, que circulará a la par del dólar.

Aunque el gobierno hizo una detallada explicación para su uso, el sondeo de la UCA confirmó que un 65,2 % de la población no está interesada en descargar la billetera electrónica Chivo, necesaria para hacer compras y ventas en bitcoines, ni tampoco que le sea otorgado el equivalente a 30 dólares como estímulo a los usuarios de la criptomoneda.

El gobierno de Bukele se defiende ante las críticas de la ciudadanía, pues El Salvador no posee moneda nacional desde finales del siglo pasado, cuando derogó el uso del colón y situó al dólar como único metálico legal.

Además, opinan economistas oficialistas, el uso del bitcóin evitará, dicen, una pérdida de 400 millones de dólares en las remesas que los emigrantes envían desde el extranjero.

Sin embargo, las diferentes organizaciones integrantes de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares coinciden que podrían desaparecer los 6 000 millones de dólares anuales enviados desde el exterior, en especial si ese dinero que da liquidez al país viene en bitcóin.

Para algunas personalidades, como la representante del sector de la salud en la Coordinadora, Morena Murillo, el bitcóin es un activo digital altamente volátil.

“La fluctuación constante de su valor es uno de los mayores riesgos, en especial para quienes carecen de grandes cantidades de dinero y sus salarios, ahorros o pensiones pueden reducirse o desaparecer en un instante”, opinó.

Los pasos de Bukele indican a los salvadoreños que pueden enfrentar una posible dictadura, más aun cuando la Sala Constitucional autorizó la reelección inmediata del presidente, al contrario de lo dispuesto en la Carta Magna.

La resolución del Tribunal Supremo, el pasado día 3, motivó una concentración pública en desacato frente al Monumento a la Constitución. Entre las agrupaciones presentes destacó las Juventudes Antifascistas.

Si se aplica la normativa, Bukele podría reelegirse y permanecer al frente del país, en tanto amenaza con reformar la Carta Magna.

Las Juventudes Antifascistas acusaron al “mesías” y a los jueces que lo apoyan de autoritarismo y plantearon el restablecimiento del orden constitucional.

Hasta Estados Unidos tomó partido. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, indicó que las imposiciones presidenciales socavan la democracia, pues “la

Constitución salvadoreña prohíbe claramente a los titulares presidenciales la reelección para un período consecutivo”.

Price se refirió a las providencias adoptadas en el poder judicial, destinadas, dijo, a socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso crítico.
Complicaciones vienen, y pronto, para el mandatario que quiere imponer su voluntad, al contrario de sus novedosas proclamaciones de campaña.

Para el imperio estadounidense, “este declive en la gobernabilidad democrática daña la relación que Estados Unidos se esfuerza por mantener con el gobierno salvadoreño y erosiona aún más la imagen internacional de El Salvador como un socio democrático y confiable en la región”.

Y para afianzar su posición, Price pidió a Bukele que “demuestre su compromiso declarado con la gobernanza democrática, incluida la separación de poderes y el estado de derecho”.

Veremos qué ocurre en el Pulgarcito de América en los días por venir y si el ordena y mando presidencial soporta en silencio la clara amenaza de Washington.