Política obscena (+ Audio)

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que tomará posesión del cargo el próximo 14 de enero, a pesar de las maniobras del llamado Pacto de Corruptos, entre ellos personeros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que suspendió este lunes, de manera provisional, la personería jurídica del ahora oficialista Movimiento Semilla. 

Académico, exdiplomático y diputado nacional, Arévalo, 64 años y su vicepresidenta Karín Herrera, 53, investigadora científica y profesora, alcanzó la primera magistratura con el 60,9 % de los votos válidos el pasado día 20, lo cual equivale a un apoyo popular sin precedentes en las últimas décadas. Este candidato que se considera socialdemócrata y que la mayoría califica de progresista y de izquierda, promete acabar con la corrupción en su país, lo cual se considera una tarea difícil, compleja y peligrosa.

Todavía el entramado de instituciones y figuras unidas en el llamado Pacto de Corruptos, creado en 2017 para mantener la impunidad de la delincuencia de cuello blanco, está asombrado y alterado por el triunfo de este binomio al que consideró sin chances hasta que en la primera vuelta electoral del pasado 23 de junio ocupó el segundo lugar y luego se disparó y arrastró al fracaso a la candidata conservadora Sandra Torres, en su tercer y nulo intento de lograr la primera magistratura.

Torres, ex primera dama, del partido Unión Nacional por la Esperanza (UNE), en una infeliz imitación del expresidente brasileño Jair Bolsonario, no admitió su derrota hasta pasada más de una semana del balotaje, y solo por medio de sus cuentas en redes sociales, en una actitud hostil y negativista, propia de la red derechista operativa en Guatemala.

El camino para ser declarado presidente de manera oficial por el TSE estuvo preñado de obstáculos y solo dieron el visto bueno ante el empuje de miles de personas que primero festejaron y luego exigieron se reconociera la victoria de Semilla.

Analistas de la situación guatemalteca aseguran que hacía muchos años no hubo una celebración popular tan espontánea y masiva como la sucedida durante varios días, luego de que Arévalo ganara la presidencia de una manera tan contundente y sorpresiva.

Estos últimos días han sido –y seguirán- de enorme tensión en la llamada tierra del quetzal, pues tanto el nuevo mandatario como su vice están amenazados de muerte, y sufren la persecución judicial del Ministerio Público en la persona del juez Freddy Orellana.

Una de las cartas que juega la oposición es la suspensión del movimiento Semilla por un supuesto caso de firmas falsas cometido durante la creación de ese partido en 2018. Abogados de esa agrupación presentaron un recurso de nulidad, dada la invalidez de la medida extendida desde el 12 de julio último.

La intención del judiciario era evitar que Semilla participara en el balotaje. No lo hicieron antes de la primera vuelta porque no contaban con que pasaría del séptimo lugar en que lo situaban las encuestas antes de los comicios.

ORDENES DE CAPTURA CONTRA FISCALES

El 13 de septiembre de 2017 nació el término Pacto de Corruptos, que se mantiene hasta hoy. Guatemala está aun gobernada por una suerte de dictadura corporativa mafiosa, en la que redes políticas y económicas ilícitas se coordinan en el control del Estado y compiten entre sí por posiciones de poder.

Trataron de convertir en ley la impunidad pero no lo lograron en el Congreso Nacional debido a las movilizaciones populares. La idea era modificar el Código Penal para que la delincuencia organizada estuviera protegía de las acusaciones de corrupción, entre ellas del delito de financiamiento electoral.

El Ejecutivo, Legislativo y cámaras empresariales afectadas por investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Naciones Unidas (ONU) se unieron para prohibirla y lograron que el entonces presidente Jimmy Morales la expulsara del país.

Defenestra la CICIG, la alianza mantiene aún su hegemonía y sus tentáculos lograron, por ejemplo, la elección de los magistrados del TSE, donde aparecen figuras vinculadas a pasadas administraciones; también ocurrió con los integrantes de la Corte de Constitucionalidad.

Esta semana, el país fue estremecido por las órdenes de captura dictadas contra varios exmiembros de la Fiscalía General Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) y de Claudia González, exdirectora de la CICIG, ya detenida.

La medida contra Juan Francisco Sandoval, Eva Siomara Sosa, y de González, señalada junto a otros 30 exoperadores de la justicia por investigar casos de corrupción, fue dictada por el juez Décimo Penal B, Jimi Bremer, incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos por ser considerado un actor corrupto y antidemocrático.

Hasta la fecha, 62 personas de Guatemala, Honduras y El Salvador -la mayoría funcionarios públicos en activo- están incluidas en la relación que lleva el nombre el excongresista demócrata de Nueva York Eliot Engel, desde 2019.

Engel propuso la legislación para “apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de EE.UU.¨, ya que su fin es eliminar las causas que generan la migración continua hacia la nación norteña.

El juez Bremer –según el Departamento de Estado- socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca y ahora contra exoperadores de justicia anticorrupción.

Autoridades del Ministerio Público (MP) allanaron en horas de la mañana de este lunes la casa de los padres de Sandoval, adultos mayores, quien se encuentra en exilio, además de usar también esa orden contra las familias de los otros imputados.

El proceder del juez Bremer acaparó la atención del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien en un comunicado alertó sobre el dictado de apresamiento contra los fiscales, reconocidos por sus contribuciones durante el funcionamiento de la CICIG.

Guterres, quien envió una misión de observadores a los comicios guatemaltecos, expresó su preocupación por el irrespeto contra los resultados electorales, y en particular las ¨acciones judiciales contra miembros del TST,  las juntas comiciales y los partidos políticos¨.

Ante el fracaso de sus campañas de desinformación y amenazas legales e institucionales, el triunfo de Arévalo y lo que ejecutará durante su gestión en materia de anticorrupción y políticas públicas, los involucrados en el Pacto de los Corruptos buscan vías para mantener su vigencia. A ellos se unen ahora organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo y figuras como la dueña de Vea Canal, Karina Rottman.

Es evidente que el Pacto pretende continuar con las mismas prácticas del pasado, es decir, desde el robo en las instituciones estatales hasta la compra de funcionarios del sistema judicial, considerado uno de los peores de la región centroamericana. La mayoría de sus miembros es acusada de abuso de poder para obtener beneficios grupales o personales y carencia y debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales que garanticen la transparencia de sus deberes.

Sin embargo, la alianza está en un mal momento debido al fracaso de su estrategia electoral, reveses en arbitrarias medidas leguleyas, y su aislamiento, del interés colectivo.

¿QUÉ PODRÁ HACER ARÉVALO?

El programa bandera de Arévalo es la lucha contra la corrupción y mejoramiento de las condiciones de vida y oportunidades del 67% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, mientras el 50% de la niñez guatemalteca presenta desnutrición crónica.

Su proyecto es ambicioso y con enemigos poderosos en contra, y él en principio tiene cuatro años de gobierno. Aunque no será fácil negociar con actores que mantienen privilegios desde hace décadas, el nuevo presidente se caracteriza por su capacidad de diálogo y además cuenta, y así quedó demostrado con su victoria, con el apoyo mayoritario de la población.

Aunque Guatemala posee la mayor economía de Centroamérica, también presenta una de las desigualdades sociales más grandes de América Latina y El Caribe. Estos males se reflejan en la insuficiencia de servicios básicos de salud y educación, además de desempleo, lo que obliga a los guatemaltecos a una continua crisis migratoria.

Durante su campaña, el mandatario electo propuso el control de las cárceles y el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, la generación de empleos mediante inversiones públicas, becas para estudiantes y la puesta en marcha de más de 400 nuevos puestos de salud.

Para poner en práctica estos planes que darían un giro a la vida de millones de personas pobres, Arévalo cuenta con pocos aliados, aunque quedó demostrado que su mayor apoyo está en sus votantes, en especial actores sociales, autoridades indígenas y colectivos urbanos y de jóvenes que han puesto sus esperanzas en el académico y su vice, una científica de alta gama.

La realidad es que vendrán tiempos difíciles en que deberá enfrentar agentes contrarios a sus ideas progresistas, como los grandes empresarios y la élite económica tradicional, la iglesia evangélica –que le dio su apoyo a Torres- y una parte del sector militar.

Las dificultades de Arévalo podrían verse también en un Congreso de amplia mayoría conservadora, en el que Semilla cuenta con 23 diputados de 160, por detrás del oficialista VAMOS y la Unión Nacional de la Esperanza de la fallida candidata. Estas fuerzas demostraron en el pasado su capacidad para forjar alianzas.

El presidente electo demostró en su perfil diplomático – operó como cónsul de Guatemala en Israel- que sabe manejar las negociaciones políticas. Es un buen mediador y de esa capacidad dependerá el goierno que promete poner en práctica dentro de tres meses.