Petro, un año después (+ Audio)

A pocos días de cumplir su primer año en el Palacio de Nariño, el gobierno izquierdista del presidente Gustavo Petro enfrenta una serie de obstáculos impuestos por los intereses de la derecha regional para impedir la implantación de sus programas políticos, entre ellos alcanzar la paz nacional luego de décadas de guerras internas en el importante país suramericano.

Petro asumió con su primer gabinete –cambiado hace semanas- el 7 de agosto de 2022, luego de un impresionante triunfo con más del 55 % de los votos, cortando la continuidad de un régimen derechista como el del saliente mandatario Iván Duque, aliado sin condiciones a Estados Unidos (EE.UU.) y paradigma de la violencia en la región.

Once meses después, su proyecto bandera, que es alcanzar la paz total en el país famoso por sus cosechas cafetaleras –con guerrillas en activo y bandas de narcotraficantes controladas desde el exterior- va marchando de manera positiva aunque con menos rapidez de lo deseado, pues el camino, pues el camino está preñado de escollos.

Este jueves, el mandatario, candidato de la alianza Pacto Histórico, promulgó el  decreto que ordena el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una fuerza operativa con la que cerró en La Habana el pasado mes el tercer ciclo de negociaciones en busca de la paz e iniciará el cuarto en Caracas, Venezuela, en agosto venidero.

Un comunicado de la primera magistratura indicó que la medida estará vigente desde el 3 del mes próximo y hasta el 29 de enero de 2024 y podrá ser prorrogado de acuerdo con la valoración que realice la Mesa de Diálogos de Paz y los informes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, según acordaron las partes.

Este silencio de las armas, un propósito compartido por el gobierno y las tropas rebeldes, según reiteraron líderes comprometidos con el proceso, busca mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y de los territorios, ¨con el propósito, dice el documento suscrito, de que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades, con énfasis en los más vulnerables, entre ellos los liderazgos sociales y ambientales, pueblos étnicos, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y los menores de edad¨.

Después la firma del Acuerdo de Paz de La Habana en 2016, las bandas de delincuentes y mafiosos del narco desataron las matanzas de líderes sociales y exguerrilleros acogidos a la nueva etapa supuestamente pacífica. En lo que va de año ascienden a 88 los líderes asesinados, con lo que llegan a 1 502 desde la suscripción del pacto, con lo que intentan destruir la estructura socio-política en las comunidades.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los estados de Córdoba, Arauca y Cauca acumulan el mayor número de víctimas de estos pistoleros.

El territorio Sat Tama Kiwe de Jambaló está indignado por la muerte violenta del sabedor ancestral y líder espiritual Marcelino Dagua y su compañera Rosalía Quiguanas. Son cinco estas figuras respetadas y queridas en las comunidades asesinadas por mercenarios enquistados en los grupos paramilitares.

Mientras, otros sacerdotes han sido amenazados de muerte con el pretexto de que hacen mal uso de la medicina, indicaron autoridades Kwekwe Nej wesx del territorio donde vivía Dagua.

Ante la tensa situación, parte del Ejecutivo viajó este jueves hacia el distrito especial portuario Valle del Cauca, donde aparecen ahora nuevos actores violentos surgidos de bandas delincuenciales que disputan el poder territorial y del narcotráfico. Los ministros, que viajan acompañados por el Alto Comisionado para la Paz, formaron un Consejo de Seguridad y militarización en las zonas donde se concentran los bandidos que, como autodeclarados gobiernos del lugar, impusieron toque de queda para los lugareños.

LA REACCIÓN BUSCA DESTITUCIÓN PRESIDENCIAL

Solo por ser izquierdista, el gobierno de Petro está en la mira de EE.UU., hasta ahora el verdadero poder en Colombia, al que no le conviene un gobierno con sentido independentista. El gigante norteño tiene desplegadas siete de sus bases militares en ese país, y algunas importantes figuras están comprometidas en el negocio de las drogas. Ellas mueven los ficheros políticos que luego juega Washington.

En las últimas horas es noticia que en la Casa Blanca fue encontrada una bolsita con cocaína, mientras los Servicios Secretos tratan de quitarle peso al hallazgo en una zona frecuentada también por visitantes externos, mientras parte de la prensa y los enemigos internos del presidente Joseph Biden apuntan a su hijo Hunter, con un pasado empañado por el alcoholismo y las metafetaminas.

Pero aunque no hubiese sucedido, hay pruebas fehacientes de que si Colombia es hoy la mayor productora de coca a nivel mundial, también lo es que EE.UU. es el mayor consumidor, con un andamiaje muy bien estructurado por poderosos personajes.

Si Petro lograra establecer –ya lo intentó y fracasó por la ruptura de compromisos por parte de los bandidos- establecer un clima de paz con el peligroso grupo Clan del Golfo, peligraría el control del narcotráfico en el país suramericano y podrían salir perjudicados los señores de la droga, en especial los estadounidenses.

Al tomar en cuenta esa y otras consideraciones, el gobierno de Bogotá decidió tratar de conseguir la paz por regiones y con cada una de los grupos beligerantes por separado. Es evidente que una nación cuyos antiguos dirigentes crearon o permitieron el funcionamiento de una red de mando político en las regiones sin control del Estado, es difícil lograr la paz de manera simultánea  en la totalidad del territorio nacional.

Al interés de la mafia mandante hasta ahora en Colombia, se une la oligarquía nacional, de amplios poderes hasta ahora en el manejo de la política interna.

El presidente ha denunciado en más de una oportunidad en las últimas semanas que se fragua un golpe de Estado para destituirlo, una práctica casi común en los últimos años en América Latina y El Caribe –recuérdese como el presidente haitiano Jean Bertrand Aristide fue sacado dos veces de su país por un acuerdo entre Francia y EE.UU. en 1991 y 2004-, Manuel Zelaya en 2009 hasta llegar al peruano Pedro Castillo hace pocos meses.

Las fuerzas reaccionarias de Colombia ven peligrar sus intereses su Petro cumple su palabra, aun cuando le ha sido imposible desplegar determinadas políticas para mejorar la calidad de vida de la población, estimada este año en  51 500 000 personas- De ellas, hoy el 39,3 % se encuentra en pobreza. De acuerdo con datos oficiales, el 42,9 % son mujeres y el 37 %  hombres. 

Como en otras naciones de América Latina –Perú es el peor ejemplo- el Congreso Nacional y el Poder Judicial está poniendo trabas a las reformas emanadas del Ejecutivo.

Se trata de maniobras para tratar de cercar la gestión presidencial desde diversos flancos, en especial desde la institucionalidad colombiana, controlada por el exmandatario Álvaro Uribe y los partidos de centro-derecha.

En estos momentos, la Sala Penal de la Corte Constitucional estudia una ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibañez que pide declarar inconstitucional le Ley de la paz total ya firmada por el dignatario.

El documento se basa en supuestos vicios de trámites legales y señala, entre otros aspectos, que el Consejo de Política Criminal no emitió un concepto previo al dictamen de la Ley 2272, promulgada en 2022, la cual permite al Ejecutivo acercarse a organizaciones ilegales e implementar políticas de diálogo con esos grupos.

Si la Sala Penal aprueba el texto, lo cual analistas políticos ponen en duda, podría atar a Petro para desarrollar su principal objetivo.

Las situaciones han cambiado en meses. Poco después de su asunción y de manera casi unánime fue aprobada por el Legislativo la reforma tributaria.

Sancionada en abril de 2023, le siguió la reforma a la Ley de Orden Público, que convertía a la propuesta de Paz Total en política de Estado. Posteriormente, terminó el entendimiento entre el presidente y la arrolladora mayoría consolidada en la Cámara y el Senado.

No obstante las diferencias observadas en la coalición gobernante, y por ende entre sus legisladores, en mayo pasado el Congreso aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta de Colombia para los próximos cuatro años.

La luz verde a la ley Colombia potencia mundial de la vida luego de tres meses de debates significa una victoria para Petro y demuestra que su alianza legislativa sigue funcionando, pese a una crisis de gabinete en la que salieron ministros del Partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Conservador.

El Plan Nacional de Desarrollo aprobado contempla inversiones de 1154 billones de pesos (cerca de 248 000 millones de dólares) y sus 372 artículos modifican normas en todos los sectores de la sociedad. Para la construcción del documento, el Gobierno realizó 51 diálogos regionales con la participación de más de 250 000 colombianos, y tuvo 34 audiencias para que los ciudadanos priorizaran las iniciativas incluidas en la propuesta final que el Legislativo discutió y aprobó.

Una fuente oficial que participó en el proceso de socialización del plan afirma que fue ese carácter “abierto, público y democrático” lo que permitió que el Congreso lo aprobara a pesar del deterioro de las relaciones.

Sin embargo, las reformas a los sistemas de salud, laboral y de pensiones aun tienen un futuro incierto, y ya hubo una gran movilización nacional para obligar a los parlamentarios a su consentimiento.

Además de algunos desgajes de miembros de la coalición gubernamental, los partidos Centro Democrático, liderado por Uribe, y Cambio Radical, dirigen y manipulan los consorcios periodísticos alineados con la derecha.

Esa prensa hegemónica con sus redes sociales deviene un poderoso enemigo del proyecto socio-económico defendido por el exalcalde de Bogotá, quien es blanco continuo de intrigas, escándalos de los que no ha formado parte, y a quien catalogan de mentiroso y de incumplidor de promesas de campaña.

No obstante, es evidente que en menos de un año Petro ya está escribiendo otra historia para Colombia –de hecho lo hizo cuando fue declarado el primer político de tendencia izquierdista en llegar a Nariño- pero sus poderosos enemigos internos y externos pisan los frenos. Ante los continuos ataques, el presidente decidió endurecer su discurso, advirtiendo que si esos proyectos de ley no son aprobados, se estaría desconociendo la voluntad popular que lo eligió para dirigir Colombia hasta 2026 y precisó sus amplias diferencias con la mayoría de sectores de la prensa, sus opositores en el Congreso y el fiscal general Francisco Barbosa, devenido pivote de la derecha.

La voz de alerta presidencial está dada. Petro no permitirá, según advirtió, ser víctima de un golpe de Estado. Cuenta para ello con el respaldarlo de más de 11 000 000 de colombianos que le dieron su voto, dispuestos a coger las calles cuando sea dada la voz de mando.