Peligrosa escalada en Colombia contra Venezuela

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una actitud similar a la de su antecesor, el derechista Álvaro Uribe, se mantiene en una dura posición política contra Venezuela, que en una acción de legítima defensa de sus derechos decretó a fines de agosto el cierre temporal de las fronteras entre los dos países por el Estado de Táchira, para tratar de frenar el ingreso de contrabandistas, paramilitares y narcotraficantes que desangran la Revolución Bolivariana.

Sin asimilar las exhortaciones del presidente Nicolás Maduro y de prestigiosas organizaciones como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), que propician un encuentro de los dos mandatarios, Santos inventa cortinas de humo para evitar una solución conjunta al conflicto que él mismo creó, y en su lugar desata una ascendente escalada para alejar la paz de una región, que se declaró contra la guerra en 2014.

El conflicto comenzó a fines del pasado mes cuando una patrulla fronteriza venezolana fue atacada por paramilitares procedentes de Colombia, con saldo de cuatro personas heridas, tres de ellos militares y un civil que conducía el vehículo donde se transportaban.

Pocas horas después, Maduro decretó el cierre fronterizo por el lugar donde ocurrió el incidente, propiciado por mercenarios, y para evitar no solo el paso de los testaferros, sino también el continuo trasiego de comidas, gasolina y otros productos esenciales que se trafican por el punto común, lo que ocasiona un desangre de la economía venezolana, atacada de continuo por las guerras sucias de la oligarquía y la derecha regional.

Las medidas adoptadas impidieron la salida desde territorio venezolano de miles de toneladas de alimentos que de inmediato fueron distribuidas entre la población, víctima del atropello de los sectores derechistas venezolanos, que acaparan los productos básicos para la vida con el objetivo de crear malestar y desajustar la maquinaria revolucionaria.

Se trata de una autodefensa lógica de una nación a la que le robaban a diario su economía mediante una guerra no declarada pero efectiva. El cierre de las fronteras, y posiblemente haya más desde otros Estados blanco de la penetración desde Colombia, es una disposición destinada a sanear los pasos comunes de los cientos de paramilitares, contrabandistas y narcotraficantes que solo traen destrucción y muerte a suelo venezolano.

El gobierno del presidente Maduro ha hecho hincapié en el trato que reciben los cerca de los seis millones de colombianos residentes en Venezuela, quienes llegaron a ese país huyendo de la guerra civil vecina, que ya dura más de 50 años, y de la falta de oportunidades existentes en sus territorios de origen, dada la falta de voluntad política de sus dirigentes. Los inmigrantes recibieron su respectiva cédula de identidad y se hicieron propietarios de 180 000 viviendas de las 800 000 que construyó el sistema inclusivo bolivariano.

Santos, considerado mano derecha de Uribe durante sus períodos presidenciales —fue su ministro de defensa en la última etapa y mandante de la ejecución en suelo ecuatoriano del canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes—, ahora ha adoptado una actitud belicista contra Venezuela, incluso, se burla de los programas sociales de la Revolución Bolivariana iniciada por el finado líder Hugo Chávez Frías y continuada por Maduro, su discípulo político.

Este lunes, la canciller Delcy Rodríguez precisó que el gobierno de Caracas continuará sus esfuerzos para concretar las conversaciones de los dos jefes de Estado, pese a los intentos de Bogotá, dijo, de boicotear ese encuentro.

Hace dos días, Santos —atizando aún más la situación— hizo público un supuesto sobrevuelo de aviones militares de Venezuela en la frontera con el departamento de La Guajira, sin que haya podido presentar pruebas al respecto, pero que constituye un índice de hasta donde podría llevar este seguidor de las políticas derechistas y contrarrevolucionarias de Uribe la tensa situación actual, posible de ser resuelta por la vía diplomática.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, desmintió las acusaciones del mandatario y aseguró que su país está apegado a las normas por parte de la aviación nacional.

Desde la sede del Comando de Defensa Aeroespacial, Padrino afirmó la verificación de las trazas de los vuelos del pasado sábado y confirmó que no hubo transgresión del espacio aéreo, aunque ese día sí hubo un patrón de reconocimiento con aviones de la clase K-8 por la frontera desde Castilletes, punto ubicado en la península de La Guajira y que marca la división territorial.

CIERRE DE FRONTERAS: UNA MEDIDA SOBERANA

Venezuela no hizo algo extraordinario al ordenar el cierre del paso fronterizo, ya que su pretensión fue preservar su territorio, invadido por paramilitares en varias ocasiones, inclusive para tratar de asesinar al presidente Chávez hace varios años, y participar en las acciones violentas de la oposición interna en varios Estados, con saldo de decenas de muertos y cientos de heridos en 2014.

A pesar de las reuniones sostenidas por las cancilleres Delcy Rodriguez y su colega colombiana María Ángela Holguín, y luego de ambas con su homólogo de Ecuador Ricardo Patiño, cuyo país preside la CELAC, y Alberto Samper, secretario general de UNASUR, Santos sigue en sus trece en un evidente saboteo del encuentro presidencial.

Parece que el presidente colombiano —según sostienen distintos analistas— trabaja en pos de la guerra y no de la paz, tal como proclamó a la región en la II Cumbre de la CELAC en La Habana, Cuba, en enero del 2014.

Actitud muy diferente a aquella en que se vistió de pacifista para ser reelecto en el 2014 con vistas a concluir el proceso de paz iniciado con las FARC, cuando la mayoría de los votantes expresaron el deseo colectivo de terminar el conflicto armado, aunque sin desconocer que es una de las figuras más sobresalientes del uribismo y de sus políticas derechistas contra los gobiernos progresistas de la región.

Desde las siete bases militares de Estados Unidos insertadas en el territorio colombiano, Santos se ha declarado enemigo de la Revolución Bolivariana con el pretexto absurdo de una amenaza militar venezolana. Su prepotencia lo llevó a declarar que llevaría a los Tribunales Internacionales a los dirigentes bolivarianos por “crímenes de lesa humanidad”, abriendo el camino a una eventual intervención de países hegemónicos en la tierra de Simón Bolívar.

No puede olvidarse que Venezuela está en la mira de Estados Unidos, y que aunque en estos días se dan pasos para tratar de reanimar las relaciones bilaterales, los grandes capitales del país norteño no ceden en sus pretensiones de apoderarse del petróleo de la nación suramericana.

Unido a la campaña contra Venezuela aparece de manera destacada Uribe, el eterno enemigo de las revoluciones y la democracia inclusiva en América Latina. Para atizar el fuego contra el gobierno venezolano —lo que ha hecho siempre, ahora exacerbado—, el exmandatario, acusado se ser el padre del paramilitarismo y el narcotráfico en Antioquia, se escudó en la propaganda del candidato de su partido Cambio Democrático a la alcaldía de Bogotá para burlarse y difamar al presidente Maduro.

Considerado el mejor aliado de Washington en la región, Uribe puso en boca de su candidato Francisco “Pacho” Santos un mensaje a los bogotanos: “Maduro, no nos vas a seguir tratando así”, exhortando a su electorado a respaldarlo en las elecciones regionales del próximo 25 de octubre.

Las naciones integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) repudiaron la campaña de desprestigio y agresiones ejecutada contra Venezuela por elementos foráneos, según reportó Prensa Latina.

Un comunicado de esa solidaria organización, fundada por los líderes revolucionarios Fidel Castro y Chávez en 2004, expresó en Caracas su “firme adhesión a la independencia, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía e igualdad jurídica de los estados como principios de relacionamiento armonioso de las naciones”.

Los países del ALBA-TCP no pueden aceptar actitudes que busquen interferir o constituir injerencia en los asuntos internos de un Estado y expresan su preocupación “por las valoraciones de entes internacionales sobre decisiones judiciales venezolanas para enfrentar actos de naturaleza terrorista y garantizar los derechos humanos de las víctimas”.

Explicó el texto que determinados países que se pronunciaron sobre este hecho evidencian el doble rasero que atenta contra el orden jurídico internacional y favorece las condiciones políticas para derrocar gobiernos constitucionales a fin de apropiarse de sus recursos naturales estratégicos.

La Alianza expresó que esas naciones buscan ocultar graves violaciones de los derechos humanos en sus propios territorios y a la vez impedir la profundización de los procesos democráticos desarrollados por otros Estados.

El Partido Comunista Colombiano (PCC) también se pronunció en las últimas horas por promover soluciones dialogadas con Venezuela, y consideró de suma urgencia que el gobierno de Santos fomente cambios estructurales en la economía limítrofe para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Un artículo difundido por el PCC a medios locales indica que esa zona fronteriza “está en manos de las mafias del comercio ilegal y el contrabando, mezcladas con bandas criminales, flagelos a los que se les suma el desempleo”.

Los connacionales padecen allí las consecuencias del abandono del Estado, situación silenciada por los consorcios informativos colombianos, indica el texto, que advirtió que el sensacionalismo de algunos medios solo busca exacerbar los odios fratricidas contra el pueblo hermano y sus gobernantes.