Paz en Colombia: vísteme despacio, que voy de prisa

A unos dos meses del 23 de marzo, día marcado por el gobierno de Juan Manuel Santos para firmar el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del  Pueblo (EP), aún persisten dificultades para alcanzar esa meta y, sobretodo, que después de tres años de negociaciones, la tranquilidad y el cese del fuego de las armas sean perdurables.

Lo más importante, en opinión de analistas, no es el interés compartido de concluir un diálogo que ya dura tres años, ni que el Mandatario Santos se anote un triunfo político ante el pueblo que lo reeligió para que pusiera término al conflicto armado que deja 300 000 muertos y miles de heridos y mutilados, que se conozcan hasta ahora.

Para esas fuentes, y a pesar del evidente interés de Bogotá de poner fin al desangramiento interno y abrir una nueva etapa de seguridad ciudadana, explícitos en los cinco acuerdos adoptados, lo vital es suprimir factores que opacarían una paz recién estrenada. Quizás el más importante de ellos los operativos grupos paramilitares de nueva factura.

Esa es una de las preocupaciones planteadas por los negociadores de las FARC-EP, pues luego de entregar las armas y pasar a la vida civil, sus  siete mil miembros pueden ser blanco de esas bandas cuyo jefe y organizador es presuntamente el expresidente derechista Álvaro Uribe, uno de los mayores enemigos de los gobiernos progresistas de Suramérica, y líder de la derecha en esa región, en un eje compuesto además por Estados Unidos y Europa.

Los guerrilleros analizan ahora con el gobierno distintas estrategias para eliminar de la vida nacional a los paramilitares, que constituyen –en opinión de sus dirigentes- “la mayor amenaza” para el acuerdo de paz en La Habana previsto para marzo, según anunciaron Santos y el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez,  en un encuentro en La Habana en septiembre del pasado año.

 “Difícilmente se podría entender que las FARC concluyeran el paso de un organización armada a un movimiento político legal sin tener garantías ciertas de la desarticulación de las bandas ilegales”, señaló Pablo Catatumbo, miembro de la delegación negociadora de la guerrilla, en un mensaje leído en la capital cubana, de acuerdo con reportes periodísticos.

El dirigente guerrillero anunció que iniciaron con su contraparte el análisis de ese tema,  luego del bilateral acuerdo logrado sobre la verificación internacional del futuro desarme por una misión de Naciones Unidas (ONU), que será también garante del cese del fuego y de la guerra colombiana, de manera definitiva.

Según Catatumbo, ““Lastimosamente, tenemos que señalar que mientras comenzamos este debate, la actividad de los grupos paramilitares se multiplica”, y argumentó que tales acciones en los que participan militares en activo, es la “principal talanquera que impide el tránsito definitivo hacia una Colombia en paz“.

Las bandas paramilitares aparecieron en el escenario político colombiano en la década del 80 del pasado siglo y desde entonces asesinaron, secuestraron y desaparecieron a  políticos y activistas de izquierda, lo cual fue denunciado y comprobado después por las autoridades.

Durante el gobierno de Uribe, presionado por la población y la justicia, miles de paramilitares acusados de crímenes y otros delitos, depusieron las armas tras un proceso de transacciones con el gobierno. Sin embargo, el lugar que dejaron fue ocupado por otras bandas de narcotraficantes, mafiosos y delincuentes, calificados por las guerrillas como “nuevos contrainsurgentes”.

En La Habana las FARC emitieron un comunicado que propone una nueva legislación “para sancionar “la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares” y un “verdadero pacto político” contra ese flagelo.

PASOS HACIA LA PAZ

Como un “gesto unilateral” del Presidente, -que así lo calificó- y ante la insistencia de las FARC-EP, fueron indultados en fecha reciente 16 de los 30 miembros de esa organización reclamados,  indicó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la cual precisó que cuatro excarcelados fueron autorizados a viajar a La Habana e integrarse a las conversaciones.  

Esas personas viajarán en calidad de ciudadanos autorizados formalmente por el gobierno para recibir información del contenido de los acuerdos alcanzados como preparación para su trabajo de pedagogía y difusión de los acuerdos, en su condición de constructores y promotores de paz”, dijo un aviso de la Oficina.

La pasada semana, y como otro paso importante hacia la paz, los equipos gestores conformaron una Comisión Ejecutiva integrada por miembros de las dos delegaciones en el interés de facilitar aproximaciones y adoptar decisiones que permitan la agilización de acuerdos y supervisión del trabajo conjunto.

Para evitar que se siga avanzando con asuntos aún pendientes, la Comisión estableció un cronograma con los temas restantes en discusión y algunos puntos sin solución en los pactos alcanzados.

Además, para garantizar la paz en el futuro, también convocaron a una misión política de Naciones Unidas (ONU) integrada por observadores de naciones pertenecientes (33) a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de otros actores políticos seleccionados por la organización mundial.

Según lo convenido, los observadores internacionales iniciarán sus labores una vez se acuerde el fin de la guerra y será el encargado de presidir y coordinar el mecanismo en todas sus instancias, dirimir controversias, realizar recomendaciones y presentar informes.

En una visita la semana pasada de la sede de la ONU, la canciller colombiana María Ángela Holguín verificó que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hará los preparativos para que sea supervisado el cese de las hostilidades y el alto al fuego definitivo.

"Esperamos que la resolución salga por consenso y salga pronto", dijo la Ministra de Exteriores tras reunirse con el presidente del Consejo, el uruguayo Elbio Rosselli.

La agenda de las negociaciones está centrada en estos momentos en el análisis del sexto y último punto de la agenda que trata los métodos de refrendación y verificación del compromiso final. Con anterioridad, las partes suscribieron importantes documentos referidos al Desarrollo agrario integral, Participación política de las FARC-EP, Combate a las Drogas ilícitas, y reparación de las Víctimas de la confrontación.

El tema de las víctimas era quizás el más peliagudo. A La Habana llegaron mujeres y hombres que sufrieron los horrores de la prolongada confrontación bélica y se presentaron ante los negociadores.

Por eso tuvo tanta relevancia, tanto a lo interno como en el exterior, que el acuerdo firmado al respecto contemple el trabajo conjunto para encontrar la verdad sobre los ataques armados, reparación a las víctimas, y no repetición de hechos que afecten al pueblo colombiano.

También se establecieron castigos contra los responsables: Gobierno, guerrilla y paramilitarismo, lo cual evidenció la vocación por el inicio de una nueva era de paz en el país andino.

UNASUR DESEA COLABORAR TAMBIÉN

A La Habana llegó hace unos días el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y expresidente colombiano Ernesto Samper, para brindar la cooperación de ese organismo al proceso de paz que debe culminar en dos meses en esa ciudad caribeña.

Samper reconoció que “la negociación ha llegado a un estado que nunca se había visto en Colombia", aunque, precisó, que "todos los que hemos sido presidentes de Colombia hemos intentado de buena fe avanzar en el proceso de paz. El presidente (Juan Manuel) Santos lo está consiguiendo. Lo miramos con una actitud muy positiva, creo que el proceso camina bien".

La firma de la paz el 23 de marzo es quizás el menor problema que en lo adelante deben enfrentar los colombianos. De un plumazo es imposible borrar cinco décadas de enfrentamientos armados ni olvidar los 300 mil muertos y un número superior de heridos y mutilados. De ahí que si importante es la suscripción del fin del conflicto, más aún lo es la garantía de que sea cumplido en todos sus acápites, sin la interferencia de factores ajenos a los deseos del pueblo colombiano.