Pases de cuenta

El presidente norteamericano, que ha debido presenciar el reciente descalabro demócrata en las filas del legislativo nacional, se ubica a las puertas de un inmediato período de tensiones y cuestionamientos al tener que vérsela justo con una mayoría parlamentaria adversa.

 Y todo indica que el llevado y traído tema de la política migratoria norteamericana es de los primeros entuertos entre la Casa Blanca y los “inspirados” congresistas republicanos.

Debe recordarse que las acciones en torno a esta problemática suman entre las grandes cuentas pendientes del ejecutivo desde la campaña política para los comicios que le llevaron a asumir el gobierno seis años atrás.

Asunto que se ha decidido a abordar finalmente, casi a mediados de su segunda ronda en la Oficina Oval, mediante el uso de un decreto presidencial que, dicho sea de paso, no asume el tema en su totalidad ni profundidad.

Por demás, semejante decisión se produce a pesar de que la administración del primer presidente norteamericano de raza negra clasifica entre las que han llevado a cabo los más elevados montos de deportaciones de indocumentados, actuación que –sin embargo- no ha logrado despertar las simpatías de sus conservadores oponentes políticos.

Y es en ese contexto que Obama acaba de presentar, a tono con sus ya citadas “prerrogativas presidenciales”, un grupo de medidas que, según su parecer, deberían destrabar el prolongado freno impuesto al tema por los republicanos, que en su gran mayoría se afilian a las posiciones más extremas contra la presencia de foráneos indocumentados en el país.

Las “iniciativas” del ejecutivo, que ya han levantado las más diversas reacciones públicas, insisten en continuar el reforzamiento de la vigilancia fronteriza, sobre todo en la extensa divisoria con México, y procurarán además, en una neta medida oportunista, hacer más fácil y rápida la llegada al país del personal extranjero calificado y con solvencia económica que  desee asentarse definitivamente en los Estados Unidos.

Finalmente se pronuncian por limitar la deportación de aquellos que, aunque entraron ilegalmente, reúnan determinadas características.

En ese sentido, Obama precisó textualmente: “si usted ha estado en Estados Unidos por más de cinco años; si tiene hijos que son ciudadanos norteamericanos o residentes legales; si se inscribe, se comprueba que no tiene antecedentes penales, y está dispuesto a pagar la parte de impuestos que le corresponde, entonces podrá pedir quedarse en este país de manera temporal sin temor a ser deportado. Podrá salir de la oscuridad y tener todo en regla.”

Estas especificaciones, según grupos favorables al reconocimiento de los indocumentados, apenas beneficiaría a la mitad de los ilegales radicados en territorio estadounidense, es decir, a apenas cinco millones de los más de once millones que viven bajo la zozobra de ser apresados y sacados del país en cualquier momento.

Por demás, y seguramente para no enfadar demasiado a los republicanos, el presidente fue enfático al explicar que las iniciativas no serás aplicables “para nadie que venga a Estados Unidos de manera ilegal en el futuro. No otorga ciudadanía ni el derecho de quedarse de manera permanente,  ni ofrece los mismos beneficios que reciben los naturales, ya que solo el  Congreso lo puede hacer. Lo único que estamos ofreciendo es no deportarlo”, subrayó.

Y mientras personajes y voceros demócratas se felicitaron por la pretendida “audacia presidencial”, entre los conservadores el asunto no está cerrado ni mucho menos.

Para estos grupos de derecha todo se traduce  en una suerte de “amnistía” que favorece a millones de indeseables, una tendencia que encuentra asidero en los criterios de una buena parte de la sociedad, preocupada porque las divergencias políticas entre ejecutivo y legislativo compliquen todavía más el cuadro nacional, y porque el presidente inicie ahora una carrera de aprobación de decisiones personales vía decretos.

En consecuencia, esos grupos, que al decir del diario USA Today representan a 46 de los estadounidenses, según encuesta previa, se pronuncian proclives a que un asunto tan explosivo como el migratorio sea dilucidado en exclusivo a escala del parlamento, ahora en manos republicanas. Mientras, añadió la fuente, 42 por ciento de los consultados opinó que Obama debe actuar ahora y por sus fueros.

De manera que el estira y encoge apenas comienza entre un Congreso en manos republicanas y un presidente en cierre que  a estas alturas parece intentar lavarse la cara ante la opinión pública y dejar algún asidero político al nuevo aspirante presidencial demócrata… y el problema migratorio parece la inauguración de esta ríspida época.

Porque en el fondo, al decir de no pocos analistas, la trama real en torno a la demorada “pujanza” del presidente no tiene tanto que ver con la suerte de los millones de indocumentados, como con las inquietudes de sus correligionarios demócratas que, luego del descalabro en las recientes elecciones parciales, temen que la Casa Blanca se les escape también de las manos en apenas veinticuatro meses.

En consecuencia, no es una labor de experimentados pitonisos advertir que en los dos años que restan a Obama para pasar a retiro, podremos ser testigos de más de una sonada trifulca entre los grupos de poder que tradicionalmente se reparten en control de la Oficina Oval.